Autoridad evalúa su suficiencia
El viernes la administradora respondió el oficio enviado a fines de septiembre por la entidad que dirige Osvaldo Macías, que busca terminar con la incógnita respecto de quién controla las acciones clase B del fondo que está registrado en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Superintendencia tardará algunos días en evaluar la pertinencia de los antecedentes.
Es probable que en estos días en la Superintendencia de Pensiones estén, por primera vez, los nombres de los controladores de las acciones clase B del fondo Atacama Investments, la sociedad con sede en paraísos fiscales y que es la controladora final de la AFP Planvital.
La serie clase B en manos de los misteriosos accionistas corresponde a los papeles que dan derecho al retiro de dividendo, aunque no poseen el control de los derechos políticos sobre Inversiones Los Olmos, la controladora directa de Planvital.
A fines de septiembre pasado, la superintendencia que lidera Osvaldo Macías envió un oficio recordando a Planvital que en ocasiones anteriores la autoridad ha intentado obtener la información, pero que hasta ese momento no habían podido acceder a ella.
En la solicitud la entidad gubernamental aludió a la ley de octubre de 2014 que creó el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) para justificar legalmente la exigencia de información.
Aunque en oportunidades anteriores Planvital había basado su negativa en la condición de reservada de la identidad de los accionistas de Atacama Investments, por estar registrada en las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal, al parecer esta vez habrían accedido a la entrega de dicha información.
Según fuentes cercanas a Atacama, el requerimiento de la autoridad provocó disputas internas entre los socios, pues algunos no habrían estado de acuerdo en entregar la información. Finalmente, la presión pública y el posible impacto reputacional que significaría para la AFP, habrían determinado acceder a la entrega de antecedentes.
Según fuentes cercanas al Gobierno, la superintendencia se daría dos semanas para verificar la suficiencia de tales antecedentes. En todo caso, consultada sobre esta situación, la autoridad confirmó la llegada de la información.
“Como parte de su labor fiscalizadora y en cumplimiento estricto de la normativa vigente, la Superintendencia de Pensiones ofició el 28 de septiembre a AFP Planvital para que remitiera información societaria relevante de Atacama Investments Ltda. dentro de un plazo de 30 días. La mencionada administradora ha entregado en lo sustancial lo requerido por este organismo fiscalizador dentro de los plazos exigidos. La Superintendencia de Pensiones está analizando el contenido de la respuesta para determinar si resulta necesario solicitar más información o si lo proporcionado cumple con el objetivo fijado”, indicó la repartición.
Planvital es una de las AFP más pequeñas de sistema de pensiones, pero está siendo actor crucial en los últimos años, puesto que se ha adjudicado las últimas dos licitaciones bianuales para captar la afiliación de todos los trabajadores y trabajadoras que inician su cotización en el sistema.
Esta coyuntura que beneficia a Planvital y las críticas transversales que hay contra las AFP hacían complejo que se diera una negativa de la administradora. “El impacto reputacional para una gestora que ganó las últimas licitaciones sería letal”, afirmó una fuente.
Atacama Investments hizo su aparición en Chile hace 15 años, cuando fue creada como paso previo a la toma de control de la AFP Planvital por parte del banco BSI, que adquirió las acciones a Francisco Javier Errázuriz. En 2004, finalmente Atacama terminó de concretar la toma de control, en conjunto con la fusión con la AFP Magister, que estaba en manos del grupo Inverlink, el cual había caído por el escándalo de sustracción de documentos financieros a Corfo y de información de la presidencia del Banco Central, presidida en ese momento por Carlos Massad.
En principio, Atacama Investments tenía como socio a Inverlink, en particular a su líder Eduardo Monasterio (fallecido) y a Orlando Sáenz, presidente de la Sofofa al momento del golpe militar contra Salvador Allende y que reconociera públicamente su rol en dicha intervención.
El requerimiento de la superintendencia surgió luego de la publicación en este medio de los antecedentes vinculados al origen del fondo y los llamativos personajes que participaron en el mismo, como Leopoldo Henríquez .
