MERCADOS
Los trabajadores de la entidad además advirtieron que las empresas más beneficiadas con el paquete económico del Gobierno son las grandes y medianas-grandes. Se llevarían más del 70% de los US$24.000 millones de créditos con garantía estatal.
Una mirada crítica de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del Covid-19, plantearon en un detallado análisis los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII).
En un documento interno, acusan que las medidas implementadas el Gobierno «ponen en un mismo plano el problema económico y el problema de salud”, lo cual se visualiza en que todavía “no se explicita un aumento de inversión en salud, insumos para protección y equipamiento del personal”.
En cuanto a las medidas concretas para los contribuyentes, la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (Afiich) advierte que en definitiva terminarán beneficiando al segmento de empresas más grandes y no a los contribuyentes menores que es donde debería estar focalizada la ayuda en estos momentos de crisis.
Así ocurre con la intención del Gobierno de entregar liquidez a las empresas, a través de un crédito con aval del Estado que se materializará a través del Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios (Fogape), un instrumento al que “incluso las grandes empresas pueden tener acceso”, señalan.
De este modo, aseguran que si bien “el Gobierno ha mencionado en los medios de comunicación que las grandes empresas deben recibir esta ayuda por cuanto de lo contrario se vería perjudicada la cadena productiva, es decir las pymes”, en definitiva las empresas más beneficiadas y que se llevarían más del 70% de estos US$24.000 millones, son justamente las grandes empresas y medianas-grandes.
En cuanto al financiamiento de las medidas, la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (Afiich) ponen el foco en que las nuevas medidas involucran US$2.000 millones que serán financiados con reasignaciones presupuestarias. Y esas se logran -denuncian- “recortando programas sociales y congelando la carrera de los funcionarios públicos”.
En este contexto, los trabajadores proponen otras fuentes de financiamiento, como “terminar con las exenciones y beneficios que no reportan utilidad para el país”.
“Hay beneficios que nunca fueron permanentes, sólo transitorios, y que hoy no tienen sentido. Anualmente suman US$ 9.300 millones, concentrándose alrededor del 80% sólo en las grandes empresas. El Gobierno comprometió el estudio y revisión de del gasto tributario para este año, hecho que no ha cumplido”, argumentan.
Junto con terminar con las exenciones y beneficios, plantean otros mecanismos no considerados hasta ahora como un impuesto a altos patrimonios, un sistema de sanciones proporcionales al daño patrimonial realizado y establecer un royalty minero.
