Casi todos los 20 principales grupos económicos del país están manchados por actuaciones reñidas con la ley o la ética. El impacto del caso Tissue puso al Grupo Matte al centro, pero sus competidores en el ranking no se quedan atrás. El caso explota justo en momentos en que el sector privado está buscando la fórmula para volver a legitimarse ante la sociedad. Para Axel Christensen ni la reforma tributaria ni la laboral hacen tanto daño al modelo como casos tipo ConfortGate. Ayer el mercado castigó a CMPC con su peor día en Bolsa en 4 años.
La imagen que encabeza este artículo refiere el último ranking de grupos económicos elaborado por la Universidad del Desarrollo (UDD), publicado hace pocos días. Tiene 33 integrantes.
Las cifras que se manejan sobre su riqueza –algo así como lo que recibirían si vendieran hoy– son intimidantes. Solo los primeros diez grupos acumulan en activos una cifra que supera al PIB chileno, el cual asciende a US$ 258 mil millones. Y si se consideran todos, la cifra supera en más de US$ 80 mil millones a la riqueza que cada año genera la economía del país.
El líder del ranking de la UDD es el grupo Matte. El que lidera Eliodoro, el presidente del principal referente intelectual de estirpe empresarial de Chile, junto a su hermano Bernardo. Los Matte son dueños del Banco Bice, de la eléctrica Colbún y de la papelera CMPC. Tienen otros negocios, pero esos son los principales.
La imagen del grupo que le dijo “la Papelera no” a Salvador Allende en los 70 está damnificada. Por eso ayer el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, salió a darle una mano en medio de sus críticas al caso de colusión.
“Aquí, dentro de lo malo, hay que destacar que la empresa ha tomado medidas”, dijo, aludiendo a la figura de la delación compensada que solicitó CMPC en marzo de 2015 y que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) –la que presentó el requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)– le concedió en agosto pasado, pidiendo así la exención de la multa que pudo llegar a los US$ 30 millones.
A cambio, CMPC abrió las puertas del caso, revelando los detalles del oscuro negocio que hacían con su segunda área de negocios en cuanto a aportes de Ebitda –flujos de caja– de la papelera. También despidió a los ejecutivos involucrados, dos que fueron gerentes generales de la filial y otros gerentes de la unidad.
Von Mühlenbrock probablemente no sabía que la empresa se autodenunció cuatro meses después que la FNE inició la investigación. Tampoco sabía –como señalan fuentes que conocen del caso– que CMPC habría acudido antes a la entidad que dirige Felipe Irarrázaval para comentar de investigaciones en el extranjero (Colombia), donde también CMPC está perseguida por participar en colusiones. Tampoco sabía que SCA –la ex PISA que desde hace tres años controlan completamente suecos– señaló públicamente que sus ejecutivos informaron a la FNE que fue CMPC la que los amenazó en el 2000 con armar el cartel, pues de lo contrario los harían desaparecer, económicamente, del mercado.
Coacción, fue el concepto que usó SCA, recurriendo –según abogados que conocen de casos de libre competencia– a la estrategia de delegar el rol de impulsor de la colusión a CMPC, lo que le quitaría a la firma de los Matte –si lo determina el TDLC– el beneficio de la delación compensada que le ganó a SCA por llegar antes. Los suecos solo abrieron la boca tres semanas antes que la FNE hiciera pública la denuncia, de acuerdo a la FNE.
Los comentarios del líder de la Sofofa no son sus primeros buscando matices en las críticas a los empresarios en los últimos años. En 2014 estalló otro escándalo de proporciones que afectó al grupo Penta –el que era dueño de la AFP Cuprum en 2013 y que es dueña de la propia UDD–, al revelarse masivas violaciones a leyes tributarias, con uso de boletas falsas de las parejas de los dueños Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín para extraer algunos millones descontándolos como gastos en sus sociedades no operativas y evitando, así, el pago de tributos.
Pero de dicha madeja saltó la hebra política, descubriéndose que Délano –el que presidía la Teletón– financiaba fuera de la ley a partidos de la oposición, particularmente la UDI. Penta es noveno en el ranking que desarrolla su universidad.
Luego estallaría el caso SQM, con financiamiento a partidos de Gobierno, incluida la precampaña de la Presidenta Bachelet.
Lo cierto es que la lupa inquisidora sobre la ética de la clase empresarial está de tal manera expandida que, de los primeros 20 grupos empresariales del país compilados en el informe de la UDD, casi su totalidad está o ha estado involucrada en actos ilegales o reñidos con la referida ética empresarial en los últimos años.
Es más, el caso explota justo en momentos en que el sector privado está buscando la fórmula para volver a legitimarse ante la sociedad. Ayer el mercado castigó a CMPC con su peor día en bolsa en 4 años. El desplome de las acciones significó para la empresa una pérdida de casi US$ 350 millones en su capitalización bursátil.
Así, el escándalo que afecta a CMPC vuelve a golpear a los grandes empresarios, justo en medio de una fuerte presencia mediática y política a propósito de las reformas que ha venido impulsando el Gobierno de Bachelet, las que han sido duramente cuestionadas por los privados.
Por eso la frase de Axel Christensen, el director para América Latina de Blackrock –una de las gestoras de fondos más grandes del mundo–, pegó en el vértice: “Ni reforma tributaria ni laboral hacen tanto daño al modelo como casos tipo ConfortGate. Salvemos el capitalismo de los capitalistas!”.
Más aún cuando ayer, a 24 horas de que estallara el caso, la Corte Suprema emitió el dictamen final que confirma la colusión de las tres principales empresas del mercado de los pollos, lideradas por otro millonario –que no figura en el ranking pues no tiene abiertas en Bolsa sus compañías–, Gonzalo Vial, con Agrosuper.
Estando en el suelo, la familia Matte ayer recibió fuego amigo. Jorge Awad, director de Banco de Chile, la criticó duramente y aseguró que le deben una explicación al país. Además, reveló que el año pasado, cuando dijo que la reforma laboral era “pro Chile”, Bernardo Matte le solicitó que renunciara a su cargo como presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).
Para el analista político Camilo Feres, sin embargo, la colusión en la que participaron las empresas del grupo Matte no cambia la relación de poder de los empresarios con el Gobierno a propósito a la disputa que se da en estos días por la Reforma Laboral.
“Me sale difícil pensar que esto pueda terminar cayéndose a favor del Gobierno. Si bien hay una cierta retórica de gobierno versus empresarios, la verdad es que en términos estrictos esa no es una división tan profunda. Lo que sí creo es que beneficios parciales se podrían percibir en el sentido que la agenda de escándalos se diversifica y el actor particular en el que cae no es el sistema político sino la empresa”, afirma Feres.
Crisis moral de la elite y la basura bajo la alfombra
Camilo Feres sostiene que el efecto principal y más permanente del caso CMPC es la confirmación de la crisis moral de la elite chilena, que de paso sigue horadando la legitimidad del sistema económico, que hasta hace poco parecía mostrar más bien la cara bonita del modelo instaurado en Dictadura.
“El efecto permanente es que sigue horadando los principios o el discurso moral del sistema. En el sentido que una parte de la legitimidad del capitalismo se sustenta bajo la lógica de que detrás habría un cierto mérito, es decir, un conjunto de actores asumen riesgos y al hacer eso compiten, van ganando algunos y pierden otros y ‘van quedando los más aptos’. Y estos hechos deberían demostrar o profundizar lo que han sido las sospechas sociales del último tiempo, en cuanto a que no son el conjunto de valores y grandes figuras prácticas solamente las que construyen ventajas en el mercado sino un conjunto de prácticas que están bastante reñidas con ese discurso”, afirma.
Según Feres, los hechos conocidos esta semana “deberían profundizar la crisis de legitimidad de la elite, en su conjunto”. “Hemos pasado por escándalos que afectan al sistema político y económico, nos hemos ido turnando: una colusión, una corrupción, luego otra colusión, lo que demuestra que esa elite está ahí no solo por sus méritos más presentables sino, en muchos casos, por aquellos menos presentables”, afirma.
Eso sí, el analista no cree que todos los casos conocidos en los últimos años pongan de manifiesto un fracaso del modelo económico sino más bien son evidencia de que se han ido destapando las líneas tristes del sistema, que estaban ocultas hasta ahora y que solo habían dado paso a las noticias positivas del modelo en las últimas décadas.
“Creo que durante aproximadamente dos décadas lo que más se notó fueron las bondades del modelo de acumulación –ampliación del mercado, la promoción de un conjunto de bienes y servicios que se hicieron más accesibles, la baja de la pobreza– y en general un conjunto de elementos positivos. Hoy vemos aspectos más bien negativos. Les ha pasado a otros países como España. Son ciclos. Estuvo el ciclo de evidencias de las bondades del sistema y se está mostrando hoy un conjunto de basura que se barrió bajo la alfombra para alcanzar esas bondades. El discurso de buenos y malos químicamente puros no me lo compro, porque no es que exista un sistema perverso”, puntualiza.
Los empresarios cuestionados
El ranking de la UDD ubica en el segundo lugar al grupo Angelini, tras él Solari, luego Said, más atrás Fernández León, Hurtado Vicuña, Yarur, Cueto, el referido Penta, Saieh, Luksic, Security, Bofill, Paulmann, Sigdo Koppers, Calderón, Claro, Navarro, Guilisasti-Larraín y Ponce Lerou en el lugar 20.
El grupo Matte controla el banco Bice, que ganó más de US$ 100 millones en 2014 y lleva otros US$ 53 millones a agosto de 2015. Que también controla la segunda generadora eléctrica del país, Colbún, que le dejó ganancias por US$ 70 millones en 2014 y otros US$ 57 millones lleva en 2015 a junio pasado.
Su joya, CMPC, el miércoles pasado entró en el lenguaje común de la población por haber sido protagonista de un cartel para concertar precios y participación de mercado –la torta– en la industria de tissue, denominación que identifica productos de papel destinado al consumo más íntimo de los chilenos: papel higiénico, servilletas, pañuelos desechables. Ahí están sus marcas Confort, Noble (sic), Abolengo y Elite, esas que llegaban a las salas de los supermercados con alzas de precios artificiales desde el año 2000 y al menos hasta 2011.
Todo por un acuerdo cerrado a mediados del 2000, cuando Ricardo Lagos recién jugaba sus primeros meses como Presidente de Chile, con PISA, la compañía de Gabriel Ruiz-Tagle, el que algunos años después se trasformaría en el dueño de la concesionaria del club Colo-Colo y más tarde se convertiría en ministro de Deporte del gobierno de Sebastián Piñera.
CMPC fue denunciada por colusión no solo en Chile sino también en Colombia. Desde allá llegaron las denuncias a oídos de la FNE y se abrió el caso a nivel local. El país cafetero no es motivo de sonrisa para el grupo. En 2013, CMPC despidió al gerente general de la filial Tissue en ese país, al descubrir que adulteraba las cifras de venta en los estados financieros que reportaba a Santiago.
La imagen de Matte además se ha visto golpeada por su rol en el caso Karadima y, hace cinco años, Eliodoro fue centro de críticas por no pagar un solo peso de impuesto al vender un megaterreno en La Dehesa en casi US$ 100 millones, con la estrategia del traspaso en vida del paño a sus hijos, los que hicieron la enajenación como personas naturales, evitándose así emitir un cheque al Estado.
Angelini
Quien sigue a Matte entre los grandes grupos económicos es Angelini. El grupo que lidera el sobrino de Anacleto Angelini –el fallecido patriarca de holding–, Roberto, no pasa un mejor momento que Matte.
El destape del caso Penta-SQM dejó al descubierto una máquina de financiamiento a diversos políticos de distintos partidos –de oposición y Gobierno– al margen de la ley.
Por ahora, el Ministerio Público sigue su investigación, pero los antecedentes hasta el momento han confirmado una larga lista de beneficiados al margen de la ley, mediante el pago de servicios no prestados y por los cuales cobraron a través de boletas o facturas falsas entregadas a Empresas Copec, Copec Combustibles y el holding financiero Cruz del Sur, que vendió en 2013.
La crisis de Angelini, sin embargo, ha pegado más profundo en su negocio pesquero, con la compañía Corpesca, la más grande del sector en Chile. En los últimos días, un ex colaborador del senador UDI, Jaime Orpis, reconoció ante la Fiscalía que la pesquera financiaba a una larga lista de políticos en el país en forma ilegal.
Aunque el escándalo mayor de Corpesca hasta ahora estriba en su vínculo con Orpis, a quien le pagaba mensualmente luego de haber resultado elegido parlamentario. De hecho, el 2013 el gerente general de la firma, Francisco Mujica, debió renunciar tras conocerse pagos a la diputada Marta Isasi a través de un asesor. Hay, además, correos de Mujica donde se alude al senador PS, Fulvio Rossi, buscando coordinar reuniones para hacer indicaciones a la Ley de Pesca. Así, Corpesca se saltaba el libre mercado y se aseguraba concesiones sempiternas que lo sostuvieran como el principal actor del sector.
Ponce Lerou
El caso de financiamiento político tiene a otro de los grandes grupos involucrados: SQM. Su controlador indirecto, Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, está en el lugar 20 del ranking, aunque por escándalos podría llegar al podio.
SQM lleva casi un año en la palestra por distintas causas. La principal es por financiamiento ilegal a la política. Según la propia compañía –investigada por el Ministerio Público y con su ex gerente y mano derecha de Ponce, Patricio Contesse, formalizado por delitos tributarios–, al menos US$ 11 millones fueron rectificados ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) como gastos que no pudieron respaldarse, es decir, que presentaban boletas o facturas falsas por servicios nunca prestados.
Las platas conocidas fueron mayormente a la derecha, en particular a la UDI. Sin embargo, es el corazón de la Nueva Mayoría, y en particular el Bacheletismo, el que más ha sufrido, pues Contesse le pagó millonarios montos a una sociedad de Giorgio Martelli, conocido recaudador de la Concertación y quien –entre 2012 y 2013– financió sueldos a altos colaboradores de Bachelet, antes de que ella anunciara su candidatura a la Presidencia de la República en 2013, entre ellos, quien debutara con Bachelet como ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que debió dejar en mayo pasado su cargo debido al crítico ambiente que rondaba a La Moneda a raíz de los avances de la investigación penal del fiscal Carlos Gajardo.
SQM, asimismo, está en el centro de otra polémica y que involucra a un integrante del grupo ubicado en el lugar 19 del ranking UDD: Rafael Guilisasti, socio de la viña Concha y Toro y ex presidente de CPC.
En mayo de este año la estatal Corfo decidió no llegar a acuerdo con SQM respecto de una disputa que traían por al menos US$ 20 millones en royalty adeudados por la explotación de las concesiones del Salar de Atacama, de donde extrae la materia prima la minera para sus productos litio y yodo, y que generan casi el 70% de sus ingresos.
En medio del arbitraje, a comienzos de septiembre pasado, el consejero de Corfo, Rafael Guilisasti –conocido financista de la última campaña presidencial del ex ministro de Hacienda del primer Gobierno de Bachelet, Andrés Velasco–, renunció a su cargo y asumió como presidente de las sociedades cascada, las mismas que controla Ponce Lerou y que forman la cadena de propiedad a través de la cual el empresario maneja SQM.
Aunque en Sofofa y CPC no han querido ahondar en el tema, hubo crítica transversal entre empresarios y políticos frente a lo actuado por Guilisasti, dado el nivel de información clave que –según el jefe de Corfo, Eduardo Bitran–, se llevó consigo el ex Sofofa.
Y las Cascadas cierran el triunvirato de escándalos en los que Ponce Lerou está envuelto. En 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo sancionó con US$ 70 millones por liderar un esquema de operaciones en la Bolsa que le generaron millonarias ganancias y donde participan otros actores, nuevamente, con presencia destacada en el ranking de la universidad del grupo Penta.
Dos corredoras que intermediaron las operaciones de Ponce fueron sancionadas: LarrainVial y Banchile. La primera es de los empresarios Fernando Larraín y Leonidas Vial. No figuran en el listado de grupos económicos, pues el grupo financiero no está en Bolsa, no hay información pública de su holding.
Grupo Luksic
Banchile, en tanto, es propiedad del banco del mismo nombre, el que encabeza la jornada de solidaridad de Teletón que presidía Carlos Alberto Délano. Banco de Chile es propiedad del grupo Luksic, que lo lideran Andrónico y Jean Paul –el tercero, Guillermo, falleció hace poco–, familia que se ubica en el lugar 11 del escalafón de millones, lugar al que arribó en junio tras caer nueve lugares, pues Luksic es de los tres mayores grupos económicos, pero la crisis del cobre ha afectado su patrimonio.
Banchile fue sancionada por participar del esquema descubierto por la SVS con casi US$ 2 millones, aunque sigue operando y peleando el liderazgo del mercado con LarrainVial y BTG, debido a que las infracciones no ameritaron –a juicio de la SVS– quitarles o suspenderles la licencia.
El mayor banco del país lo lidera Andrónico, el montañista que protagonizó otro escándalo que remeció a la política y los empresarios en enero de este año: Caval. La entidad financiera le otorgó un millonario préstamo a la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon –casada con Sebastián Dávalos–, con el cual adquirió un terreno al que luego le sacó jugosas ganancias con su venta. Luksic tuvo reuniones privadas con Compagnon, donde incluso participó el propio hijo de la Mandataria.
Luksic ha debido declarar ante el Ministerio Público y de la indagatoria se han conocido numerosos detalles acerca de otras reuniones y conversaciones entre ambos. Aunque la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) validó el crédito, el caso abrió una profunda polémica por el rol de Luksic. De hechp, el propio titular de la superintendencia, Eric Parrado, cuestionó la prudencia con que actuó, en tanto que la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora para abordar el caso completo.
Los Luksic también están en el centro de la polémica por su negocio minero, debido a un proyecto en el límite con Argentina, donde fueron denunciados por irregularidades en las autorizaciones para usar un botadero de desechos mineros.
Y también el banco está en la mira por una demanda colectiva interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), por cláusulas abusivas y el ilegal cobro de comisiones. El servicio público estima en al menos US$ 60 millones la compensación que debería pagar el banco.
Los rezagados
El tercer lugar de ranking lo ostenta el grupo Solari, que incluye a las tres hermanas que tienen el control de Falabella, la mayor cadena de tiendas comerciales del país. Su historial no es tan frondoso como los otros, aunque María Luisa fue sancionada en 2013 por uso de información privilegiada en la compra de acciones antes de que se anunciara el acuerdo de fusión –posteriormente frustrado– de la cadena con D&S. La multa fue de apenas $ 25 millones, por proporcionarle los antecedentes a su pareja Marcel Zarour, quien adquirió los papeles.
En el cuarto lugar está la familia Said, que es el segundo accionista del banco BBVA Chile, además de controlador de Parque Arauco y socio de Embotelladora Andina. El hijo de José Said, líder del grupo, Salvador, también es parte de la investigación de la Fiscalía en el caso SQM-Penta. Hace poco rectificó, ante el SII, gastos que no tuvieron respaldo y que en realidad correspondía a aportes a políticos vinculados a la Nueva Mayoría.
Fernández León, en tanto, es socio de Penta en el holding de salud Banmédica, donde se investigan irregularidades en el pago de bonos a ejecutivos, lo que provocó la salida del histórico del conglomerado: Carlos Kubick.
El mismo grupo es socio del sexto del ranking, Hurtado Vicuña, con quien controla el grupo financiero Consorcio, cuyo presidente hasta fines de 2014 era Juan Bilbao Hormaeche, que fue denunciado en Estados Unidos por la SEC (símil de la SVS local) por uso de información privilegiada en la compra de acciones de la cadena de laboratorios CFR. La semana pasada la SEC llegó a un acuerdo con el empresario, por el cual este pagó US$ 13 millones a cambio de que se levantaran los cargos y que la SEC declarase que no tenía evidencias para sustentar la acusación. Mientras, el ex director de CFR, por su parte, sostenía que no negaba los hechos. La SVS sigue investigándolo en Santiago.
En el séptimo lugar está el grupo Yarur, cuyo líder, Luis Enrique Yarur, es controlador del tercer banco privado del país, BCI; además, es dueño de la cadena Salcobrand, la misma que fue sancionada con US$ 20 millones en multa por el mismo TDLC que hoy investiga a la CMPC, pero por colusión en el negocio farmacéutico. Yarur, además, carga con el negativo historial de la forma en que tomó el control del banco a mediados de la década de los 90, luego de la muerte de su tío y controlador de la institución.
Luego aparece el grupo Cueto, que controla a la aerolínea Latam. El patriarca Juan José Cueto fue multado con UF 1.620 por no abstenerse de comprar acciones teniendo información privilegiada en 2006. La Suprema ratificó la sanción en 2012.
Al igual que Cueto, su ex socio, el ex Presidente Sebastián Piñera, también fue sancionado por lo mismo, aunque pagó la multa de $ 363 millones. Piñera –quien no figura en el ranking pues su patrimonio, superior a US$ 2.000 millones, no es público– fue asimismo declarado reo en los 80 por su rol como gerente general del banco Talca, entidad que financiaba irregularmente negocios de los dueños. Luego sería sobreseído, previas gestiones de la ministra de Justicia de la Dictadura, Mónica Madariaga, según propia confesión de ella.
Piñera, además, es pieza clave en la investigación del caso SQM-Penta, por distintas operaciones forward que serían falsas y le habrían generado ganancias irregulares, además del caso de pago de bonos a dos ejecutivos de su ex canal, Chilevisión, a través de boletas falsas a Aguas Andinas.
Los Cueto también han sido multados en millones de dólares en Estados Unidos y la Unión Europea tras ser acusados de ser parte de una conspiración global para acordar precios. También fueron investigados por pagos a un ex secretario de Transportes argentino, en el período en que LAN fue autorizada para operar en el país trasandino, época en que los Cueto controlaban la empresa junto a Sebastian Piñera
Tras Cueto viene Penta y más atrás Saieh, el dueño del conglomerado de medios Copesa. También es propietario del holding supemercadista SMU y del banco CorpBanca, que en 2016 se fusionará con Itaú Chile.
Saieh estuvo en una severa crisis financiera en 2013, luego que se detectaran triangulaciones de créditos desde su banco a SMU, a través de créditos otorgados a un fondo de inversión, vulnerando la norma de créditos relacionados con que la Sbif regula los préstamos del sector. Finalmente, la actuación de BancoEstado a través de la compra de depósitos a plazo, logró sacarlo de la estrechez.
La propia SMU se vería más tarde golpeada por la disputa interna entre Saieh y el fondo Southern Cross, luego que se revelaran irregularidades contables en los estados financieros de la firma, aunque la SVS nunca aplicó sanciones.
Además, CorpBanca es parte del caso de financiamiento irregular de la política, según han revelado algunos imputados en la causa Penta. CorpBanca rectificó en abril pasado gastos sin respaldo, pero hasta ahora el Ministerio Público no ha avanzado en su arista.
También figuran entre los primeros grupos, Horst Paulmann, dueño del holding de supermercados Cencosud, que fue condenado hace tres años por cláusulas abusivas y el cobro de comisiones no sustentadas en la ley, lo que terminó botando la precampaña presidencial de Laurence Golborne, ex ministro de Piñera y quien fuera por años máximo ejecutivo del conglomerado del empresario de origen alemán. Cencosud, además, ha sido nombrado en la investigación por platas políticas como financista irregular de esta actividad.
Sigdo Koppers –ligado a la familia Aboitiz y el empresario Juan Eduardo Errázuriz–, sigue a Saieh en el lugar 15 y también es parte de la investigación por financiamiento a políticos a través de la sociedad de un ejecutivo de la compañía.
Tras Sigdo Koppers figura la familia Calderón, dueños de Ripley, otra compañía que ha sido nombrada como financista irregular de la política –aunque sin formalizados hasta ahora–. Los hermanos Calderón, además, están imputados en una causa que investiga el Ministerio Público por evasión de impuestos y uno de los hermanos, Marcelo, fue protagonista del caso Johnson, por la exención de impuestos que le otorgó el ex director del SII, Julio Pereira, durante el gobierno de Piñera, por casi US$ 120 millones. En dicha operación también tuvo un rol, secundario, Banco de Chile.
Tras Calderón está el grupo Claro, cuyo buque madre, la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) –hoy bajo el control del grupo Luksic– fue parte de un cartel de navieras desde el año 2000 y que fue denunciado en enero pasado por la FNE, que pidió eximir de multa a la CSAV que delató y se acogió a la delación compensada como esta semana lo hizo CMPC.
En dicha causa está acusado el holding naviero CCNI, de propiedad de la familia Urenda, para la cual la FNE pidió una multa de US$ 12,5 millones. Urenda está en el lugar 24 del ranking UDD.
Otra causa de colusión detectada recientemente por la FNE fue la del negocio del hormigón, donde una compañía que hoy controla el grupo Luksic se autodenunció por colusión con otros actores del mercado, en reñidas acciones que habrían tenido lugar antes de que los dueños del Banco de Chile llegaran a la propiedad.
