Informe afirma que la reforma laboral de Bachelet perpetúa las desigualdades
La crítica se suma a la del mundo empresarial. El documento, que fue elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) y editado por Tomás Vial, indicó que la reforma laboral «no transforma el sistema de relaciones laborales vigente, sino que al contrario: profundiza el intervencionismo estatal en las relaciones colectivas de trabajo». Y agrega que mantiene el modelo impuesto por el plan laboral de la dictadura.
El informe anual de derechos humanos de la Universidad Diego Portales alertó ayer que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet «coarta» la libertad sindical y «perpetúa las desigualdades».
O sea, ahora La Moneda tiene que enfrentar no solo las críticas del mundo privado y la derecha empresarial sino también los dardos del mundo más progresista.
El documento fue elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) y editado por Tomás Vial, quien indicó que la reforma laboral «no transforma el sistema de relaciones laborales vigente, sino que al contrario: profundiza el intervencionismo estatal en las relaciones colectivas de trabajo».
«Agudiza la construcción de un sindicalismo débil; coarta y frena el ejercicio de la libertad sindical y, en definitiva, mantiene el modelo impuesto por el plan laboral de la dictadura, perpetuando las brechas de desigualdad, económica y social, existente en el país», subraya.
El informe hace la recomendación de «consagrar el derecho de huelga dentro de las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política, con alcance universal (sector público y privado), admitiendo posibles restricciones o limitaciones en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término».
El documento de la UDP también apunta a la situación de los adultos mayores y señala que «el sistema de pensiones chileno ha dejado en una situación aún más vulnerable a todo este grupo».
«Se constata que existe una débil institucionalidad para la protección de los adultos mayores y, por consiguiente, el país no se ha preparado para enfrentar el envejecimiento poblacional», advierte el informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Al mismo tiempo, el análisis recomienda «la creación de una Ley de Protección de Derechos de los Adultos Mayores, que contenga garantías específicas para resguardar el ejercicio de sus derechos».
