MERCADOS
La pista se pone cada vez más pesada al interior de la Clínica Las Condes, luego que inversiones Santa Filomena (Cecilia Karlezi) hiciera llegar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una denuncia con el fin de que se suspenda la próxima junta de accionistas. La petición se funda en que ninguno de los puntos que ha solicitado aclarar a la administración de Jaime Mañalich y Andrés Navarro han sido subsanados. Surgen, además, nuevos antecedentes, como la falta de recepción que han tenido en el camino con abogados de la CMF.
Tras no ceder y recientemente agudizarse, el conflicto finalmente explotó en Clínica Las Condes. Se anticiparon fuertes discusiones y el augurio se cumplió. Luego que la accionista Cecilia Karlezi, poseedora del 17,27% de la compañía, solicitara una junta extraordinaria a la compañía para revocar el directorio de la firma, todo luego que arrastrase por meses diferencias entre su representante en la mesa, el abogado Alejandro Quintana, y el resto del directorio. Malos resultados financieros, diferentes visiones del negocio y un mal entendimiento con los otros accionistas del centro de salud, los médicos, quienes han sido parte del detonante.
La paz está lejos de llegar al recinto del sector oriente y ahora la contienda tiene lugar en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Tras agotar las instancias informales, el abogado Quintana, en representación de Inversiones Santa Filomena, matriz de las acciones de Karlezi, presentó una denuncia formal reiterando una serie de ilegalidades advertidas en la citación a la junta de accionistas. El meollo del asunto es que dicha cita se llamó sin hacer eco de todas las aclaraciones previas de información que solicitó sus accionistas.
La denuncia se presentó ante el fiscal de la CMF, Andrés Montes, a quien, además, se le entregaron detalles sobre las desavenencias, entre ellas una serie de hechos que Quintana, en su calidad de director de la clínica, le ha correspondido presenciar y denunciar una serie de situaciones y conductas atentatorias contra la correcta administración de la empresa suscitadas en el corazón de su gobierno corporativo. La denuncia se funda en que en la sesión del directorio, realizada el pasado 20 de septiembre, que tenía por objetivo acordar la junta que establecería la polémica revocación, no sólo fue citada con infracción a las formalidades sino que también obvió todas las peticiones realizadas por Santa Filomena. Eso, aunque la dupla de Andrés Navarro (presidente de CLC) y Jaime Mañalich (gerente general) han señalado que han despejado las interrogantes y que, además, están realizando una gestión con el fin de poner a la clínica en números azules. Mañalich, además, ha dado varias entrevistas señalando que no hay un conflicto de poder en la CLC.
La denuncia ante la CMF, que se tilda de urgente por lo próximo de la junta de accionistas, se funda en algo que el representante de Cecilia Karlezi vienen diciendo desde hace ya varios meses, cuando se inició la gresca. Lo primordial para el abogado y su representada es la realización de una auditoría forense en todas las cuentas de la sociedad, la que deberá abarcar las causas de la disminución sistemática en los resultados a partir de 2014; la explicación sobre los trabajos realizados por la empresa auditora PWC en enero y diciembre de 2017, por diferencias contables e incobrables y; el estado de la recuperación de Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas y los Pagos Provisionales Mensuales de 2015, 2016 y 2017. También, requiere se aborden las fallas y posibles sobrecostos por implementación y funcionamiento del sistema informático SAP y, por último, la explicación de pérdidas patrimoniales, dentro de las cuales se cargaron alrededor de $13.000 millones, asegura la denuncia.
Contar con esa información al menos 30 días antes de la revocación del directorio les parece clave con miras a elegir nuevos representantes. Como no se contó con esa información con el plazo señalado, la citación a la junta, haciendo oídos sordos del resto de la información, sería, en palabras de la denuncia, ilegal.
Quintana, en representación de Karlezi, también solicita información de las consecuencias económicas del juicio por el despido del médico Manuel Álvarez y de los efectos en la reputación de CLC producto del fallo. A esto se suma una explicación sobre la suspensión de la compra y renovación de equipos médicos; información respecto a la relación comercial de la sociedad con las isapres y de la pérdida de pacientes de cuyos convenios con la clínica no fueron renovados.
Finalmente, el representante de la empresaria se refirió al agotamiento de las instancias anteriores, que no fueron fructíferas para el avance de las peticiones, apuntando además a la CMF, lo que lo llevó a hacer la denuncia formal. «Lamentablemente ha sido frustrante y aún más difícil por la visión del abogado de la Comisión para el Mercado Financiero, José Antonio Gaspar, quien ha entendido su rol público como creativo colaborador y facilitador de las estructuras de control existentes en empresas privadas sin verdaderamente interesarse ni proteger al accionista minoritario que busca simplemente no ser ignorado en sus intereses y en el ejercicio de sus derechos sociales», señala el documento.
