Debate tiene a ministra Rincón enfrentada a la dupla Eyzaguirre/Valdés
Hacienda quiere que el fondo de ahorro colectivo anunciado por Bachelet no genere institucionalidad estatal, se divida en una parte a las cuentas individuales y que sea gestionado por las AFP. Ximena Rincón apuesta distinto y hasta ahora gana la pelea. El impacto en las tasas de reemplazo de las dos opciones sería de casi 20 puntos porcentuales. Junto con esa discusión, la arremetida contra las comisiones de las administradoras de fondos ha puesto más bencina al debate interno del Ejecutivo. Hoy Valdés y la ministra Rincón se reúnen con el gremio de las AFP. Ayer hasta el Presidente del Banco Central entró a la batalla política de la reforma.
Michelle Bachelet y su Gobierno están en una encrucijada. El martes de la semana pasada la Mandataria anunció un paquete de medidas para reformar el sistema de pensiones, buscando un punto de inflexión en su alicaída evaluación ciudadana.
Y lo hizo con definiciones de fondo que deberá rubricar en las próximas semanas y meses.
Una de esas definiciones fue sostener que se requería un “sistema mixto de verdad” y que para ello se elevaría en cinco puntos porcentuales la cotización actual de los trabajadores, de cargo del empleador, destinando dichos recursos a mejorar las actuales pensiones y elevar las futuras.
Aunque el anuncio tuvo poco detalle, la idea de llevar estas cotizaciones a un fondo de ahorro colectivo solidario y no a las cuentas individuales que gestionan las AFP ha puesto de relieve las distintas visiones al interior del Gobierno respecto de la mayor o menor intervención del Estado en el manejo del flujo de dineros que habrá en los próximos años. Este punto marcará la consistencia o inconsistencia de los anuncios de Bachelet.
Si Bachelet confirma su discurso, se instalará un pilar parcial de reparto, equivalente a un tercio del flujo (los dineros que ingresan al sistema) que actualmente llega a las AFP. Cada mes, los afiliados al sistema de pensiones ingresan entre US$ 500 millones y US$ 600 millones en nuevas cotizaciones, por el 10% de su sueldo bruto.
Si los cinco puntos porcentuales no van a las AFP y en vez van al fondo solidario de ahorro colectivo, se abrirá un tercio de los flujos a un pilar parcial de reparto que, según lo dicho por Bachelet, dará pie a un verdadero sistema de pensiones mixto. Esta visión sobre el sistema de pensiones es la que suscribieron los integrantes de la propuesta B de la comisión Bravo, quienes consideran que el sistema chileno no es mixto, pues solo tiene un sistema privado de capitalización individual y un pilar solidario financiado por el Estado, pero no un pilar redistributivo al interior del sistema de pensiones.
No obstante, tras las definiciones de Bachelet, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la titular de Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón, evidenciaron públicamente sus diferencias. Mientras Rincón ratificó que el 5% irá al fondo solidario a crear, Valdés señaló que se está evaluando separar el monto y llevar parte a las cuentas individuales. En favor del jefe de finanzas juega la encuesta de Cadem, que reveló ayer que casi dos tercios de los chilenos respaldan la idea de que las platas vayan a sus cuentas individuales.
La diferencia entre ambos no es anecdótica. Valdés y Rincón ya han mostrado sus fichas en el contexto del Comité de Ministros que ve el tema y que este viernes volvería a reunirse para analizar las propuestas planteadas por Bachelet. Mientras Rincón es de la idea de que el fondo solidario sea gestionado con institucionalidad estatal, Valdés quiere que se mantenga manejado por las AFP o una entidad privada distinta.
Según las fuentes consultadas, Valdés ha planteado dos ideas para el manejo de dichos recursos. Por un lado, que sean las propias AFP las que gestionen dichos recursos en una cuenta individual, pero separada del sistema de capitalización individual.
Las cotizaciones que van a este fondo tendrían una duración de una generación y al final de dicho período se determinará su uso, pero siempre apuntando a su utilización solidaria con el resto de los afiliados. Su alternativa es que las propias AFP liciten la gestión de dichos dineros y sea un tercero la entidad privada que lo maneje. Su afán es que con este 5% no se genere nueva institucionalidad estatal.
No obstante, juega a favor de la posición de Rincón, de llevar el 5% completo a un fondo solidario –y que lo gestione una entidad pública a través de una nueva institucionalidad o vía el Instituto de Previsión Social (IPS)–, las razones políticas de fondo que llevaron a Bachelet a hacer los anuncios de la semana pasada: subir las pensiones.
Según los cálculos que se han hecho en el Comité de Ministros, la separación de las cotizaciones –para llevar parte a las cuentas individuales– tendría un impacto mínimo en las pensiones. Se prevé que en 10 años las tasas de reemplazo (TR, a cuanto equivale la pensión del sueldo de los últimos diez años de actividad laboral del afiliado) del sistema de pensiones privado subirían apenas cinco puntos porcentuales, mientras que, si va el 5% completo al fondo solidario, la tasa de reemplazo subiría casi 25 puntos, empinándose por sobre el 55%.
Las estimaciones actuales indican que las pensiones autofinanciadas en los próximos años dejarán un tasa de reemplazo de 22%, cifra que, al incluir el pilar solidario actual creado en 2008, sube a casi 34%. Es decir, las pensiones con pilar solidario bordean un tercio de los sueldos antes de jubilarse.
Fue justamente esta imperiosa necesidad de elevar las pensiones –y los beneficios políticos que implicarían para el Gobierno– lo que inclinó en favor de Rincón la balanza sobre las propuestas a anunciar por Bachelet.
La relación de la ministra con Valdés y con su par de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, no ha sido fácil. Eyzaguirre es un histórico cercano a Bachelet y ha sido el ministro con mayor incidencia en dicha instancia.
Pero Rincón tiene la ventaja de poseer en su propuesta la posibilidad de mejorar las pensiones en forma inmediata, apenas se aumenten las cotizaciones. Además, su propuesta no significa un costo fiscal exorbitante –fuera de los más de US$ 700 millones que implica para el Estado elevar en cinco puntos la cotización de los empleados públicos contratados–, al no comprometer recursos para el Pilar Solidario.
Las divisiones evidenciadas entre Valdés y Rincón generaron el caldo de cultivo para el inicio del lobby por parte de las AFP. Según fuentes bien informadas, las administradoras están moviendo sus hilos para impedir que los 5 puntos porcentuales vayan completamente al fondo común y, si aquello ocurre, que no sean gestionados por el Estado.
“Está todo muy fluido”, dice una fuente de Hacienda, desde donde evitaron referirse al debate interno del Gobierno en este punto.
Pero ni siquiera los cinco puntos de cotización son los que más dolores de cabeza están generando en las AFP y Hacienda.
El anuncio de Bachelet de forzar a las AFP a devolver las comisiones cuando los fondos de pensiones tengan pérdidas y la idea de traspasar a las AFP el costo de las comisiones por intermediación que pagan los fondos para ver invertidos los recursos en el extranjero y en fondos mutuos, desataron la mayor preocupación en la industria.
Cada año más de US$ 400 millones en comisiones son cargadas a los fondos de pensiones. Según las estimaciones del Comité de Ministros, si las AFP asumieran la totalidad de estos costos, las utilidades del sector se verían fuertemente mermadas, reduciendo a la mitad la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de la industria, desde el 27% promedio que ha venido marcando en los últimos quince años (con excepción de 2008) hasta un 14%, cifra que sigue estando en la parte alta de otras industrias que son reguladas y son consideradas ‘utilities’, como la sanitaria y la distribución eléctrica.
Esta idea es de las más rechazadas por las AFP, por el efecto que puede tener en su negocio. Pero hay factores que le juegan en contra. En particular, el hecho de que esta medida fuera validada por mayoría en la comisión Bravo, siendo parte de las 58 propuestas específicas que hizo la instancia. De hecho, fuentes de Gobierno afirman que en su momento desde Hacienda hicieron ver su incomodidad a David Bravo –quien presidió esa instancia y votó por la más conservadora propuesta A–, por no haber tenido la capacidad de contener la aprobación de una medida así.
Y es que la comisión en sus propuestas no deja espacio a dudas: “Las comisiones de intermediación pueden ser consideradas como costos de administración de las AFP. Se plantea que las comisiones de intermediación de las inversiones sean enteramente asumidas por las AFP y no por los afiliados/as, reduciendo las comisiones totales, transparentando el costo de las comisiones actualmente cobradas, y mejorando las pensiones de las/los afiliados”, señala la comisión en la propuesta 30.
En efecto, según estimaciones de la comisión, el Fondo A podría haber tenido una rentabilidad real anual adicional de 0,5 puntos porcentuales si las comisiones de intermediación no fueran cargadas al fondo. Esta mejora podría significar un incremento de entre 10% y 15% en la pensión si dicho aumento de retorno se sostuviera por 30 años.
Además, estas comisiones –instaladas por el artículo 45 bis del DL 3.500– tienen la mancha de no mostrar desglose por afiliado, presentándose solo una vez cada tres meses un informe con antecedentes agregados de los cobros, no existiendo claridad sobre el costo por afiliado.
En el caso de las comisiones que cobran las AFP por la gestión de los fondos, las críticas han sido duras por parte del sector privado y también de expertos. Afirman que no tiene sentido la medida, pues no mejorará las pensiones. En efecto, como indicó el ex consejero de la Comisión Bravo, Andras Uthoff –quien votó por la propuesta B, que planteaba cambios más relevantes al sistema–, si una persona pierde 2 millones por rentabilidad, no lo verá compensado ni mínimamente con la devolución de 25 mil pesos por la comisión de un mes.
No obstante, una fuente que ha sido parte de los análisis de Gobierno sobre las propuestas advierte que no solo está el objetivo político de mejorar las pensiones, sino también de legitimar el sistema de pensiones. “Se critica que no mejora las pensiones, pero la medida apunta a dar legitimidad al sistema. Si los fondos no ganan plata, no resulta aceptable para la población que una AFP siga cobrando sus comisiones y ganando plata con ello”, señala.
Y aunque para un afiliado en particular el efecto no es relevante, para las AFP puede ser determinante en sus resultados. Y es que la cotización obligatoria asegura un nivel de ingresos permanente a estas empresas, cuyos costos, según expertos internacionales, son acotados y le permiten alcanzar elevados márgenes de rentabilidad.
Junto con ello, la apuesta que han hecho los grandes grupos aseguradores de Estados Unidos, como Metlife y Principal, que en los últimos tres años compraron dos de las principales AFP del país –Provida y Cuprum, respectivamente–, les obliga a pensar en recuperar la inversión hecha: ambas pagaron casi un 50% de premio sobre la capitalización, más de US$ 1.500 millones en el caso de Cuprum y sobre US$ 2.000 millones en Provida. La posibilidad de renunciar a sus comisiones en escenarios de volatilidad en los mercados hace más difícil la aceptación de la medida anunciada por Bachelet.
Esta mañana el ministro Valdés y la ministra Rincón se reúnen con el gremio de las AFP y el tema seguro que se tomará la agenda.
Ayer Rodrigo Vergara entro de lleno en el debate y dejo claro de qué parte estaba: el presidente del Banco Central dijo que el aumento de cotización en su mayoría debiera ir a la cuenta personal.
Añadió que un sistema de reparto es inviable y opinó que la discusión debe incluir aumentar la edad de jubilación. «Con el aumento en la expectativa de vida, debemos movernos hacia una igualación de las edades de jubilación y un aumento en esa edad, indexando por las perspectivas de vida de la población. De manera que se vaya haciendo cargo de los cambios demográficos que han estado ocurriendo en el país”, dijo.
Vergara hizo sus comentarios a la salida de un evento organizado por la Fundación Chile 21.
