MERCADOS
Luego que en mayo un grupo liderado por Karlezi recurrió al regulador, la semana pasada este instruyó a la compañía para que individualice a cada uno de sus accionistas mayoritarios. Esta petición se da en el marco de un conflicto societario -entre los médicos y los inversionistas- que por años afecta a la clínica preferida de la elite nacional.
Tras años de enfrentamientos entre sus socios, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se hizo cargo de parte del debate que divide a los dueños de Clínica Las Condes (CLC), el centro médico preferido de la elite y cuyo conflicto sigue siendo un cuento por resolver.
El regulador financiero tomó la posta del requerimiento que hace algunas semanas hizo el grupo que dirige Cecilia Karlezi -heredera de la fortuna de Falabella- quien, a través de Inversiones Santa Filomena, solicitó que aquel revele si acaso existen pactos de actuación conjunta entre los accionistas y, particularmente, entre los miembros del cuerpo médico de la sociedad. Incluso, si detrás de la maraña de dueños de la CLC existe algún controlador.
Esto por la disputa que existe respecto del «interés social» y el modelo de negocios de esta empresa. Hay dos grupos de accionistas con criterios muy distintos: el de los médicos, dueños del 50% de la sociedad, que ejercen velando por la rentabilidad de sus servicios, y el de los inversionistas, en el cual Karlezi destaca como propietaria del 17,3%, cuyo objetivo es la rentabilidad de la acción.
A fines de mayo, este segundo grupo ingresó un requerimiento a la CMF para que revise si existen pactos de actuación conjunta entre los médicos que sean públicos, considerando la coincidencia que pudiera haber en sus tomas de decisiones, que generalmente son en contraposición al grupo de Karlezi. Y el regulador financiero respondió.
La semana pasada la CMF ofició a Clínica Las Condes con tal de responder varias de las interrogantes planteadas por Karlezi. Para ello, revisó la memoria 2017 de la sociedad y levantó sus observaciones.
Sobre lo que respecta a la propiedad de la empresa, la CMF pidió que la compañía aclare su situación de control, mencionando «expresamente si la sociedad posee o no un controlador, conforme a las disposiciones contenidas en el Título XV de la Ley Nº18.045″.
[cita tipo=»destaque»]Según la CMF, «bajo el título transacciones de acciones se señala que en el ejercicio 2017 no se han registrado transacciones efectuadas por accionistas mayoritarios, presidente, directores, gerentes, etc., haciendo mención a disposiciones que no corresponden, toda vez que dicha información debe ser remitida a este Servicio en virtud de lo dispuesto en la Norma de Carácter general N° 269. Lo anterior, deberá ser corregido dado que, durante el año 2017, fueron informadas a esta Comisión una serie de transacciones en virtud de la citada Norma».[/cita]
Además, solicitó la identificación de los accionistas mayoritarios, para lo cual CLC debe indicar los RUT, nombre o razón social, porcentaje de propiedad de las personas naturales o jurídicas que tengan acuerdo de actuación conjunta que puedan designar, a lo menos, a un miembro del directorio. «Las personas naturales que posean menos de un 10% del capital deberán incluirse en la lista cuando, en conjunto con su cónyuge y/o parientes, posean más de dicho porcentaje, ya sea directamente o a través de personas jurídicas. Por parientes se entenderán aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad», reza el documento enviado por la CMF.
Y también requirió información relativa a las transacciones en bolsa. Según la CMF, «bajo el título transacciones de acciones se señala que en el ejercicio 2017 no se han registrado transacciones efectuadas por accionistas mayoritarios, presidente, directores, gerentes, etc., haciendo mención a disposiciones que no corresponden, toda vez que dicha información debe ser remitida a este Servicio en virtud de lo dispuesto en la Norma de Carácter general N° 269. Lo anterior, deberá ser corregido dado que, durante el año 2017, fueron informadas a esta Comisión una serie de transacciones en virtud de la citada Norma».
Estas observaciones deben ser resueltas por la clínica para su próxima sesión de directorio, el cual es presidido, por petición de los propios médicos, por el empresario Andrés Navarro.
Desde la CMF precisaron que la respuesta formal al oficio de Karlezi será en paralelo a este requerimiento de información. Pues el marco específico de esta consulta respecto del control de CLC se dio, según explica el regulador, sobre la base de la revisión de la información de su memoria 2017.
El grupo de médicos reclama que en los últimos años ya se ha tomado medidas por el bien de la compañía, como recortar el 10% de sus valores lista y que para ejercer como tal en CLC, cada uno desembolsa un mínimo de 2.500 UF para atender público en la clínica y acceder a un número de acciones equivalentes a dicho monto. Para ellos, se trata de una inversión de largo plazo, considerando lo que significa tener una consulta en la clínica de la elite.
Sin embargo, el grupo de inversores -en el que destaca Karlezi- vela por la mayor rentabilidad de la acción, es decir, de las utilidades de CLC y, desde esa perspectiva, los médicos son arrendadores de las instalaciones que dispone el centro médico. Así, en la última junta ordinaria de accionistas celebrada en abril se evidenció la falta de quórum para emular un modelo de negocios como el de la Clínica Alemana, donde los médicos pagan una especie de fee por trabajar ahí y comparten ganancias.
Con el rechazo de Karlezi, en esa misma junta se aprobó un aumento de capital que tendría como único objetivo la incorporación de nuevos médicos socios, cuestión que sigue causando conflictos, porque con ello dicho grupo sigue creciendo en desmedro de los intereses de la hija de María Luisa Solari.
