Y había solicitado un pago de 6 millones de pesos por el trabajo realizado
Juan Manuel Valenzuela envió con varios días de retraso un informe clave para sostener las medidas prejudiciales que mantienen paralizada a la cooperativa ligada a militantes de la Democracia Cristiana. A esto se suma que la magistrada calificó como “escasas” la calidad y la extensión del escrito, por lo que le rechazó hasta el mínimo los pagos que había requerido. De paso, el tropiezo deja en una débil posición la arremetida judicial del Ejecutivo y el Consejo de Defensa del Estado. [Actualizada]
Definitivamente el caso Financoop se le enredó al Gobierno.
A dos meses de que la justicia acogiera la solicitud de medidas prejudiciales del Ministerio de Economía contra la cooperativa, que terminaron paralizándola, el camino judicial se le comienza a enredar indefectiblemente.
El escenario tomó un color oscuro para el ministerio que dirige Jorge Rodríguez Grossi el miércoles pasado, cuando, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la subsecretaria de esa cartera, Natalia Piergentili, reconoció con crudeza los errores de fiscalización del equipo que dirige desde febrero de 2016.
Diputados de diferentes bancadas –incluidas algunas oficialistas– preparan la constitución de una comisión investigadora y ya requirieron a Contraloría que analice la labor de seguimiento del Departamento de Cooperativas (Decoop), devenido en la División de Asociatividad y Economía Social (Daes) de dicha cartera, desde 2014.
Además, pidieron información al Sistema de Empresas Públicas (SEP) para saber si en alguna compañía pública hay personeros ligados al Gobierno que, en paralelo, estén en Financoop, debido a que existen presunciones de que los vínculos políticos de la cooperativa, cuyos ejecutivos y directivos tienen relación con la DC, pudieran haber alivianado su labor supervisora. Por cierto, ya existe un caso: Carlos Mladinic, histórico DC que ha tenido altos cargos en los gobiernos de la Concertación, es hoy director de Metro y, paralelamente, es consejero de la cooperativa y en el pasado dirigió también el propio SEP.
En la arena judicial, en tanto, la línea seguida por Piergentili comienza a sufrir zozobras. La última la provocó el interventor Juan Manuel Valenzuela, designado justamente por el Ejecutivo.
El abogado está al frente del proceso de liquidación forzosa que tutelan los tribunales y, con la demanda de liquidación ya en curso, en la justicia se discute si en el intertanto se debe mantener la paralización de la compañía, dado el impacto social que está teniendo en diversas zonas del país, pues son miles las personas que en distintas regiones mantienen más de 45 mil millones de pesos en depósitos que hoy no pueden cobrar, por el corralito requerido por la subsecretaria de Economía.
Para ello, Valenzuela debía presentar hace más de una semana un informe donde argumentara por qué se debe mantener la medida, frente a la apelación de Financoop que ya fue rechazada en primera instancia.
En paralelo, la cooperativa ha jugado hábilmente sus fichas. Aun cuando fue su administración la que descuidó el provisionamiento de créditos, ha logrado aunar en torno a su estrategia a los ahorrantes, que poco interés tienen en descubrir la verdad de las irregularidades que habrían ocurrido en los últimos años y más bien buscan recuperar su dinero.
En ese contexto, la magistrada del 23° Juzgado Civil, Andrea Coppa, emitió el 12 de octubre pasado una resolución donde se refiere duramente al trabajo de Valenzuela, fijándole estipendios mínimos respecto de lo que pidió.
Según la resolución del 12 de octubre pasado de ese tribunal, Valenzuela no solo entregó fuera de plazo el informe requerido para evaluar la continuidad de las medidas prejudiciales, sino que además lo calificada negativamente, revelando incluso que ni siquiera asiste a las reuniones que el propio aludido fija.
“Advirtiendo el tribunal la calidad de los informes presentados por el interventor Juan Manuel Valenzuela Garrido, escasos tanto en extensión como en contenido, el incumplimiento en los plazos establecidos para entrega de los mismos, los antecedentes expuestos por la demandada al evacuar el traslado conferido y por diversos ahorrantes que han comparecido al tribunal –en especial en cuanto a la inasistencia a reuniones por el mismo convocadas– y no habiéndose hecho constar ante el tribunal de manera alguna la contratación de los asesores que indicó en su presentación –la cual por lo demás no ha sido autorizada por esta magistratura–, todos hechos que no permiten acreditar la dedicación de tiempo y profesionalismo que se alega, no ha lugar en los términos solicitados, fijándose como honorarios del interventor por la labor realizada desde la aceptación del cargo hasta la fecha la suma de $ 2.000.000 y como honorarios líquidos mensuales la suma de $1.000.000.- mientras dure la intervención”, establece la resolución.
Las cifras develan la evaluación de Valenzuela, quien había solicitado un pago de 12 millones de pesos por el trabajo realizado en septiembre y 6 millones mensuales hacia adelante.
Pero lo más grave es que hace un flaco favor a las pretensiones del Gobierno, el que ha justificado su interés por mantener paralizada a la cooperativa en el hecho de que no conocen la situación financiera de la misma.
¿Qué dijo el informe de Valenzuela? En apenas 20 líneas, el abogado hace alusiones generales a materias ya conocidas, reiterando la necesidad de sostener las medidas prejudiciales. “(…) Se hace necesario señalar a S.S. que en consideración al contenido, fundamentos y la naturaleza de la acción deducida y en especial consideración a que el estado de pérdida patrimonial de Financoop no ha presentado variación alguna desde la fecha en que S.S. decretó cada una de las prejudiciales”.
Y continúa indicando que “de igual manera, S.S. debe tener en especial consideración que los Balances y Estados Financieros de la Cooperativa, fueron rechazados en su totalidad en la Junta General de socios celebrada por la unanimidad de los asistentes, todo lo cual hace necesario y pertinente que S.S. mantenga cada una de las medidas decretadas a lo menos hasta la fecha en que se lleve a efecto la audiencia de contestación y conciliación decretada en autos, salvo mejor opinión de S.S.”.
Frente a la acotada argumentación, fuentes que conocen del caso explican que, decir que Valenzuela se quedó corto, es poco.
Señalan que la importancia del documento requería que el interventor detallara entre, otras cosas, los recursos disponibles en la cooperativa (caja, bancos y otros) en el corto y mediano plazo, los depósitos vencidos (obligaciones exigibles) y los por vencer en el corto y mediano plazo.
También debería haber informado los requerimientos de caja para el funcionamiento de las empresas, como arriendos, remuneraciones, cotizaciones, cuentas, impuestos, etc., junto con las proyecciones de recuperación de créditos, lo que daría una idea más clara de la situación de caja de la firma. Incluso indican que debió disponer una estimación de la situación patrimonial de la compañía en caso de liquidación, con algún cálculo del déficit y su proyección en el tiempo, factor clave, pues permite determinar el porcentaje de impagos previsible para los acreedores.
Nada de eso detalló el informe que tan duramente trató Coppa.
Por ello, algunos cercanos al caso creen que sus días como interventor están contados. De hecho, el abogado que representa a algunos depositantes de Financoop que no han podido rescatar sus dineros, Tomás Fabres, anunció que pedirá en los próximos días la destitución de Valenzuela, lo que sería un duro golpe al Gobierno, que fue el que lo puso en el cargo. El mismo Fabres, de hecho, ya anunció la presentación de una querella contra los funcionarios de Economía por la deficiente labor de fiscalización que hicieron en todos estos años.
A su juicio, Valenzuela excedió el límite de sus facultades y no tiene las competencias necesarias para cautelar el patrimonio de los acreedores de Financoop. “Voy a exigir que se restituya el 100% del dinero adeudado a mis clientes, quienes tienen depósitos entre $ 700 mil y $ 140 millones”, afirmó.
El interventor no tiene experiencia en este tipo de procesos y así lo hizo ver desde su nominación el abogado de Financoop, Rodrigo Zegers, quien en su momento pidió, entre otras cosas, el currículo de Valenzuela. Desde la cooperativa creen que tras el caso Financoop hay una vendetta del PPD contra la DC, partido al que pertenecen Ernesto Livacic y Vicente Caruz, el primero uno de los máximos representantes de la cooperativa en la actualidad, mientras que el segundo es director suplente de la empresa y líder del grupo Norte Sur (aunque dejó su control en 2016), sociedad que controló el Banco del Desarrollo hasta 2007, cuando lo vendieron en US$ 1.000 millones a Scotiabank. Se suma a ellos Daniel Albarrán, PPD, quien fue subsecretario del Gobierno de Ricardo Lagos y directivo del SEP, y que preside Financoop.
La historia de Norte Sur está íntimamente ligada a la DC desde fines de los 80 del siglo pasado y allí ha sido figura clave la Iglesia católica, además del ex presidente de ese partido y de alta influencia política, Gutenberg Martínez, según comentan personeros ligados a esa colectividad.
La hipótesis tras el débil funcionamiento de la fiscalización de Economía es que los equipos de esa cartera han estado históricamente ligados a ese partido y en algunos períodos al PPD, por lo que serían susceptibles de haber “mirado para el lado”.
Según explicó el lunes el diputado PPD Cristian Campos, la comisión investigadora deberá revisar todo lo necesario de la fiscalización, pues “sería inaceptable que por motivos políticos no hayan hecho la pega”. El diputado Jaime Bellolio (UDI), uno de los más activos en el caso, considera “insólito” lo dicho por Piergentili en la Comisión de Economía, en cuanto a que, si no hubieran sido advertidos por los propios ejecutivos de Financoop del desorden en las provisiones, habría continuado “el bicicleteo”. Por esto, Bellolio realizará gestiones esta semana para sumar los votos para la comisión investigadora.
En este ‘culebrón’ político, las sospechas de Financoop sobre el rol del PPD apuntan a Zoran Ostoic, jefe de fiscalización del Daes y quien fuera jefe de gabinete de Carolina Tohá (PPD), cuando esta era alcaldesa de Santiago. De hecho, apenas designado Valenzuela, desde Financoop advirtieron a los tribunales sobre vínculos entre ambos funcionarios, pidiendo su currículo y que detallara si se conocían de antes.
En un informe presentado por Valenzuela el 4 de septiembre pasado ante el tribunal, negó tener vínculos profesionales, laborales o personales con Ostoic. Aunque reconoció haberse desempeñado en la Intendencia Metropolitana entre 2001 y 2007 –periodo en que al frente de dicha repartición estuvieron tres PPD, Víctor Barrueto, Sergio Galilea y la actual ministra de Educación Adriana Delpiano, aunque también estuvo la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón– y luego como asesor en el Ministerio del Interior en 2008, cuando lideraba esa cartera el DC Edmundo Pérez Yoma. Coincidentemente, en periodos similares Ostoic fue asesor jurídico en la misma Intendencia Metropolitana y también en la Subsecretaría del Interior.
N. de R: originalmente se publicó que el interventor había solicitado un pago de 6 millones de pesos por el trabajo realizado en septiembre y 2 millones mensuales hacia adelante, cifra que fue actualizada.
