La ciberseguridad, ¿a quién le importa?

Ante la filtración masiva de datos de correspondientes a más de 14 mil tarjetas de crédito recolectadas, principalmente a partir de transacciones comerciales efectuadas fuera del país, sale a debate, nuevamente, la falta de ciberseguridad en Chile. Este tipo de eventos no es nuevo y seguirá sucediendo, considerando cada vez mayor su visibilidad y las deficiencias tecnológicas en temas de seguridad de la mayoría de las empresas e instituciones y afectando cada vez más a las personas. Este problema no es menor si se considera que, para el año 2022, se estima que más de 6 mil millones de personas en el mundo serían objetivo de la ciberdelincuencia y que más de 200 billones de dispositivos en el ámbito de IoT (internet de las cosas) estarán conectados vía Internet como plataforma base.

Nuestro país no cuenta con una legislación moderna y flexible a los cambios. La legislación vigente es del año 1998 y no ofrece seguridad ni menos responsabilidades, obligaciones y penas de los distintos actores que intervienen en el uso y protección de datos y activos sobre plataformas tecnológicas. Es imperativo una nueva, moderna y flexible legislación, la que no requiere inventarse, solo considerar las mejores prácticas de, por ejemplo, la legislación de la Comunidad Europea (Ley de Protección de Datos Personales), algunas de USA y consideraciones propias de nuestro país.

Chile es muy débil y se caracteriza por acciones reactivas y generación de leyes para casos puntuales relacionados con la seguridad en internet, como la Ley del Pololeo y Filtración, Protección a Menores, Ley de Cibervenganza Pornográfica o Digital. ¿Qué Ley discutiremos ahora producto del hackeo de datos bancarios?

No podemos llenarnos de tantas leyes y proyectos para cada caso específico. Debemos trabajar de manera urgente en una de las legislaciones más importante de hoy día y esta debe constituir uno de los mejores paraguas de protección: la Ley de Protección de Datos Personales. Debe considerar no solo aspectos de tipificación de delitos y penas (que sean muy altas), sino también de derechos y obligaciones de todos los actores. Una mejor educación y buenas prácticas son hoy requeridas tanto en la actuación como en el uso de los datos sobre las distintas plataformas tecnológicas y, en particular, aquellas de índole social.