También se refirió al limitado informe de SQM realizado por Shearman & Sterling de USA
Hoy vence el plazo para que la SVS apele al fallo del tribunal y, en tal contexto, el superintendente de Valores y Seguros dejó ver que la entidad tiene razones para defender una investigación que durante más de un año concentró parte importante de sus recursos y que supone uno de los procesos investigativos más profundos que se hayan efectuado en la historia del mercado chileno.
El superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, pareció inmutable pese al duro revés judicial de la semana pasada, cuando la jueza María Cecilia Morales descartó la tesis del esquema que dio vida al Caso Cascada, tras acoger las reclamaciones de LarrainVial y Leonidas Vial y anular las millonarias sanciones que había aplicado el organismo regulador, imputándole al mismo un “exceso de celo en su función fiscalizadora”.
Hoy vence el plazo para que la SVS apele al fallo del tribunal y, en tal contexto, Pavez dejó ver que la entidad tiene razones para defender una investigación que durante más de un año concentró parte importante de sus recursos y que supone uno de los procesos investigativos más profundos que se hayan efectuado en la historia del mercado chileno.
“Tenemos una lectura distinta y vemos diferencias respecto al fondo de las conclusiones a las que llegó el tribunal. Teniendo la representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que define las estrategias y oportunidades de los distintos escritos a tribunales, presentaremos la apelación para que a través de este proceso se restablezcan las conclusiones de las que –estamos convencidos– tienen los fundamentos necesarios tanto el expediente administrativo como la resolución que presentamos el año pasado”, dijo esta mañana.
Reconociendo algunos puntos discutibles del fallo de la jueza Morales, Pavez refutó los cálculos relativos a la caducidad y prescripción del tribunal, argumentos que le sirvieron para analizar las operaciones cuestionadas por la SVS como hechos separados de un conjunto de operaciones que venían ejecutándose desde 2009. “Si revisan la sentencia, las conclusiones a las que llegó el tribunal en términos de la aplicación de caducidad definida en nuestra Ley Orgánica, así como la analogía sobre normas de prescripción, la SVS tendría solo seis meses para formular cargos”.
Pavez evitó referirse a las distintas pruebas presentadas por la corredora y su ex presidente, entre las cuales se considera una serie de testimonios de personeros y ejecutivos del mercado de capitales a pesar de los conflictos de intereses de algunos de ellos –como Álvaro Clarke–, un asunto abordado la semana anterior en este medio.
La semana pasada, asimismo, se conoció el fallo de la jueza Morales Lacoste, quien mediante un escrito de 120 páginas suscribió plenamente la existencia de un mercado competitivo en las bolsas locales, dando la razón en todo a lo que los ejecutivos de las plazas bursátiles testificaron, validando los informes legales y económicos contratados por los acusados y refregándole a la propia SVS la validación de las normas que tanto las bolsas como la propia autoridad han venido sosteniendo en los últimos años, descartando así cualquier posibilidad de acuerdo fuera de rueda de los involucrados.
En su fallo, consideró el reconocimiento de la SVS de que no existen correos electrónicos, fax, documento, testigo presencial o de oídas, confesión judicial o extrajudicial, llamada telefónica, grabación o comunicación por algún otro medio, emanado o que vincule a Leonidas Vial Echeverría o sus sociedades, con las sociedades cascadas o miembros de su administración que digan relación con el esquema, a pesar de que la autoridad regulatoria nunca discutió que no hubiera evidencias para demostrar los hechos denunciados.
El poco concluyente informe de SQM
Pavez también tuvo palabras para el informe de Shearman & Sterling que ayer le envió SQM, el cual se hizo con el fin de revisar si la compañía estaba incumpliendo las normas anticorrupción establecidas por la SEC, así como verificar irregularidades contables.
De lo que se desprende de los dichos de Pavez, la SVS poco puede hacer con dicho documento, pues si bien “es un tema en pleno proceso de evaluación, el informe se basa en la normativa de EE.UU., ante una SEC con otro tipo de potestades y un perímetro regulatorio bastante más amplio. Desde el punto de vista de investigación sobre corrupción, es el Ministerio Público el encargado, nosotros seguiremos revisando la información que se entrega al mercado”.
Como se publicó ayer, sus conclusiones fueron limitadas. Shearman & Sterling no encontró evidencias de sobornos a políticos, lo cual para dicho bufete no quiere decir que no haya habido actos de corrupción. La firma contó con el apoyo del Grupo Vial/Serrano Abogados y FTI Consulting, experta en investigaciones forenses, levantamiento y administración de documentos. Revisó 930 mil documentos, entrevistó a 24 personas –directores y ex directores, además de ejecutivos principales de SQM, empleados relevantes de esta y Julio Ponce, ex presidente de la minera–; y se realizó un análisis forense de la contabilidad de la Compañía a partir del año 2008. Esas fueron las gestiones del bufete. No entrevistó a Patricio Contesse González, ex gerente de la minera, ya que se opuso.
El mismo hecho esencial emanado desde la minera clarifica lo anterior: “No se identificó evidencia que demuestre que tales pagos se hicieron con el fin de inducir a un funcionario público a actuar o abstenerse de actuar con el objetivo de ayudar a SQM a obtener beneficios económicos”.
