La acción fue acogida a trámite la semana pasada, designándose como ministro de fuero a Jaime Balmaceda.
El 25 de octubre pasado, el diputado DC Fuad Chahin –que perdió la elección de senadores el domingo antepasado– presentó, junto a un grupo de abogados, una demanda de nulidad pública contra la Superintendencia de Pensiones, en búsqueda de anular la autorización que dio la entidad a la fusión de AFP Cuprum con Argentum, de la estadounidense Principal Group en 2014, originalmente, y luego, en forma definitiva, en 2015.
La acción fue acogida a trámite la semana pasada, designándose como ministro de fuero a Jaime Balmaceda. De esta forma, el tribunal de alzada instruyó notificación a la superintendencia que lidera Osvaldo Macías, entidad que debiera enviar en las próximas dos semanas su contestación a la demanda.
Según fuentes del proceso, la autoridad podría requerir el concurso, en su representación, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), como ocurrió particularmente en causas en que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se enfrentó a demandas por resoluciones administrativas, como ocurrió en el caso Cascadas.
Sin embargo, en esta oportunidad se da una curiosa disyuntiva. La demanda presentada por Chahin y los abogados Alfredo Ugarte, Rodrigo Hernández y Jaime Jaramillo, busca que se declare la ilegalidad de la fusión que permitió a Principal obtener un beneficio tributario de casi 80 mil millones de pesos, en perjuicio del Estado.
Como el CDE representa a una entidad pública defendiendo el interés del Estado, en este caso podría ser paradójico que represente a la superintendencia, cuando los demandantes buscan proteger el interés fiscal.
Eso sí, previo a las resoluciones que autorizaron la operación y en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la misma, abogados de Principal advirtieron sobre millonarias demandas que podría enfrentar el Estado si se rechazaba la fusión, lo que podría ser una causal para que el CDE se una a la Superintendencia de Pensiones.
