Descartó que la empresa será designada como un servicio público
Espinosa (PS), que preside la comisión minera del Congreso, dice que la investigación del Congreso sobre las prácticas de adquisición y finiquitos de Codelco debería derivar en una recomendación de una reforma de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), para convertirla en un regulador de la minera.
Codelco debe tener una supervisión más estricta de una autoridad reguladora con poderes para sancionar al gigante estatal de cobre, según el parlamentario que conduce una investigación sobre los contratos de la compañía con proveedores.
Una investigación especial por parte del Congreso sobre las prácticas de adquisición y finiquitos de Codelco debería derivar en una recomendación de una reforma de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), para convertirla en un regulador de Codelco, dijo el parlamentario Marcos Espinosa (PS) en una entrevista en Valparaíso el miércoles. Espinosa también preside la comisión minera del Congreso.
«Lo que hace Cochilco hoy es que si establece un hallazgo lo denuncia a los directores de Codelco, pero no puede establecer medidas punitivas», dijo Espinosa. «Es necesario ver si los controles internos y mecanismos legales están funcionando adecuadamente», añadió.
Un informe publicado en mayo por la Contraloría General de la República sobre contratos firmados entre 2013 y 2015 encontró presuntas regularidades que involucran 780 millones de pesos (US$1,2 millones). Eso provocó una disputa con la compañía, en el corazón de la cual está la cuestión de si Codelco es legalmente una empresa propiedad de y financiada por el Estado, o un servicio público que debe poner los intereses del Estado y sus ciudadanos antes de las utilidades. Codelco es el mayor productor de cobre del mundo.
«Si Codelco fuera declarado servicio público, eso automáticamente secuestraría la empresa a una dinámica que comprometería su funcionamiento, su eficiencia y los niveles de productividad serían desastrosos», indicó Espinosa.
El parlamentario dijo que no hay ninguna posibilidad de que eso vaya a ocurrir. En cambio, la disputa probablemente revelará casos de irregularidades y planteará procesos más fuertes para limitarlos, agregó.
«Hay indicios claros de que no se han seguido los protocolos de la ley», manifestó Espinosa. «Tenemos que investigar si esto ha sido habitual a lo largo del tiempo», añadió.
En una sesión de la comisión minera del miércoles, el presidente de Codelco, Óscar Landerretche, dijo que la compañía ha hecho importantes mejoras desde que la ley de gobiernos corporativos de Chile fue aprobada en 2009. Los actuales miembros del directorio fueron nombrados en 2014. Cerca de la mitad de los contratos de Codelco son subastados públicamente, en comparación con 20 por ciento en 2012, mientras que 1,8 por ciento de los contratos son asignados directamente, frente a 8,3 por ciento en 2012, detalló Landerretche.
Además dijo que la disputa con el contralor tiene que ver con cuál es la mejor institución para supervisar este negocio. Agregó que el camino al cambio ha sido tremendamente difícil, y que ha habido resistencia, incluso resistencia interna.
Landerretche pidió al Gobierno y al Congreso aprobar nuevas leyes, incluida una para regular la capitalización de Codelco. Regulación más fuerte sobre cómo se financia aumentará la credibilidad de la empresa y ayudará con las ventas futuras de la deuda.
«Permitiría disminuir el índice de riesgo de la empresa y acceder a crédito conveniente», dijo Espinosa. «Le da más confianza a la industria respecto a la viabilidad de Codelco», agregó.
