Causas judiciales ponen en riesgo la estrecha mayoría oficialista de Kast en el Senado

El Gobierno no gobierna el Senado con una mayoría política. Gobierna con una mayoría en suspenso, sujeta a lo que resuelvan distintos tribunales y fiscalías. Esa es la verdad incómoda que esta semana volvió a asomar con el allanamiento al senador UDI Sergio Gahona: el oficialismo ya no vigila tres causas judiciales que podrían quitarle el Senado. Vigila cuatro.

Pero el tiempo corre a favor de Kast. Hasta ahora.

Miguel Ángel Calisto —independiente de la bancada Evópoli— arrastra un desafuero que la propia Fiscalía no logra ni siquiera agendar —dos cortes se han declarado incompetentes o han suspendido la audiencia— y encima estrenó una segunda causa, la de Junaeb, con su celular ya en manos de la PDI.

Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (suspendido de RN) siguen investigados por devoluciones de sueldos de sus equipos.
Y ahora Gahona, indagado por el mismo caso Junaeb que golpeó a Calisto, entra a la lista de senadores oficialistas que un fiscal puede sacar de la sala con una sola resolución.

El dato que nadie en La Moneda quiere decir en voz alta es aritmético y brutal: el oficialismo tiene 26 de 50 escaños, el mínimo posible para ser mayoría. Basta que caiga uno para quedar empatado. Basta que caigan dos para dejar de ser mayoría. No es una hipótesis lejana: es una cuenta regresiva con cuatro nombres propios.

Esto no es una anécdota judicial aislada, es el precio de la fórmula con la que el Gobierno armó su bancada: sumó votos afines, no militantes, y ahora paga la factura de esa alianza construida sobre lealtades frágiles y prontuarios activos. Evelyn Matthei ya lo dijo sin eufemismos: perder esa mayoría significa depender del Partido de la Gente para blindar a los ministros de Kast de una acusación constitucional. Ese es el verdadero costo político de cada nuevo allanamiento.

El Gobierno puede seguir llamándolo “mayoría”. Pero una mayoría que depende del calendario de audiencias de cuatro tribunales no es una mayoría: es un plazo.

La oposición tampoco navega en agua limpia.Loreto Carvajal (PPD) aparece en la trama Bielorrusa por un pago de $300 millones para gestionar un nombramiento notarial, y Karol Cariola (PC) sigue imputada en el caso Chinamart por tráfico de influencias. A esa lista se suma, con un pie en cada vereda, Matías Walker: senador de Demócratas, también mencionado en la trama Bielorrusa por una transferencia que explicó como préstamo personal. Ninguna de estas causas tiene desafuero solicitado ni movería el quórum como sí lo haría un cuarto tropiezo oficialista.