Pese a que los montos involucrados son bajos, la pelea escala
La empresa, ligada a Vicente Pérez, Cristián Shea y al polémico empresario –y ex Canciller de Austria– Alfred Gusenbauer, acusó también al liquidador y a Banco Security de actuaciones poco éticas y pidió que se anulasen todos los acuerdos alcanzados el pasado 8 de febrero en su junta de acreedores. Clave para ellos es retomar las demandas contra los factorings. Estudio Carey se suma a una pelea que ya tiene a Grasty Quintana, así como a Bofill, Escobar y las asesorías de la empresa de Enrique Correa.
La guerra está desatada hace tiempo entre los controladores de Innovaciones Forestales (IF) y los factorings, después que la firma no pudiera salvarse y comenzara su camino a la quiebra.
Entre la compañía y los factorings se ha dado una pelea de proporciones. La empresa acusa a estos últimos de cobrar facturas que ya sabía que habían sido liquidadas y, de esa forma, haber secado la caja de la firma.
IF demandó a varios de ellos, acusando una tesis casi conspirativa para afectar a la compañía, que es controlada por el fondo Equitas –ligado a Vicente Pérez, Cristián Shea y al ex Canciller Federal de Austria, Alfred Gusenbauer–.
Fueron precisamente estos últimos quienes sumaron un nuevo ingrediente al plato que ya tenía a actores de lo más variopintos: habían reclutado a Bofill Escobar para delinear su estrategia legal y a Enrique Correa como asesor informal; y los factorings, por su parte, contrataron a José Ignacio Piña, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y al estudio de Grasty Quintana Majlis & Cía.
Pero ahora Equitas realizó una movida con miras a defender su imagen ante los aportantes del fondo. Reclutó al estudio Carey. Los abogados Ricardo Revecco, Isaac Stevens y María Elena Pinares, presentaron un recurso de nulidad solicitando revertir algunas de las decisiones de la junta de acreedores del pasado 8 de febrero: la primera de ellas, el que se haya convenido dejar sin efecto todas las acciones civiles en contra de las empresas de factoraje, es decir, las demandas que IF había presentado.
Los factorings, como acreedores de la compañía, tomaron, lógicamente, la decisión de dejar sin efecto cualquier acción en su contra, lo que fue imputado por Equitas. Graves irregularidades e ilegalidades son parte de las acusaciones que realizaron sus abogados en relación con esta última decisión.
“Se trata S. S. (su señoría) de un acuerdo abusivo y fraudulento, pues –como veremos– que ha sido urdido entre el Sr. Liquidador –quien entregó información falsa a los acreedores y al Tribunal– y las empresas de factoring –quienes a pesar de tener un evidente conflicto de interés, votaron concertadas por el desistimiento de las demandas interpuestas en su contra– haciendo gala de un abuso del procedimiento con una mala fe pocas veces vista en nuestros tribunales”, dijeron en la acción judicial.
Como se lee, sus dardos no solo apuntaron a los factorings sino también al liquidador de la empresa, Felizardo Figueroa, un nombre conocido en el mundo de las quiebras. Conocedores apuntan que la movida de Equitas le molestó sobremanera.
El escrito basa su tesis en que las empresas de factoring no podían votar para desistirse de las demandas, pues eran parte interesada, pero, de paso, trasquila al liquidador, a quien señala que a “pesar de estar en pleno conocimiento de que los honorarios del abogado que tramitaba las demandas se encontraban íntegramente pagados, omitió informar de ello a los acreedores presentes en la Junta, dando a entender que estos debían asumir importantes costos asociados a la tramitación de las demandas”.
En la acusación se mete además al saco al Banco Security, sobre el cual se señala también un conflicto de interés, por haber participado de la votación y haber, de esa manera, beneficiado a Finameris, una empresa de factoraje que es relacionada de la institución.
Tras la solicitud de nulidad, el ambiente entre los acreedores y los controladores de la compañía, Equitas, se tornó más tenso, pues los abogados trajeron nuevamente al estrado la tesis de que participaron de “un fraude orquestado” para evitar la reorganización de Innovaciones Forestales y decretar su quiebra.
El objetivo de los factorings, dijeron los abogados de Equitas, era “liquidar a Inforspa (Innovaciones Forestal SPA) lo antes posible, para que no tenga ninguna oportunidad de reclamar ante la justicia la evidente responsabilidad que tienen en el grave desfalco del que ha sido víctima”.
Los observadores de este caso se preguntan cuál es la razón para que una pelea de un monto relativamente bajo haya escalado tan alto, al menos en relación con los actores que se han involucrado en la saga. De acuerdo a lo que informó la maderera dentro de su reconocimiento de deuda, esta sería del orden de los $ 2.850 millones, es decir, unos US$ 4,5 millones. El «hoyo» total de la empresa superaría los US$ 8 millones.
Nuevos antecedentes financieros han surgido a medida que avanza el proceso. Entre ellos, Equitas informó haber financiado el intento de reorganización judicial de la firma y haberle pasado, a modo de préstamo, cerca de $ 1.400 millones. Las platas fueron reconocidas en el proceso, pero no le dieron la opción a Equitas de ser un acreedor de la compañía con las facultades que ello implica. “Si se hubiera reconocido esa facultad, habrían sido el acreedor mayoritario y manejado el proceso de quiebra. Pero solo se les permitió tener voz, pero no voto en el proceso. Ahora esto reconoce que finalmente es Equitas el que tiene el mayor interés en que este tema no siga escalando”, explica una fuente.
La acción interpuesta por los abogados de Carey fue apoyada por los abogados de IF, del bufete de Nelson Contador y compañía, quienes sacaron otros trapitos el sol. Entre estos, que el liquidador le había comentado a la junta que los honorarios del abogado Mario Rojas –quien presentó las demandas en contra de los factorings–afectarían su bolsillo. Ello, en condiciones que ya habían sido pagados. Su pago, según reconoce la misma empresa, fue de 1.800 UF, casi $ 48 millones que salieron del bolsillo de IF.
Sumas y restas, para algunos actores de la industria este “gallito” se explica por una cuestión de honor. “En el fondo, si a los factorings les diera lo mismo, admitirían que operaron mal y podría sacarse la conclusión de que son empresas que funcionan al borde de la legalidad. No es un tema solo de plata sino de prestigio”, comenta un conocedor.
Pero, al menos en esta pasada, Equitas perdió el partido. La Resolución sobre los Incidentes de Nulidad indicó que se rechazaban las solicitudes realizadas por el fondo para dejar sin efecto los acuerdos tomados el 8 de febrero. Conocedores de las intenciones de Equitas añaden que, pese a haber perdido la pasada, insistirán por todas las vías legales para sostener su tesis, todo con el fin de responderles a los aportantes del fondo.
Al interior de los factorings, la decisión del 30° Juzgado Civil de Santiago se leyó como un “triunfo” en la disputa que sostienen con la compañía y sus controladores. “Ahora esperamos realmente que el liquidador pueda aclarar en qué momento la empresa se enredó financieramente y quiénes son los responsables”, concluyó uno de los afectados.
De seguro, esta teleserie tendrá segunda temporada.
