Opinión
Son los días más oscuros desde el retorno a la democracia. Frente a las legítimas y crecientes manifestaciones ciudadanas por el alza del valor en el pasaje de la red de Metro de Santiago, el sistema político, el gobierno, el oficialismo e incluso algunos actores de oposición, desde la comodidad de sus escaños y privilegios, optaron por criminalizar el movimiento social. Buscaron minimizar la problemática, situándola única y equivocadamente en dicha alza. No obstante, el problema es mucho más profundo y no supieron leerlo. Olvidaron que las manifestaciones y la protesta social son instrumentos legítimos en democracia, pretendiendo acallarlas instaurando el toque de queda al más puro estilo de la dictadura.
La clase política no ha logrado comprender que las movilizaciones que se han generado no son casuales, ni lo son por este nuevo encarecimiento en el transporte público. Esto es el resultado de un proceso acumulativo de presión en el que viven millones de chilenos día a día, que deben ingeniárselas para sobrevivir con sueldos miserables, que no llegan a los $400 mil mensuales. En el caso de los adultos mayores es aún peor, pues deben sobrevivir con pensiones de hambre de apenas $138 mil.
Con ello, deben cubrir vivienda, alimentación, vestuario, transporte, entre tantas necesidades básicas más. Ni pensar en enfermarse porque ahí es cuando deben enfrentarse a otro de los dolores de cabeza de los chilenos. Un sistema de salud que los obliga a aguantarse largos meses e incluso años en las listas de esperas… sí, las mismas listas de esperas que el actual ministro de Salud, Jaime Mañalich, de manera mañosa, eliminó en el gobierno anterior de Sebastian Piñera, dejando sin atención a miles de personas.
A todo esto, sin duda hay que sumarle el mayor costo del servicio de la luz, los abusos de las AFP, de las Isapres, los casos de corrupción y el financiamiento ilegal de la política, PacoGate y MilicoGate, la colusión de las grandes empresas, el robo del agua, los perdonazos a grandes contribuyentes, la evasión de impuestos por parte del propio Presidente de la República, y cómo olvidar el actuar burlesco de los ministros de gobierno frente a las alzas y las demandas de los ciudadanos.
Todo esto ha sido caldo de cultivo para una olla a presión que le explotó en la cara al gobierno y a toda la élite política, que ha sido incapaz de dar respuesta a la crisis y ha renunciado a gobernar, entregándoles a los militares el control de la situación, dando un duro golpe a nuestra escuálida democracia.
La presencia de los militares en las calles se ha justificado por los ataques incendiarios y la destrucción de diversas estaciones de metro, lo que, sin duda, requiere condena transversal. Y pareciera que a algunos les duele más la destrucción de esta infraestructura de transporte, que el suicido de Jorge y Elsa, dos abuelos de Conchalí que no pudieron más con la angustia en la que vivían. A algunos les preocupa más las estaciones del metro, que la situación en que viven miles de personas de la tercera edad, o muchos chilenos que llegan a fin de mes a punta de tarjetas de crédito para comprar lo más básico, la comida.
Sería bueno que la clase política entienda que mientras a ellos les duele las estaciones de metro dañadas, las calles destruidas, etcétera, hay a quienes nos duele ver cómo viven nuestros adultos mayores, con sus pensiones de hambre, sin condiciones mínimas de salud. Duele ver cómo miles de familias hacen piruetas para educar a sus hijos, para sobrevivir día a día. A muchos hoy les duele la vida, por eso protestan, y la política debe hacerse cargo de eso, la política tiene que devolverle a Chile su dignidad y trabajar por una vida mejor para todos. Mientras no entiendan esto, seguramente seguiremos viendo manifestaciones, daños y, lo que es peor, el deterioro progresivo de nuestro sistema democrático.
Lo anterior no significa de modo alguno avalar los actos de violencia, ni las acciones de manifestantes ni mucho menos de agentes del Estado. Todos debemos coincidir en condenar los hechos de extrema agresividad. Sin embargo, hay que ser claros porque condenar la violencia no es incompatible con comprender la situación social que viven miles de chilenos día a día. Es urgente y fundamental entender que el desafío para los dirigentes políticos de todos los sectores, del gobierno y parlamentarios es estar a la altura de lo que los ciudadanos requieren para vivir mejor, sin buscar pequeñas ventajas políticas, sino poniendo por delante la calidad de vida de millones de familias que sueñan con un mejor Chile, donde vivir no duela.
