«Comisión Rocío»: la arista que involucra a la señora del senador Jorge Pizarro en el complejo caso Tragamonedas

«Conforme a lo dispuesto en el artículo 9° del Código Procesal Penal y en el artículo 154 del DFL N° 3 de 1997, Ley General de Bancos, solicito a S.S. autorizar a la Fiscalía para requerir de los bancos que se indicarán las cartolas, los listados de transferencias electrónicas enviadas y recibidas, copias de cheques girados y depositados, como también copia de los comprobantes de depósitos de documentos efectivo, entre 1 de enero de 2012 y el 30 de mayo de 2019, respecto de las siguientes cuentas corrientes». Así reza un pasaje de una diligencia solicitada el 25 de junio en el marco del caso Tragamonedas.

Podría ser una más entre la gran cantidad de antecedentes que acumula la causa –que suma más de dos años de investigación– y que busca perseguir posibles delitos como lavado de dinero y asociación ilícita, entre exintegrantes de la Asociación Gremial de Operadores y Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos (Fiden). Pero lo cierto es que la diligencia cobra especial relevancia por los vínculos políticos que involucra.

La diligencia se conoció públicamente luego de que, el 3 de julio, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el levantamiento del secreto bancario de René Sepúlveda Vera, expresidente de la Fiden, de su pareja y socia, Carolina Miranda, como de otros de sus socios Carlos de Goes y Rocío Peñafiel Salas, esta última esposa del senador DC por la IV Región, Jorge Pizarro. Todos en calidad de imputados en la causa.

Esta arista en la investigación podría abrir una nueva caja de Pandora por sus vínculos políticos. Por ejemplo, el ya detectado con el exalcalde UDI, Pablo Zalaquett, quien actuó de lobbista en materias relacionadas con el negocio y que también tenía intereses en la industria.

La Fiden ha protagonizado una pelea de casi 10 años para que se regule el negocio del juego de tragamonedas fuera de casinos establecidos y que no se prohíba. Mientras eso sucedía, se destapó un caso confuso de influencias y lobby, que hoy pone a la esposa del senador Pizarro en el ojo público.

Todo se remonta a los masivos allanamientos que, en el marco del caso, se efectuaron el 23 de agosto de 2018, específicamente en calle Altamirano 2301 en la comuna de Independencia y en la casa particular de René Sepúlveda y Carolina Miranda en la comuna de Huechuraba. Tras esos allanamientos, se detectó el vínculo de esta dupla con la esposa del senador Pizarro.

Comprobantes por $ 1.330.000 y $ 2.392.000, planillas Excel que indican otros pagos por $3.770.000, cheques emitidos con manuscritos en el anverso que señalan «comisión Rocío» o simplemente «Rocío» por montos sobre los $6 millones, «comisión de marzo Rocío», «cierre del mes Rocío de mayo», «Rocío mes junio», «Comisión Rocío Benavente, Illapel y Salamanca» o simplemente «Rocío a secas», son parte de las varias decenas de documentos que se replicaron en carpetas, archivadores, cuadernos y documentos encontrados, y que dirigieron la mirada hacia la esposa del senador de la DC.

[cita tipo=»destaque»]»Yo no tengo nada que ver con empresas ni sociedad de estas máquinas de destreza y no he recibido ningún aporte de nada ni de nadie que esté en este tipo de operaciones comerciales. Mi señora tuvo una participación que es absolutamente legal, legítima, cumpliendo todas las normativas legales y con los correspondientes pagos a impuestos internos, así que yo no tengo nada más que agregar a eso», afirmó el senador Pizarro sobre el tema el día 3 de julio en un comunicado a La Tercera. Al ser consultado por El Mostrador Mercados, declinó –por injerencia de sus asesores y abogados– conversar del caso por tratarse de una investigación en curso.[/cita]

Los antecedentes hicieron cuestionar, por parte del Ministerio Público, la relación entre Sepúlveda, Miranda y Peñafiel. ¿Por qué la esposa del senador recibía pagos regulares en un periodo que va, al menos, entre 2013 y 2019, de los entonces socios de la Fiden?

Hasta ahora las indagatorias no han dado con ningún vínculo comercial conocido ni declarado entre Peñafiel, Miranda y Sepúlveda ni con sus sociedades que justifique los pagos. De allí que la indagatorias –a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda– hayan considerado que la consistencia y lo abultados de las decenas de movimientos bancarios pueden ser graves, pues además las salas de juego de los imputados están, precisamente, ubicadas en la Región de Coquimbo, donde Jorge Pizarro es parlamentario.

De acuerdo con la investigación, aparentemente no existe razón alguna para que Peñafiel sea receptora de millonarias sumas de dinero, ya que no tiene vínculo jurídico alguno que la ligue con estas personas ni con las sociedades que efectuaron los pagos periódicos ni tampoco consta su calidad de operadora como persona natural. Esa es parte del relato que construyó el Ministerio Público.

El monto de los pagos sugiere que Peñafiel sería socia, de manera informal, de Sepúlveda y Miranda en la explotación de negocios de tragamonedas en la ciudad de Ovalle, o que, eventualmente, dicha dupla sería una suerte de «testaferros», sin conocerse en detalle los acuerdos que existen con la esposa del parlamentario. De allí que el requerimiento para alzar el secreto bancario indicó que era mandatorio revisar todo el cruce de estos dineros, pues lo anterior podría constituir el delito de «corrupción», «cohecho», «soborno» y/o eventuales «delitos tributarios».

La delgada línea roja

«Yo no tengo nada que ver con empresas ni sociedad de estas máquinas de destreza y no he recibido ningún aporte de nada ni de nadie que esté en este tipo de operaciones comerciales. Mi señora tuvo una participación que es absolutamente legal, legítima, cumpliendo todas las normativas legales y con los correspondientes pagos a impuestos internos, así que yo no tengo nada más que agregar a eso», afirmó el senador Pizarro sobre el tema el día 3 de julio en un comunicado a La Tercera. Al ser consultado por El Mostrador Mercados, declinó –por injerencia de sus asesores y abogados– conversar del caso por tratarse de una investigación en curso.

Pero dentro de lo incautado, existen cuadernos donde se encontraron anotaciones que hablan de una relación ligada al lobby, tales como diversos manuscritos entre los cuales destaca: «Reunión, redactar una moción parlamentaria, Hacienda», «Alcaldes, definir la línea», «asesoría», «premio a la moción parlamentaria», «honorarios: UF1.500 de premio 33.150, UF1.000 señor Tudela, 6.000 millones» y «Cristián (alcalde). Apoyo para asociación».

Pizarro no quiso profundizar en detalles, remitiéndose –nuevamente por medio de sus asesores– a que no está siendo investigado. En efecto, él no está imputado en la causa, pese a que dentro de lo solicitado por el fiscal se cuentan una serie de informes tributarios del senador DC.

A la par, reiteró lo indicado en el comunicado de prensa de principios de julio: «doña Rocío Peñafiel mantuvo una relación comercial con empresarios vinculados a la explotación del giro juegos de destreza –siendo dentro de dicha relación receptora de ingresos–, los cuales se ajustan plenamente a toda la normativa vigente. Sobre lo mismo, descartamos en forma enfática que el senador Pizarro haya intervenido de alguna manera en dicho negocio. Lamentamos la vinculación maliciosa hacia el senador Pizarro a partir de una investigación en curso, cuyo resultado dejará establecida la inexistencia de intervención alguna por parte del senador».

Si bien para los más escépticos es difícil que la Fiscalía encuentre una hebra de financiamiento a la política, o que esto –igual que otros casos similares que terminaron en nada– tenga efectos, la pregunta es por qué Pizarro no advirtió sobre los intereses familiares en el negocio. Desde lo más reciente, en la 15° sesión ordinaria de Senado el pasado 8 de mayo de este año, el senador DC fue parte del grupo que debatió sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre máquinas de juego fuera del ámbito de la Ley de Casinos.

En febrero de 2018, Pizarro –junto a los senadores Alfonso De Urresti, Pedro Araya, Jaime Quintana y Rabindranath Quinteros– propuso que era necesario que dentro de la Ley N° 19.995 (Ley de Casinos) se incorporaran los conceptos de ludópata y ludopatía, y se indicó que los casinos realizaban «incentivos perversos» para atraer jugadores, buscando regular sus promociones y cursar multas por eventuales faltas.

Casi una década antes, cuando Pizarro era presidente del Senado en el año 2010, la Fiden le había pedido una audiencia para contarle que «frente a la iniciativa que forma parte del plan de medidas antidelincuencia que diseña el Gobierno, esta asociación inició una serie de gestiones ante las autoridades que partió hace un mes con un encuentro con el presidente del Senado, Jorge Pizarro, y que incluye solicitudes de reunión con los subsecretarios de Interior y Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos».

En la misma cita, su entonces presidenta, Mariana Muena, dijo haberles comentado a los parlamentarios en esa reunión que «con un nivel promedio de ventas de $24.721 millones mensuales, la Fiden estima que el total anual asciende a $296.652 millones, monto equivalente a unos US$618 millones, a partir de un parque de 649.976 máquinas».

De acuerdo con su declaración patrimonial, Pizarro está casado con separación de bienes y no declaró patrimonio de su cónyuge en la última actualización de este documento. 

Tudela, los casinos y SQM

Dentro de los antecedentes incautados a Miranda y Sepúlveda también surgieron datos en los que se menciona a un histórico lobbista de la Fiden, Carlos Tudela, un viejo conocido del senador Pizarro.

Carlos Tudela Aroca, quien optó por radicarse en Miami, es abogado, operador DC, ha estado vinculado a las causas de SQM, irregularidades en la Junaeb y fue imputado en la causa del Caso Tragamonedas. Se ha declarado a sí mismo parte del ala «guatona» de la DC y del grupo que unía a Jorge Pizarro y otros operadores, como Marcelo Rozas. «Tudela ha sido imputado en dos causas: en el caso SQM, donde fue formalizado por facilitación de boletas de honorarios falsas, sobreseído en 2017 y, en la indagación por anomalías en las licitaciones de las Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)», relató La Tercera en septiembre de 2018.

El abogado Tudela ha sido el vínculo con el mundo parlamentario para los proyectos de ley que perseguía el sector, pero tiene además viejos nexos en relación con su cercanía con Pizarro y a las asesorías que sus hijos prestaron a SQM. «Mantiene amplias redes en la falange, además de ser un histórico lobbista y asesor en el Parlamento. Sorpresivamente, su nombre apareció en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en torno al caso Penta-SQM, por el testimonio de la asistente de presidencia y gerencia general en SQM, Katherine Bischof, que aseguró que el abogado aparece firmando el retiro de un cheque dirigido a Ventus Consulting S.A., de los hijos del presidente de la falange. Un nuevo flanco para la complicada pista que enfrenta Pizarro», precisó un reportaje de El Mostrador de mayo de 2015, cuando recién se conocían detalles del caso.

Los «chascarros» familiares

Por diversos comportamientos familiares, esta no es la primera vez que la familia Pizarro sale al ruedo.

Además de la participación de los hijos en el caso SQM, cabe recordar que fue muy criticado el viaje que hizo el senador para asistir al Mundial de Rugby en septiembre de 2015, solo días después que la región que representa –Coquimbo– fue azotada por un terremoto y maremoto.

Pese al bajo perfil que cultiva la esposa del senador, otra polémica involucró a Rocío Peñafiel cuando salió a la luz pública, en diciembre de 2018: una lista de 68 autos asegurados por el Senado –con la empresa Mapfre y donde figuraba ella– y la cónyuge del senador Carlos Bianchi en la lista. Eso, aunque Pizarro aclaró que le descontaban el seguro por planilla.

Las páginas de diarios de la IV Región también han resaltado otro enredo familiar. Fernando Peñafiel Salas, cuñado del senador DC, enfrentó una formalización como conservador de Bienes Raíces de Ovalle, a raíz de una querella presentada por la Asociación de Canalistas del embalse Recoleta por los presuntos delitos de presentación de prueba falsa en juicio e infidelidad en la custodia de documentos. En septiembre de 2015 fue sobreseído.