Además, anunció el establecimiento de un «ingreso mínimo garantizado» para todos los trabajadores a jornada completa de 350.000 pesos mensuales (unos US$480) y la creación de un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario para quienes reciben sueldos superiores a 8 millones mensuales (US$11.000 aproximadamente).Por otra parte, Piñera se comprometió con la creación de un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos , así como también la estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitiría anular la reciente alza 9,2% de la electricidad.
Aunque algunas figuras políticas —incluso de la oposición— han aplaudido estas medidas, otros han afirmado que lo que se necesitan son «cambios estructurales» (y no cambios «parches») para terminar con la desigualdad y la «cultura de abusos» que muchos denuncian que existe en Chile.
Para ellos, las autoridades deben modificar el modelo económico chileno que, desde el retorno a la democracia, ha «privatizado» diversos bienes como el agua y la energía.
Pero ¿qué tan importante son realmente estos anuncios de Piñera y qué es lo que continúan exigiendo los manifestantes?
Cambios «contundentes»
Para el periodista e investigador chileno, Ascanio Cavallo , el mensaje entregado ayer por el mandatario fue «contundente». Especialmente, dice, en cuanto a tres de las medidas: la que tiene que ver con las pensiones, la del ingreso mínimo garantizado y la de los medicamentos.
«Creo que es una respuesta al descontento. Subir el salario mínimo, por ejemplo, es una cuestión que puede tomar un año de discusión. Me podrán decir que sigue siendo bajo, sí, pero es el mínimo», explica a BBC Mundo.
Por su parte, Daniel Mansuy, director del Centro de Estudios e Investigación Social de la Universidad de los Andes, dicen que son medidas que «van a la vena, van al bolsillo de la gente y en ese sentido son buenas».
«Creo que con el anuncio, el presidente cambió el tono, el discurso, y debería servir para descomprimir algo del movimiento que, de lo contrario, podría haberse vuelto peor», afirma a BBC Mundo.
Ambos analistas, sin embargo, coinciden en que es muy difícil terminar con el descontento solo con un conjunto de medidas.
«No sé cuánto alcance tiene el mensaje de Piñera como para satisfacer el volumen de demandas que se plantea. Ahora, ningún gobierno de ningún Estado podría satisfacerlas todas porque son multitudinarias», asegura Cavallo.
Al respecto, el periodista agrega que «nadie puede decir que tiene perfectamente identificadas las demandas». «Creo que aquí hay cosas superpuestas que se juntaron tal como se junta la energía de un terremoto. Y eso hace aún más difícil de la solución», dice.
«Al gobierno se le estaba hundiendo el barco y evitó el hundimiento. Lo que no significa que esto esté resuelto ni mucho menos», afirma Mansuy.
«Creo que es imposible pedirle a Sebastián Piñera que realice reformas estructurales, siendo él un hombre de centro derecha, de la noche a la mañana», dice.
¿Cómo financiará el gobierno estas medidas?
El Ministerio de Hacienda de Chile cuantificó en US$1.200 millones el paquete de ajustes anunciados por Piñera.
El más costoso, señalaron, es el que tiene relación con las pensiones, que necesitaría de una inyección de US$500 millones.
Pero ¿de dónde sacará el gobierno chileno ese monto?
Si bien el ministro de Finanzas, Felipe Larraín, dijo que un tercio será por reasignación, otro por impuestos y un último tercio de déficit, el tema ha generado cuestionamientos entres políticos y expertos.
«Aquí vamos a tener que repensarlo todo y esta es la pregunta que viene para más adelante, porque quizás tendremos que revisar muchos presupuestos», dice Mansuy.
El académico agrega que «el gasto fiscal quedó muy presionado por la gratuidad universitaria (que se aprobó en el gobierno de Michelle Bachelet). Entonces la pregunta incómoda que habrá que resolver es si a lo mejor los pensionados no son más urgentes que los universitarios».
«Hay que volver a repensar las prioridades sociales», dice.
Por otra parte, Cavallo afirma que el Estado chileno «tiene plata todavía, tiene excedentes». «No creo que un gobierno como este se meta en temas de inflación. Además, se espera recaudar más a través de ajustes impositivos», afirma.
Demandas profundas
La explicación de por qué es tan difícil destrabar la crisis que está viviendo Chile tiene que ver con que el malestar está relacionado con un sistema económico que, según los protestantes, ha generado «abusos» en la población.
«Hay un malestar profundo del cual la clase dirigente en general no se ha hecho cargo y que se relaciona con la legitimidad del sistema, con la injusticia del sistema. Hay una bronca generalizada que a la clase dirigente le cuesta mucho ver porque está muy desconectada de la realidad cotidiana de la población», dice Mansuy.
«No estamos leyendo bien lo que está sintiendo el país. No tenía idea lo que estaba pasando bajo sus pies y eso es preocupante», agrega.
Ascanio Cavallo, en tanto, afirma que «las demandas son muy profundas y muchas tienen que ver con la sensación de abuso, con el trato personal» .
«Un problema será la tarifa eléctrica, sí, pero mucho tiene que ver con el trato personal y eso es una cuestión cultural que no se cambia de la noche a la mañana. Tenemos una relación envenenada y yo no las atribuyo a la estructura capitalista sino más bien a una cuestión cultural antigua», dice.
Y agrega: «Existe una sensación de agobio de la clase media baja de que vivir en Chile es extremadamente caro y de que los precios han subido sin subir los salarios. Y está ahogada».
Por todo lo anterior, tanto Cavallo como Mansuy ven poco probable que las medidas anunciadas por Piñera terminen realmente con el problema de fondo.
«No hay nada nuevo»
«Porque nos cansamos de las medidas parche, ¡la huelga general va!».
Con esa frase, la plataforma Unidad Social —que reúne a decenas de organizaciones sindicales a lo largo de Chile— convocó para este miércoles una nueva movilización para visibilizar el largo petitorio que hay detrás de la crisis en Chile.
Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, es una de las que convocó a esta marcha.
Para ella, «las calles han expresado el agobio, el abuso, la fractura social que hay en Chile luego de que el Estado privatizara derechos esenciales», dice
En conversación con BBC Mundo, la sindicalista asegura que, en los anuncios del presidente, «no hay nada nuevo».
«Vemos con desazón que, después de cinco días de protestas y manifestaciones, las medidas del gobierno están todas dentro del marco de proyectos de ley que hoy se están tramitando en el Parlamento o iniciativas prefijadas por el gobierno hace un tiempo atrás», dice.
A modo de ejemplo, Figueroa afirma que, a pesar de que el aumento del 20% de la Pensión Básica Solidaria es un «buen paliativo», no logra equipararse con el ingreso que le permitiría a un jubilado superar la pobreza. «Con la propuesta actual, estamos aún lejos de esa demanda», dice.
Para poner fin a las protestas, Figueroa asegura que el gobierno debe, en primer lugar, terminar con el estado de emergencia que permite al Ejército estar a cargo de la seguridad pública del país.
«Una de las condiciones básicas para intentar construir un diálogo social efectivo es terminar con la militarización de nuestro país», dice.
Además, asegura que el gobierno debe retirar el proyecto de pensiones que actualmente está en el parlamento para crear uno completamente nuevo, debe hacer un «aumento efectivo» del salario mínimo (y sin «subsidios del Estado»), detener las alzas en las tarifas del agua y la luz, entre otras, y, por último, convocar a una Asamblea Constituyente .
Sobre la desmilitarización, Daniel Mansuy asegura que, aunque debe hacerse «cuanto antes», también es importante tener en cuenta que «el gobierno no lo puede hacer mientras no se asegure de que las cosas no estén normalizadas».
«No se puede arriesgar a que se sigan quemando estaciones de metro. Su primera responsabilidad es el orden público», dice.
Con la situación actual, nadie tiene la respuesta de cuándo finalizarán las protestas.
Pero tanto Mansuy como Cavallo aseguran que, si bien pueden calmarse tras el mensaje del presidente, los políticos deberán «reaccionar».
«Si no, esto mismo se va a repetir en un tiempo más», advierte Mansuy.
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