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Ni políticas ni estrategias: así no puede mejorar la economía nacional

por 23 noviembre, 2018

Ni políticas ni estrategias: así no puede mejorar la economía nacional
Ha quedado ya claro que no bastó el triunfo de Piñera para modificar las expectativas de los agentes económicos. Si bien mejoraron al asumir la presente administración, ellas han venido cayendo. Quizás una dificultad central es la baja conciencia en el equipo económico de que la economía, por la simple operación del mercado, no recuperará la capacidad de crecimiento.
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Seguramente son pocos los votantes que eligieron a Sebastián Piñera Presidente de la República que habrían imaginado que, pasados casi 9 meses de Gobierno, la administración se encontraría en la situación actual. En seguridad los avances logrados en La Araucanía han vuelto a un punto muerto, con el agravante que ha quedado en evidencia la profunda crisis que vive Carabineros, cuya palabra es recibida con profunda desconfianza por la ciudadanía.

En el campo económico, la situación tiene aspectos similares. Las cifras del Banco Central muestran una fuerte desaceleración. En efecto desde el 6,2% que alcanzó el crecimiento en 12 meses en abril, se pasó a 4,9 en mayo y junio, a 3,3 en julio; 3,2 en agosto y 2,3 en septiembre, todas cifras anuales. Por su parte, el desempleo pasó de 6,7% en el trimestre móvil julio – septiembre del 2017 a 7,1% en el mismo trimestre móvil de 2018. Aun cuando esta cifra puede estar influida por la fuerte inmigración, lo cierto es que en 12 meses se han creado solo 40 mil nuevos empleos, cifra muy lejana a los 150 mil nuevos empleos anuales que prometió el candidato Piñera. Una cifra positiva es sin duda el crecimiento de la inversión (7,1%), pero luego de varios años de caída aparece más como reposición que como expansión real de la capacidad productiva. Esta evolución ha generado desazón en la ciudadanía, lo cual empieza aparecer en las distintas encuestas. Mayor aún es la preocupación en el mundo empresarial que no ve acciones claras que permitan recuperar la capacidad de crecimiento perdido (cuestión que apareció con claridad en ENADE). Por tanto, si bien el crecimiento del PIB debería estar en torno al 4% en el presento año, para 2019 las expectativas se ubican muy por debajo de esa cifra. El propio Gobierno habla de 3,8%; el Banco Mundial de 3,5% y la CEPAL de 3,3%.

La pregunta central es, en consecuencia, si existen razones para esperar un recuperación significativa de la capacidad de crecimiento.

Ha quedado ya claro que no bastó el triunfo de Piñera para modificar las expectativas de los agentes económicos. Si bien mejoraron al asumir la presente administración ellas han venido cayendo. Quizás una dificultad central es la baja conciencia en el equipo económico de que la economía, por la simple operación del mercado, no recuperará la capacidad de crecimiento. Asociado a ello las principales autoridades en lugar de tomar medidas respecto de los problemas que se enfrentan, han desarrollado una fuerte campaña comunicacional para convencer al país de que todo va bien. Fue así como, por ejemplo, el ministro de Economía, en una entrevista en un medio escrito, señaló que el problema no era la desaceleración sino que habían pensado que las cifras “se explicaban solas y nos equivocamos”.

La gran apuesta del Gobierno es que las (contra)reformas, tributaria, laboral y previsional generarán las condiciones para desatar lo que el economista inglés John Maynard Keynes llamaba los “espíritus animales” del mundo empresarial. Sin embargo, esta presunción encuentra varias dificultades.

En primer lugar, parece cada vez más claro que, cuando se cumpla el primer año de Gobierno y se realice un balance de lo que hizo la administración, el resultado principal será la convocatoria de comisiones y la producción de informes y proyectos de ley, pero ningún avance en la tramitación legislativa. En segundo lugar, es claro que la recuperación de la capacidad de crecimiento requiere diálogos que permitan generar una visión compartida frente a los desafíos en este campo. Las reformas indicadas no solo no colaborarán a este diálogo sino que aumentarán el grado de conflictividad. En tercer lugar no aparece claro cómo un sistema tributario integrado, una defensa irrestricta de las AFP y una menor capacidad de negociación de los trabajadores ayudarán a terminar con el estancamiento congénito de la productividad, la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación, la falta de impulso de nuevas actividades productivas y la baja inversión en infraestructura.

Existe también un amplio consenso, compartido por los analistas locales y la entidades internacionales especializadas, de que el contexto internacional no es alentador. Si bien las expectativas de crecimiento de la economía internacional aparecen positivas, ellas están acompañadas por altos grados de incertidumbre asociados con la guerra comercial en marcha, los problemas políticos que afectan a los Estados Unidos (a lo que se suma el incremento de la tasa de interés y los anuncios de una eventual recesión hacia el 2020), las dificultades de la Unión Europea (el fortalecimiento de la ultraderecha, la crisis política y fiscal en Italia; las dificultades de la Gran Coalición en Alemania y el Brexit), a lo que se suman los múltiples conflictos bélicos que asolan varias regiones del planeta.

Tampoco parece que la política económica será de mucha ayuda. En materia fiscal, el aporte del Gasto público será bajo y el de la inversión pública mínimo (crecerá solo un 1,2% en el año 2019) y en lo monetario se esperan al menos tres incrementos de la tasa de política monetaria.

En este contexto es claro que hace falta una estrategia que permita enfrentar estas dificultades. Ese parecía ser el sentido de la comisión convocada por el Gobierno para proponer una estrategia de desarrollo integral y que era liderada por Alejandro Foxley. La comisión terminó su trabajo, entregó el informe pero luego de la foto (quizás el único logro del Gobierno al mostrar a importantes ex funcionarios de los Gobiernos de la Concertación participando en la iniciativa), este cayó en total olvido. El propio ministro de Economía, al hablar sobre la situación económica del país y de lo que se estaba haciendo para mejorar, ni siquiera mencionó el informe.

El problema es que predomina en la administración la convicción de que el mejor aporte que puede hacer el Estado respecto del desarrollo es dejar que opere el mercado y reduzca al mínimo su participación. Una dificultad adicional es que el informe no aporta mucho al debate. Su diagnóstico es autocomplaciente; como ha señalado Jorge Marshall “el informe omite toda referencia al contexto de la economía chilena en las últimas décadas. Olvida del todo el rol de la inversión extranjera o de los flujos de capitales de los 90; o el superciclo del cobre que se extendió hasta mediados de 2013. Tampoco hace referencia a las restricciones estructurales que gradualmente se han ido manifestando en los sectores de recursos naturales. En otras palabras, constata una declinación del crecimiento tendencial, sin indagar en las razones profundas de este fenómeno”.

El diagnóstico del documento elude los graves problemas que afectan a la economía nacional. Ello contrasta con la crudeza con que la revista liberal inglesa The Economist trata problemas similares que afectan a la economía mundial en un artículo bajo el sugestivo título “ La próxima revolución capitalista”. El artículo llama la atención sobre el deterioro de la reputación que ha sufrido el capitalismo (la mitad de los jóvenes estadounidenses no lo apoyan) como resultado del fuerte crecimiento de la concentración (en muchas industrial 4 firmas controlan dos tercios del mercado) el aumento nunca antes visto de las utilidades (las ganancias extraordinarias se estiman en 660 mil millones de dólares) lo que ha ido en detrimento de la participación de los salarios en la economía. Estos problemas se traducen un menor crecimiento, un menor dinamismo, un estancamiento de la productividad y una mayor desigualdad. Es poco lo distinto que un diagnóstico realista diría sobre la economía chilena. Si hay un mensaje claro del artículo, es que no se puede seguir haciendo lo mismo.

Ese es en cambio, el mensaje principal de “100 propuestas para el desarrollo integral de Chile”. El documento habla de construir sobre lo obrado (como si otra cosa fuera posible, pero apunta a negar la necesidad de una reorientación de nuestra matriz productiva); fomentar la competencia pero como propuesta genérica que parece más un saludo a la bandera; asegurar buenas instituciones y una buena política (el tema es, sin embargo, el cómo en una sociedad desigual y polarizada); se reconoce el problema de confianza y falta de legitimidad (cuestión que, sin embargo, el proyecto de reforma de las pensiones no toma en cuenta), se reconocen problemas en la educación, en las repercusiones del cambio tecnológico y se apuesta al diálogo (cuestión que no se observa en la integración a la comisión) y se propone la construcción participativa de estrategias globales y sectoriales y se dice un no al proteccionismo.

Frente a estos problemas no se observa un diseño estratégico, hay una suma de propuestas globales desconectadas unas de otras. Es poco claro cómo se pueden crear empleos de calidad si no se trata en el marco de una estrategia de desarrollo productivo y de promoción de la innovación. Se enfatiza la modernización Estado, pero al traducir la tarea en medidas se proponen generalidades, cosas que ya se están haciendo y cuestiones puntuales sin abordar de manera sistemática cuál debe ser su rol en el desarrollo.

Particular importancia (y con razón) se le da a elevar la inversión; no obstante, pone como elemento central la reforma tributaria y las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Propone que se desarrolle un plan de inversión en infraestructura, pero ello contrasta con el 1,2% que aumenta la inversión pública en el Presupuesto del 2019. No podía faltar tampoco la mención de mejorar el capital humano y eliminar los lomos de toro. Se trata, sin embargo, de tareas permanentes que no pueden generar el giro que se necesita. Hay un capítulo referido a la productividad que incluye propuestas como desarrollo de capital humano; simplificar regulaciones, mejorar evaluaciones de impacto de políticas públicas, cultura de cooperación, reforma del Estado. Especial énfasis se pone en el desarrollo del mercado de capitales, que en el fondo ha sido desde hace décadas una de la principales preocupaciones, pese a lo cual estamos como estamos.

Una vez más, el análisis falla en abordar los problemas de fondo: un Estado emprendedor que asuma sus responsabilidades sin perjuicio del aporte del sector privado; un compromiso real del Estado, las universidades y el sector privado con la innovación, un mejor equilibrio entre la preocupación por el déficit fiscal y el endeudamiento con el desarrollo de la infraestructura nacional, la salud y la previsión y la necesidad de convocar a todos los agentes económicos a desarrollar nuevas actividades productivas, cuestión crucial para recuperar la capacidad de crecimiento. Una estrategia nacional de desarrollo requiere además abordar los problemas a los que alude The Economist: la excesiva concentración, la débil competencia y las dificultades de la teoría tradicional de competencia para abordar los nuevos problemas, las grandes utilidades extraordinarias, entre otros problemas que obstaculizan el desarrollo sustentable.

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