MERCADOS
El gremio afirmó que el estudio elaborado por la Fiscalía Nacional Económica refleja un «desconocimiento de la labor notarial», por lo que sus conclusiones «no son suficientes para fundamentar» las reformas formuladas.
Ayer martes la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó el informe final del Estudio de Mercado sobre Notarios, el que tuvo como hipótesis que “la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto”.
“Estamos convencidos de que el sistema notarial requiere una reforma profunda y estructural y no un simple maquillaje, debido al impacto que tiene la actividad de los notarios en la productividad y competitividad del país”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
Según precisó el informe, esto se traduciría en ahorros cercanos a los US$ 149 millones anuales para al país.
Ante esto la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, a través de una declaración pública, se defendió y aseguró que «resultan lamentables los términos ofensivos que la FNE utiliza para desacreditar las observaciones que se formularan a su pre-informe sobre el sistema notarial, lo que resulta inexplicable tratándose de un organismo público del que se espera un grado razonable de imparcialidad».
El gremio indicó que «el notariado es una institución jurídica, no económica, que, tal como ha sido reconocido por todos, es relevante y eficaz para el ordenamiento jurídico y la economía nacional».
Los notarios, conservadores y archiveros judiciales consideran que en su informe, la FNE no pondera «el ahorro vinculado a la justicia preventiva. Si sólo el 12% de las actuaciones derivaran en litigio para acreditar hechos ya establecidos en sede notarial, el Estado debería duplicar el número de tribunales, cuyo presupuesto anual, es de, aproximadamente, US$ 600.000.000. En esta materia, ignora también el mayor costo transaccional que significa para las personas, la judicialización».
Además, afirmaron que el informe «tampoco valora la pérdida, por parte importante de la población, de muchos servicios vinculados al rol social de este sector, como el ser orientador, consejero y configurador de documentos jurídicos y que la FNE califica, de manera inconcebible, como una labor ‘mecánica’.
Finalmente, desde el gremio sentencian que el estudio de la Fiscalía «presenta un sesgo metodológico importante, contradicciones e imprecisiones», lo que refleja un «desconocimiento de la labor notarial», por lo que sus conclusiones «no son suficientes para fundamentar» las reformas formuladas.
