Gobierno había prometido que se mandaría al Congreso antes de fin de año, pero ayer el ministro Valdés recibió el informe elaborado por el grupo de expertos y dijo que tiene que ser afinado. Afirmó que se centrará en requerimientos de capital, regulación de la SBIF y resolución bancaria. A pesar de que el FMI había vuelto a advertir en agosto sobre la necesidad de mejorar la supervisión de los conglomerados financieros, el titular de Hacienda señaló que no se incluirá en este proyecto.
Mejorar la regulación de conglomerados financieros tendrá que esperar hasta un próximo gobierno.
Así lo dijo ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al anunciar que retrasará hasta enero el envío de la nueva Ley de Bancos al Congreso. Promesa original era que se mandaría antes de fin de año.
Valdés recibió el informe elaborado por el grupo de expertos y dijo que tiene que ser afinado. “Yo quería mandarlo (al Congreso) a fines de este año, pero creo que es más sensato tomarnos un tiempo más y mandarlo en enero”.
Afirmó que se centrará en requerimientos de capital, regulación de la SBIF y resolución bancaria. Y a pesar de que el FMI había vuelto a advertir en agosto sobre la necesidad de mejorar la supervisión de los conglomerados financieros, el titular de Hacienda dijo que no se incluirá en este proyecto.
En agosto, en respuesta a la recomendación del fondo monetario, Valdés se refirió a casos recientes, como el de CorpBanca y Penta, explicando que incluso algunas situaciones de irregularidades que han involucrado a conglomerados han generado “ciertos ruidos financieros, pero que en ningún caso han puesto en riesgo la estabilidad financiera del país”, ya que existe un marco de supervisión y de regulación “que es obviamente perfectible, pero aquí no estamos a merced de lo que hagan los conglomerados”.
El proyecto de ley que se enviará en enero tampoco abordará el proyecto de información consolidada actualmente en el Congreso ni dará mayores facultades a la super de bancos “para ampliar el perímetro regulatorio de otras actividades de intermediación crediticia que representen riesgos sistémicos”, dijo el ministro. Explicó que estas materias “son importantes, tenemos que abordarlos en algún momento, pero pensamos que no se puede hacer todo al mismo tiempo”.
Añadió que “tenemos claridad que tenemos algunas zonas del mercado financiero que están fuera del perímetro regulatorio de la Superintendencia, y esa es una discusión para hacer”, pero eso “no significa que no tengamos un sistema regulatorio muy robusto”.
El proyecto de ley tiene como objetivo reformar la actual Ley General de Bancos. Específicamente busca encontrar una fórmula para que la banca local se adecue a los nuevos requerimientos de capital propuestos por Basilea III, mejore el gobierno corporativo del regulador bancario y el esquema de resolución bancaria.
El grupo de siete expertos era liderado por Raphael Bergoeing, ex titular de la SBIF durante el gobierno de Sebastián Piñera, e incluyó a Vittorio Corbo, Kevin Cowan, Christian Larraín, Carlos Martabit, José Manuel Mena y Diego Peralta. También participaron expertos del Banco Central de Chile y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), encabezados por el superintendente Eric Parrado.
El grupo propuso cinco criterios para enfocar la reforma a la Ley General de Bancos: estabilidad, gradualidad, adaptabilidad, flexibilidad y coordinación.
Estabilidad, ya que la reforma se construirá manteniendo el esquema actual legal y sus pilares institucionales; gradualidad, porque la industria tiene que ajustarse a nuevos requerimientos y eso se logra solo gradualmente, “porque si se hace demasiado rápido tiene costos colaterales que es difícil de abordar”, destacó Valdés.
Dijo que el aspecto de adaptabilidad es necesario, pues “no se trata de imponer estándares internacionales a rajatabla, sino que se trata de adaptarlos no mecánicamente, de manera que nos sirvan”.
Flexibilidad se explica porque el panel recomienda definir aspectos generales en la ley y dejar detalles de la aplicación a la norma. Y coordinación es clave, dijo el ministro, ya que ello es “muy importante para la estabilidad financiera”.
El documento entregado por el grupo de expertos recomienda también “dar mayor independencia institucional a la SBIF a través del nombramiento de un cuerpo colegiado cuyos integrantes sean nombrados por períodos fijos y removidos por causales definidas en la ley. También plantea extender la protección legal a todo el personal de la SBIF, incluidos el administrador provisional e interventor”.
Y con respecto a los requerimientos de capital, el grupo recomienda adoptar los límites de capital establecidos por Basilea III, “incluyendo la adopción de los colchones de conservación y anticíclico, así como los requerimientos adicionales de capital para bancos sistémicos”.
Para completar la convergencia hacia los nuevos límites, el grupo propone un plazo de transición de 6 años.
