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Un acuerdo que nadie recuerda

por 21 septiembre, 2018

Un acuerdo que nadie recuerda
El lunes 31 de marzo del 2014, la Presidenta Bachelet presentaba en cadena nacional su proyecto de reforma tributaria. No se trataba de ninguna novedad, pues había sido uno de los pilares de su campaña, incluyendo entre sus propuestas la eliminación total del FUT.
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Los anuncios más importantes buscaban aumentar el impuesto a las empresas de un 20% a un 25%, haciéndolas tributar por todas sus rentas (base devengada) y no solo por las retiradas, pero –a diferencia de lo que hoy se cree– manteniendo la integración. “En efecto, con un sistema integrado, la equidad se da a través del impuesto personal”, señalaba el texto legal original.

El plan del Ejecutivo, que contaba con mayoría en el Congreso, era despacharla rápidamente y sin mayores modificaciones. Pero se encontró con varios tropezones en el camino.

En ese entonces, la oposición de los gremios empresariales fue unánime. El punto intransable para ellos era la eliminación del FUT. En la práctica, este mecanismo generaba que las grandes empresas retiraran en promedio solo el 30% de sus utilidades, pagando en definitiva sus dueños una tasa efectiva mucho menor a la que les habría correspondido. En pleno siglo XXI y con una economía normalizada, el FUT se parecía más a una gran y regresiva exención tributaria (equivalente, en 2013, al 100% del PIB anual chileno) que a un incentivo a la inversión, como fue originalmente pensado.

La disputa se dio por diferentes medios durante los meses siguientes: columnas, editoriales, anuncios de crisis y lobby sobre todo el arco político, con el fin de cambiar la reforma. Mientras eso ocurría, el Gobierno respondía con el ya famoso video que culpaba a “los poderosos de siempre”.

Así las cosas, el 8 de julio del mismo año se firmó en el Senado un protocolo de acuerdo entre el ministro Arenas y representantes de todas las bancadas, incluyendo a RN y la UDI, que estableció cambios en orden a fomentar el desarrollo de las Pymes e incentivar la inversión y el ahorro. Si bien algunos de ellos eran deseables, también se les concedió a los opositores de la reforma una importante modificación en lo que se había definido como “su corazón”: se crearon dos regímenes tributarios optativos, el de renta atribuida (con base devengada) y el semiintegrado. En este último, la tributación se siguió realizando sobre las utilidades retiradas (cambiando el registro del FUT por el nuevo REX), pero se logró establecer –a modo de contrapeso– que la integración se limitaría solo al 65% de los impuestos pagados por la empresa, y que la tasa de impuesto de primera categoría sería de 27%.

"Hemos venido con la convicción de que Chile necesita espacios de entendimiento", señalaba el senador Juan Antonio Coloma al momento de firmar el acuerdo. La reforma prometía mantenerse vigente durante décadas. Ese fue el principal argumento esgrimido desde el oficialismo para sellar el protocolo con la derecha, sin haber tenido necesidad numérica de hacerlo, a diferencia de las veces que hacia atrás se habían sucedido escenas similares durante la transición.

Pero pasaron solo 4 años y el Presidente Piñera, pese a todos sus llamados a los grandes acuerdos, prefirió pasar por alto aquel entendimiento tributario y volvió a anunciar en cadena nacional otra reforma, presentada ahora como “modernización”, cuya esencia –contenida en el mensaje enviado al Congreso– radica en “establecer un sistema único y totalmente integrado, en que los propietarios tributan en base a retiros efectivos”.

El Gobierno miente al señalar que la nueva reforma tributaria tiene el foco puesto en las Pymes. Reintegrar completamente el sistema es una medida que solo impactará en las empresas que hoy día tributan en el régimen semiintegrado (cerca del 15% y en su inmensa mayoría las más grandes). Es decir, el resultado concreto de una eventual aprobación del proyecto es la vuelta al FUT sin ninguna contraprestación.

Por otra parte, esta discusión se transformó en la prueba de fuego para toda la oposición, tanto para la ex Nueva Mayoría, que se lleva la carga de la prueba de defender el acuerdo que propició el 2014, como para el Frente Amplio. No existe, ni va a existir, otra iniciativa legal que interprete con tanta nitidez el proyecto neoliberal de Chile Vamos. El Gobierno lo sabe y está dispuesto a realizar concesiones individuales para conseguir su aprobación. Lo que está en juego son la coherencia y las convicciones.

Finalmente, toda esta historia deja un sinsabor al mostrar, en definitiva, la obstinada persistencia de un sector de la élite que no logra comprometerse con la posibilidad de que Chile alcance el desarrollo. Todos los países que lo han logrado han debido, en algún punto de su historia, combinar el crecimiento económico con la reducción de las desigualdades, que en nuestro caso siguen siendo simplemente escandalosas. Para ello se requiere, por supuesto, de empresarios exitosos, que ganen más pero que también contribuyan más, y que dediquen la mayor parte de sus energías a innovar en sus procesos productivos, más que a intentar mantener y profundizar situaciones de privilegio.

Los acuerdos no pueden ser recordados solo cuando se trata de mantener la cancha dispareja.

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