El Niño: fuerte ascenso de la temperatura en el mar nortino

¿Somos la región con más renuncias en el Gobierno? Esa es la pregunta que surge tras conocerse el balance de los 46 secretarios regionales ministeriales nombrados durante los primeros siete meses de la administración del presidente José Antonio Kast que han debido abandonar sus cargos de manera forzada. En ese conteo, Arica y Parinacota ya aparece categorizada como la región con más renuncias.

Seis autoridades han sido conminadas a renunciar por consumo de drogas, faltas a la probidad e incumplimientos de metas y requisitos curriculares. La última fue la semana pasada, con la dimisión del seremi de Bienes Nacionales, Cristian Pradenas Soto (REP), cuya gestión presentó cuestionamientos por maltrato a los usuarios, retrasos en la gestión de los expedientes de arriendos de predios fiscales, conflictos de interés por haber asesorado a usurpadores de suelo fiscal y disputas con otros servicios públicos.

La región ahora tiene dos cupos vacantes en el Gabinete Regional, dado que el de la Seremi de Hacienda no ha sido repuesto y se sabe que el Gobierno no tiene mucho entusiasmo por reponerlo porque no ve su necesidad, pese a que la región posee regímenes especiales como la zona franca y de incentivos por la Ley Arica, además de tratamientos aduaneros que ameritan una atención especial.

La gestión del delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado, está en entredicho, pues aún no ha logrado consolidar el trabajo de su gabinete y circulan fuertes rumores sobre otros tres seremis que estarían amenazados con el “sobre azul”. Mientras tanto, la región evidencia un alza del desempleo, un retroceso de su economía y la inversión pública más baja del país, en un escenario marcado por la falta de una cartera robusta de proyectos.

Vamos ahora al resumen de la edición de esta semana, ya que las noticias no paran en la región:

• Abrimos este newsletter con el Caso Narcomaderas y la revelación de un informe de la Aduana Nacional de Bolivia que contradice la versión que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota entregó ante el Juzgado de Garantía. En esa instancia, la Fiscalía aseguró que se respetó el Tratado de 1904, ya que la Aduana boliviana habría participado en la apertura de todos los contenedores con madera incautados.

• En otro ámbito, abordamos con el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) los efectos de la presencia de El Niño en las costas locales, entidad que a través de sus cruceros científicos confirmó que el mar aumentó en cinco grados su temperatura y que esta alza ha presionado a la anchoveta a buscar aguas más frías para sobrevivir.

• Incluimos también una nota con los resultados del balotaje de la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá (FEUT) y, tal como lo adelantamos hace dos semanas, el proceso está en pausa debido a una impugnación ante el TRICEL por incumplimientos al reglamento electoral.

• ¡Increíble! Aquí les contamos que existen 20 cámaras de televigilancia en el centro de Arica que se encuentran apagadas hace casi dos años, debido a un millonario litigio entre la Subsecretaría de Prevención del Delito con el proveedor Ingesmart SPA.

• Y cerramos con una nota cultural entrevistando al doctor en Antropología Carlos Choque Mariño, quien nos explica la particular celebración de las familias aymaras, que rinden culto a los santos y los difuntos cada 1 y 2 de noviembre en los cementerios de los valles, la precordillera y el altiplano.

Antes de comenzar la lectura, tome una agüita fresca de flor de Jamaica con canela compradas en el Terminal Asoagro, para pasar el calor que desde temprano nos invade. Mientras disfruta ese mate de color rubí intenso, le recuerdo que puede compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis en nuestro newsletter.

Narcomaderas: Aduana boliviana desmiente a Fiscalía sobre su participación en la apertura de 54 contenedores

Crédito imagen: El Mostrador.

Un informe de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) abrió una nueva y complicada arista en las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia, al contradecir la versión de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota sobre la participación de ese organismo en la apertura de los contenedores con madera incautados a 23 exportadoras bolivianas. La Fiscalía sostuvo que la Aduana boliviana había participado activamente en el procedimiento, lo que habría permitido dar cumplimiento al Tratado de Paz y Amistad de 1904, suscrito entre ambos países. Las cargas fueron incautadas ante la sospecha de que la madera estaba impregnada con drogas.

El documento fue presentado por el defensor Daniel Guevara Cortés al Juzgado de Garantía de Arica, como parte de la estrategia jurídica de las ocho empresas que representa a nivel judicial en el llamado Caso Narcomaderas. Todas ellas pretenden evidenciar que sus despachos decomisados no contenían drogas y que hubo anomalías en el procedimiento investigativo que dio a conocer el organismo persecutor el 8 de junio, calificándolo de una “operación mundial” por la incautación de unas 108 toneladas de sustancias ilícitas que incluirían clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina.

La comunicación oficial de la institución aduanera boliviana fue solicitada por el Consulado General de Bolivia en Arica el 13 de octubre pasado, con el fin de verificar si Chile cumplió la obligación del Tratado de Paz y Amistad de 1904, que le impone contar con la presencia de personal aduanero del vecino país en toda apertura de un contenedor amparado por la garantía de libre tránsito. En ese oficio, el agente exterior en Arica, Álvaro Cardozo Segurondo, aseguró que “no cursan en los registros de la Agencia Exterior Arica actas, fechas de apertura ni registros de intervención de funcionarios de la Aduana Nacional en las diligencias realizadas por las autoridades chilenas respecto a los mencionados contenedores“.

Respuesta aduana nacional bolivia

Y afirmó –de manera categórica– que la Aduana Nacional de Bolivia “no emitió autorización ni participó en las aperturas descritas, al tratarse de actuaciones enmarcadas en la jurisdicción penal y territorial de las autoridades del Estado receptor“.

El informe del agente aduanero boliviano estatal hace presente que la carga en tránsito de ese país está amparada no solo por el Tratado de 1904, sino también por la Convención de Tránsito suscrita entre Chile y Bolivia en 1937, en la que se reconoce la potestad de la Aduana Nacional para establecer sus dependencias operativas (Agencias Exteriores) en los puertos de Arica y Antofagasta con la función principal de supervisar, controlar y fiscalizar las mercancías cuyo destino u origen sea el territorio boliviano en régimen de tránsito aduanero internacional.

Del mismo modo, hizo presente que en las agencias bolivianas en el exterior también rige la Ley General de Aduanas N° 1990 y su reglamento para el control de sus mercancías.

Ese informe reiteró lo que ya había reportado el antecesor de Cardozo, el exagente exterior Nelson Rivera Michel, el pasado 1 de junio en una carta a la representante de un grupo de madereros, la abogada boliviana Anelys Salazar Watanabe. En esa misiva, el exfuncionario indicó que “corresponde señalar que la Aduana Nacional de Bolivia no recibió comunicación oficial, notificación o convocatoria por parte de las autoridades aduaneras chilenas para participar en los procedimientos de aforo o inspección física efectuados sobre las cargas observadas (situación por lo demás preocupante, ya que según instrumentos complementarios la Aduana Nacional es el único ente regulador y de tuición de la carga boliviana)”.

Nota

Ambas comunicaciones apuntarían al incumplimiento de la Resolución Exenta N° 6153 del Servicio Nacional de Aduanas, en cuyo punto 4 –sobre la fiscalización de las mercancías en tránsito desde y hacia Bolivia– establece que “las Aduanas de Arica, Iquique y Antofagasta, bajo cuya jurisdicción se encuentren los puertos habilitados para el libre tránsito, podrán fiscalizar las mercancías que ingresen, salgan o transiten por sus zonas, debiendo ser asociadas estas en forma previa a un análisis de riesgo en el área de drogas o contrabando, sin perjuicio que se trate de cargas acogidas al Tratado de Paz, Amistad y Comercio, suscrito en el año 1904, debiendo para tales efectos coordinarse con la Agencia Aduanera boliviana“.

Versión de la Fiscalía

La respuesta de la Aduana Nacional de Bolivia a la legación diplomática boliviana contradice lo expresado por el fiscal regional Mario Carrera Guerrero, en la audiencia de cautela de garantías realizada el pasado 20 de octubre en el Juzgado de Garantía de Arica. En su réplica a los cuestionamientos que hicieron los cuatro estudios jurídicos que actúan en defensa de las 23 empresas involucradas, el persecutor expuso que “ninguno de los contenedores fue abierto por Chile, todos fueron abiertos por la aduana boliviana a requerimiento de nuestros funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas”.

En su intervención precisó que “la Aduana de Bolivia es la que apertura, nosotros no podemos, porque efectivamente están amparados por el tratado de libre tránsito, por lo tanto, eso es importante efectivamente tenerlo presente porque ocurre día a día… Al menos, no he tenido noticias de que alguna vez la Aduana boliviana, desde hace más de 20 años, se haya negado a aperturar algún contenedor. Basta que la autoridad administrativa chilena lo requiera, ellos siempre han colaborado”.

Informe reservado de la Armada

Otro informe que deja dudas de la participación de la Aduana Nacional de Bolivia, cuya oficina está dentro del Puerto de Arica, es uno realizado por la Sección de Investigaciones Policiales Marítimas Norte, el cual fue incluido en el recurso de protección que presentó la compañía Valdir Afonso Wagner-Maderas Siempre Verde, para suspender la quema de la evidencia que realizó el Servicio de Salud de Arica y que hoy está en trámite en la Corte Suprema, a pesar de que los 48 contenedores incautados en esta operación –que estaban en el terminal marítimo local– fueron quemados en su totalidad entre agosto y octubre.

El documento es el Reservado N° 6853/107 del 29 de mayo de este año. En sus 37 páginas detalla el proceso de incautación y apertura de siete contenedores y las pruebas que se aplicaron y que dieron positivo a drogas, la coordinación con personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y la revisión de su giro y compradores en distintos países. Si bien es bastante descriptivo del procedimiento, el relato no advierte sobre la presencia de personal aduanero boliviano en la apertura de los contenedores.

Sobre una de las revisiones expuso lo siguiente: “Que, conforme con los resultados obtenidos durante las dos inspecciones, y conforme a las instrucciones impartidas por el Fiscal a cargo de la causa, Sr. Bruno Hernández Tuñón, se solicitó al Sr. David Henríquez Siles notificar al Agente de Aduanas de Bolivia respecto de las diligencias realizadas, quien ratificó haber efectuado dicha comunicación, dejando constancia de que la autoridad aduanera boliviana tomó conocimiento de las actuaciones desarrolladas sobre la carga”.

En otro fragmento del documento se establece que “con fecha 20 de abril de 2026, el Sr. Henríquez informa que el agente de aduana boliviana había dado la conformidad a la notificación remitida, relativa a la inspección practicada sobre las mercancías de los contenedores”.

Si bien en el Caso Narcomaderas aún no hay personas formalizadas por narcotráfico, la semana pasada las defensas de los empresarios madereros consiguieron que el Juzgado de Garantía de Arica fijara una nueva audiencia para el jueves 29 de octubre. En ella, el Ministerio Público deberá proponer un laboratorio de una entidad pública que reemplace al Instituto de Salud Pública (ISP) para realizar nuevos muestreos y determinar si hay drogas en la madera y, de ser así, en qué concentración.

El Niño provoca aumento de cinco grados en las costas nortinas

Crédito imagen: cedida.

Nubosidad abundante y el adelanto del verano es lo que se ha sentido en Arica durante el día y la noche desde fines de septiembre. Esas dos características inusuales tienen una sola explicación: el aumento de cinco grados de temperatura en el mar entre Arica y Antofagasta a raíz de la presencia de El Niño en esta zona, incremento muy por encima respecto de otros eventos de este tipo que se tienen registrados en la historia climática del Norte Grande.

La situación fue confirmada a Aquí Arica por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), entidad que mantiene vigentes expediciones a través de los buques científicos Abate Molina y Doctora Barbieri para monitorear el stock desovante de la anchoveta en la zona norte y realizar el XXIX Crucero Regional conjunto de Monitoreo de El Niño, acción que constituye un compromiso internacional de Chile, Perú, Ecuador y Colombia para estudiar el fenómeno.

Los cruceros científicos han detectado un alza inusual de la temperatura en el mar: 21 °C, siendo que en tiempos normales debería ser de 16 °C.

El jefe del Departamento de Oceanografía del IFOP, Jaime Letelier, señaló que este aumento de la temperatura en el océano “es solo una de las manifestaciones de este fenómeno, pero es la variable más fácil de seguir desde satélites y naves científicas. Detrás de esta perturbación en la temperatura del océano se esconde una profundización de las aguas subsuperficiales ante la entrada de aguas oceánicas, un debilitamiento de la surgencia costera”.

Este incremento no solo afecta a Chile, afirmó el científico, indicando que “las anomalías detectadas a través de percepción remota han llegado a +7 °C frente a las costas de Ecuador y Perú; es decir, corroboradas por mediciones en naves de investigación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Es decir, cuando las temperaturas para la época deberían ser de 16-17 °C en la superficie del océano, están siendo registradas entre 23 °C y 24 °C”.

Este proceso físico, argumentó el científico, “sostiene la productividad pesquera de nuestros océanos. En el caso del norte de Chile, la anchoveta se pega a la costa y se profundiza, quedando fuera de la pesca industrial por temas legales y quedando fuera del alcance de los pescadores artesanales porque sus artes de pesca no llegan tan profundo. Por otro lado, el jurel de tamaño comercial salió de la zona durante el primer semestre y apareció a la altura de Chiloé en julio. Por otro lado, hubo un repunte de la jibia y la sardina española”.

Esta contingencia de aumento de la temperatura en el océano ha sido reportada en boletines a las autoridades sectoriales y mesas de El Niño y Cambio Climático, constituidas en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Lo mismo se ha hecho con el Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales (CIICA) nacional, que es coordinado por SERNAPESCA, como también en boletines de los centros de investigación pesquera de Perú y Ecuador.

Sistemas para monitoreo

El IFOP mantiene una línea investigativa relacionada también con el cambio climático. La institución destacó como un acierto el que desde su creación en 1964 se haya optado por recolectar muestras de peces y de plancton marino y por efectuar observaciones oceanográficas, ya que este material les ha servido actualmente para evaluar el cambio climático en los ecosistemas nacionales.

Bajo esa línea, la entidad implementó el Sistema Operacional de Monitoreo del Cambio Climático y de Eventos El Niño en el océano, el que integra información recopilada por el mismo organismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el Servicio Meteorológico de la Armada (SERVIMET) y el Servicio Nacional de la Pesca (SERNAPESCA) y de otras fuentes nacionales e internacionales.

“El instituto maneja dos naves científicas (Abate Molina y Doctora Barbieri): una con más de 35 años navegando en aguas chilenas y que es la institución que más información oceanográfica recoge anualmente (3.200 estaciones todos los años, algunas hasta 1.000 metros de profundidad), evaluando la variación anual de la biomasa pesquera. Este Sistema Integrado de Observación Marina (SIOM), con una cobertura espacial desde México hasta la Antártica, ya ha sido reconocido por la ONU como una de las iniciativas nacionales que contribuye al Decenio de los Océanos (iniciativa de la ONU) y ahora por la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) como una herramienta necesaria para hacer seguimiento en tiempo casi real del desarrollo del evento El Niño”, expuso Letelier.

El fenómeno, al extenderse hasta el otoño del próximo año, según el experto, “generará un impacto en los procesos reproductivos anuales de estas especies, lo que implica necesariamente seguir monitoreando la evolución del evento a través del Sistema Integrado de Observación Marina (SIOM), cruceros acústicos y también a través de los muestreos biológicos que realiza IFOP junto a pescadores artesanales e industriales, e incluso en áreas de manejo sobre las que aún desconocemos el impacto, ya que no lo hemos podido cuantificar”.

El IFOP realiza estos monitoreos a través de cruceros científicos desde 1998. El de este año, que está en plena ejecución, ha incluido visitas a los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta, donde, además, se han reunido con autoridades y pescadores para informar sobre la evolución de El Niño.

Elecciones FEUT: impugnación por irregularidades deja en suspenso resultados del balotaje

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá (FEUT), realizada entre el 20 y el 21 de octubre, se mantienen en suspenso y bajo reserva debido a una impugnación por presuntas irregularidades. El balotaje se llevó a cabo luego de que ninguna de las cuatro listas postulantes obtuviera la mayoría absoluta en la primera votación.

Un sinnúmero de irregularidades expuestas en una impugnación presentada por el alumno gradista de Derecho, Johan Pérez, ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), puso en pausa la proclamación de la Lista 2 “Siembra Unidad” como la ganadora, que obtuvo la primera mayoría con 783 votos (53,6%), versus la Lista 1 “Para los estudiantes”, con 602 sufragios (41,2%), vinculada al Movimiento Gremialista y que cuenta con la participación de un militante del Partido Republicano.

Resultados del balotaje que el TRICEL mantiene en reserva.

La opción 2 se autoproclamó vencedora en su Instagram y luego fue felicitada desde esa misma red social por la Directiva Regional del Partido Comunista. Esto, pese a la instrucción del Tricel de esperar el acta de cierre con el cómputo oficial. De 8.631 estudiantes habilitados para votar, solo participaron 1.718 alumnos, cantidad que cumplió apenas el quorum de 1.594 votos que se requería para validar el balotaje.

Publicaciones proclamando el triunfo de la lista de la izquierda, pese a no haber cómputo oficial.

En medio del cuestionado proceso electoral se produjeron tres renuncias de los miembros del TRICEL y solo quedaron en funciones el presidente Sebastián Quiroz Caquisane y la secretaria de Comunicaciones, Constanza Rojas Sobarzo. También desertó el árbitro arbitrador, Benjamín Dueñas Carreño, quien fue el que propuso avanzar hacia el balotaje para “salvar” el proceso que pretendía reeditar la FEUT después de seis años sin poder elegir una directiva.

Aquí Arica intentó obtener una versión del presidente del TRICEL, quien se excusó de entregar declaraciones, argumentando que la impugnación a los comicios aún estaba en análisis y que podría pronunciarse una vez resuelta.

Las sucesivas renuncias de integrantes del TRICEL, motivadas –según lo expuesto en un acta del organismo– por afectaciones a la salud mental, hostigamientos y ciberacoso, dejaron al tribunal sin quorum para continuar su labor.

Así quedó consignado en el acta suscrita el domingo pasado, en la que se señala que “ante la imposibilidad de continuar operando, los dos miembros restantes (Sebastián Quiroz y Constanza Rojas) asumen la responsabilidad legal de custodia y resguardo de todos los documentos y antecedentes electorales (actas de escrutinio de los CEC, votos, colillas y expedientes de reclamaciones de la FEUT). Se procederá de inmediato a informar de esta situación al Consejo de presidentes de Carrera y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), para que se designe, en el más breve plazo, a los reemplazantes correspondientes que permitan restablecer el quorum y dar continuidad a la proclamación de los Centros de Estudiantes y a la resolución de las denuncias pendientes de la FEUT”.

Impugnación pendiente

La impugnación presentada por el estudiante Johan Pérez busca invalidar todo el proceso electoral y convocar a nuevas elecciones, ajustadas al reglamento aprobado en 2018 por la Contraloría Universitaria para los comicios estudiantiles de la Universidad de Tarapacá.

El gradista expuso que, desde los preparativos de la primera vuelta, hizo observaciones formales advirtiendo presuntas incompatibilidades relacionadas con los días de votación, la modalidad híbrida y online, la habilitación electoral, la publicación del padrón y la intervención de un ministro de fe pública.

Pérez enumeró una serie de anomalías que, a su juicio, ocurrieron durante la primera vuelta. Entre ellas mencionó la habilitación de la votación online, modalidad que –según afirma– no está contemplada en el reglamento; la decisión de realizar una segunda vuelta por sugerencia del árbitro arbitrador; la anulación de una mesa; y la invalidación de toda la votación electrónica en el campus Velásquez.

Al mismo tiempo, el estudiante reprochó que no se atendiera el reglamento electoral, que regula el balotaje y establece los plazos de campaña y la realización de dos debates para garantizar el proceso. También cuestionó que se insistiera en utilizar exclusivamente el sistema de votación online, pese a los problemas que presentó durante la primera vuelta.

En síntesis, la reclamación “se funda especialmente en la sustitución del procedimiento presencial del material de sufragio, la exclusión de una votación convocada para subsanar irregularidades y la falta de fundamentación suficiente acerca de cómo se conformó el resultado que sustenta el balotaje. Estos hechos deben examinarse conjuntamente y con los registros técnicos y electorales, diferenciando las infracciones acreditadas de aquellas cuya ejecución requiere comprobación”.

Municipio acusa que Subsecretaría de Prevención del delito mantiene 20 cámaras del centro inactivas

Crédito imagen: cedida.

Un dardo al funcionamiento del sistema de televigilancia lanzó el concejal del Partido de la Gente (PDG), Daniel Manríquez Zúñiga, al denunciar que algunas cámaras instaladas en el centro de la ciudad no están activas.

La respuesta vino de inmediato desde de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (Dipresegh) de la Municipalidad de Arica. En plena sesión del Concejo Municipal, realizada el 13 de octubre, el director de esa repartición, Sebastián Moreno Navea, reconoció que existen 20 aparatos que no están en funcionamiento y que corresponden a un proyecto financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Según su versión, permanecen desconectados a la red municipal porque habría un litigio pendiente con el proveedor.

El directivo confirmó que este equipamiento fue implementado a través del Plan Calle Segura a partir de 2020, en el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera. “Son 20 cámaras que no forman parte del sistema de televigilancia municipal, que cuenta con 232 cámaras. De estas 20, hay siete en el casco histórico de la ciudad y el resto está ubicado por el sector del terminal de buses. Este proyecto fue ejecutado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y fue entregado a la municipalidad, pero el municipio no tiene injerencia en ellas porque no están funcionando. Llevan casi dos años sin funcionar”, aseguró.

Moreno dijo que el municipio ha realizado gestiones ante la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) para obtener una solución “porque los postes que las soportan están ubicados en lugares estratégicos de la ciudad, como el casco histórico y el terminal de buses. Nosotros, como municipalidad, no podemos intervenir con un equipamiento nuestro, porque la empresa que está haciendo la demanda a la SPD puede ir contra nosotros. Estamos esperando que haya un pronunciamiento pronto”.

El directivo sostuvo que requiere los postes para la instalación de cámaras que estén conectadas con la red municipal de televigilancia, dado que están en puntos de alta afluencia de público.

Sobre esta denuncia, el secretario regional ministerial de Seguridad Pública, Pedro Álvarez Ortega, confirmó que las 20 cámaras inactivas corresponden al contrato suscrito con la empresa proveedora del servicio en referencia, que “finalizó en el mes de octubre de 2025, respecto del cual existe un litigio pendiente entre la empresa Ingesmart SPA y la Subsecretaría de Prevención del Delito dentro del Plan Calle Segura del año 2020”.

En efecto, este equipamiento forma parte de las mil cámaras para 66 comunas que fueron adjudicadas a Ingesmart SPA. El año pasado, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió poner término anticipado al contrato con esta firma por incumplimientos y aplicar multas superiores a los $3 mil millones. Sin embargo, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó a la Subsecretaría de Prevención de Delito que restituyera 17.510 UF ($705 millones) a la firma, que se encuentra en un proceso de reorganización concursal para evitar la quiebra.

El seremi en cuestión no hizo pública una fecha para que los 20 aparatos puedan ser utilizados.

Los santos y difuntos tendrán comida y música andinas en los cementerios rurales

Una particular celebración de santos y difuntos tendrá lugar el 1 y 2 de noviembre en los cementerios de los valles, la precordillera y el altiplano de la Región de Arica y Parinacota. La tradición comienza con una vigilia en las casas de los deudos, donde se prepara un altar con panes llamados t’ant’a wawas, elaborados con distintas figuras, además de licor y picante de guata y pata.

Luego viene la peregrinación a los camposantos. Allí, sobre las lápidas, se instalan mesas con comida y ofrendas para los difuntos. Cada cierto tiempo, bandas de bronce interpretan los temas que les gustaban a quienes ya no están en este mundo, mientras se suceden los brindis.

La celebración, denominada Ajayu Uru en lengua aymara, es descrita por el doctor en Antropología y académico del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá (UTA), Carlos Choque Mariño, como una herencia del culto a los muertos que realizaban las culturas prehispánicas y que tras la conquista española fue proscrita por el cristianismo.

“Hay que tener en cuenta que desde la conquista hispana en adelante, aproximadamente desde 1538, se prohíbe el desfile de las momias imperiales, por ejemplo, en los actos litúrgicos en el Cusco. Y hacia 1570, cuando llega el rey Francisco de Toledo, comienza a tomar una política junto a los jesuitas, una política mucho más agresiva, y simplemente se toma la decisión de no solamente prohibir, sino también destruir y quemar todo vestigio de cultos a las momias, porque este culto dificultaba la evangelización, pero las comunidades o los linajes incas siguen teniendo este culto a sus antepasados, a las momias, en sus comunidades de manera secreta”, explicó.

―¿En qué consistía ese culto?

―Les presentaban ofrendas en alimentos, como el maíz y otros más. Esto cambia en el período colonial y, dado que ya no están las momias, van cambiando de ingredientes, pero está la memoria de la persona que ha fallecido.

―¿Cuál es el cambio que experimenta tras la conquista española?

―Lo que vamos a encontrar en esta continuidad de la tradición incaica son ofrendas más coloridas, que incluyen los panes llamados T’ant’a wawas, con formas de escalera, cuyo significado es el ascenso al cielo, y animales con formas caballos y llamas, soles, lunas, aves y cruces asociadas al cristianismo.

―¿Por qué se hace la distinción entre el Día de los Santos y el Día de los Difuntos?

―Pese a que el mundo contemporáneo ha ido ajustando el calendario a los feriados laborales, la tradición contempla el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre y se hace en las casas de las familias andinas para venerar a los niños que han fallecido. Se monta una mesa que debe llevar un mantel blanco y sobre ella las ofrendas. Esa mesa se levanta y se comparte con los asistentes, mientras que el 2 de noviembre es el Día de los Difuntos por los adultos que han fallecido. Para ellos se monta una mesa con mantel negro, y ese ritual sí se hace en las tumbas con esos panes y todo lo que le gustaba a la persona muerta. También son infaltables las velas, frutas y la hoja de coca como ofrendas.

―Según las familias aymaras, este culto debe hacerse durante los tres primeros años que siguen al fallecimiento de la persona…

―La tradición dice que este ritual debe hacerse durante tres años. Al tercero, la creencia lo define como el despacho, es decir, se deja partir el alma que estaba aún entre los vivos. Antes, las familias se reunían para cocinar los panes. Pero con esto de que la vida es más dinámica, varias familias encargan a las panaderías estos panes, lo que les da más prestigio. Esto habitualmente está acompañado además de la comida y bebidas para agasajar al difunto. Se come por el difunto, no por los vivos. Esto es similar a lo que relata la película Coco, dado que el culto a los muertos es transversal en toda nuestra América. Tiene que ver con esta fuerte vinculación con el pasado.

―¿Por qué se usan las coronas de papel de colores?

―Es también un elemento de prestigio y un ajuar preciado. Cuesta encontrarlas y se ven mejor que las flores plásticas. Esto es como una ofrenda, digamos, simbólica e importante. Entonces, también, al igual que el pan, se encarga con bastante tiempo. No es llegar e ir a algún lugar y comprarlas, porque son escasas también en las zonas rurales.

―El 1 y 2 de noviembre se ven muchas bandas de bronces y lakitas tocando, a diferencia de los cementerios tradicionales…

―A diferencia de los cementerios donde hay mucho silencio, en aquellos adonde acuden las familias aymaras llegan bandas de bronce, la gente se relaciona, bailan ahí, le encargan temas que le gustaban al difunto. Yo recuerdo a una tía, una tía abuela, la tía Isabel. Ella decía: “Cuando yo ya esté muerta y se produzca tal fiesta, yo voy a salir a bailar”. Es decir, la muerte para esta cultura no impide que hagan las cosas que les gustaba hacer. Hay que recordar que las almas están tres años con nosotros antes de partir.

Las almas van y vienen al otro mundo. El día de los santos o el día de los difuntos, propiamente tal, abre una temporalidad en donde los muertos vienen y el domingo de tentación de carnaval las almas terminan por irse. Es decir, hay como tres meses en donde las almas pueden estar en este mundo. Y se van con el abuelo carnavalón, que es el representante, que es el máximo símbolo de los antepasados, porque es un antepasado, es el abuelo mitológico, es el abuelo fundador de todo.

―¿Dónde se puede ver esta manifestación cultural?

―Obviamente en el cementerio de San Miguel de Azapa, donde esta expresión está amplificada. Es una fiesta enorme de celebración a los difuntos. También ha ido apareciendo de manera tímida en el Cementerio Municipal de Arica.

MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD DE UN MAGISTRADO. Fue manejado con absoluta reserva desde 2005, pero hoy la causa por conducción en estado de ebriedad contra el magistrado del Segundo Juzgado Civil, Gonzalo Quiroz Espinoza, vuelve a circular a propósito de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presuntos delitos de corrupción pública vinculados a una sentencia sobre un loteo irregular.

Lo llamativo es que, en esa causa, en la que accedió a una suspensión condicional del procedimiento, Quiroz Espinoza se enfrentó a la entonces fiscal Ana Cortés Espejo, quien hoy se desempeña como procuradora fiscal del CDE y presentó la querella. El caso se remonta a la detención del actual juez, el 9 de septiembre de 2005, cuando conducía en estado de ebriedad por el sector de las calles Lastarria y Gonzalo Cerda.

Extracto del caso del juez Gonzalo Quiroz.

El Juzgado de Garantía aceptó la propuesta del Ministerio Público de suspender el procedimiento y evitar una condena, bajo las condiciones de que realizara trabajos comunitarios en una junta vecinal, firmar cada tres meses en Carabineros y fijar domicilio. Asimismo, dispuso la suspensión de la licencia de conducir por seis meses.

Llegamos al fin de la edición. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.