MERCADOS
En varios sectores se han encendido las alarmas ante la iniciativa que propone que los afiliados al sistema de AFP puedan retirar hasta el 10% de su fondo con un mecanismo de restitución estatal mediante un bono de reconocimiento. Y no solo en el Gobierno. Expertos que integraron el grupo de economistas que elaboró la base técnica del acuerdo entre el Gobierno y la oposición -para el diseño del «fondo Covid»- cuestionaron la iniciativa. Aseguran que el proyecto «genera menores pensiones y un mayor costo para el Estado» y coinciden en que implica «costos fiscales permanentes que van más allá del acuerdo» [ACTUALIZADA]
En el Gobierno han dicho que, derechamente, es «una mala idea». Y en la oposición esperan que se ponga urgencia al proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de fondos previsionales. Esta iniciativa, que ha recibido homenajes y repudios, es vista con desconfianza por expertos que integraron el grupo de 16 economistas que elaboró la base técnica del acuerdo entre el Gobierno y la oposición para el diseño del «fondo Covid».
La economista de LyD Bettina Horst dijo a El Mercurio que el proyecto de se propone «genera menores pensiones y un mayor costo para el Estado. Si hoy el fondo de pensiones total es de US$ 200 mil millones, el 10% son US$ 20 mil millones que tendría que reponer el Estado. Eso va mucho más allá de lo que se trabajó en el acuerdo, porque el compromiso del acuerdo Covid era mejorar el seguro de cesantía».
«En vez de poner en jaque las pensiones futuras, veamos cómo mejorar el seguro de cesantía que sí era parte del acuerdo, porque sabemos que tiene deficiencias, que hay gente que tiene recursos, pero que no ha podido acceder porque no cumple los criterios», señaló la experta.
Horst enfatizó que «si hablamos de retirar fondos de AFP, estamos hablando de gente que tiene plata en el seguro de cesantía, no de la señora que nunca cotizó, que tampoco se beneficia con esto».
Sebastián Izquierdo, de Horizontal, añadió al matutino que «el Gobierno, el oficialismo y la oposición trabajaron en un acuerdo transversal para enfrentar de mejor manera esta emergencia sanitaria y económica a través del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y de la Ley de Protección del Empleo» y que «el retiro de los fondos implica costos fiscales permanentes que van más allá del acuerdo».
A su juicio, el retiro de fondos provocaría «un deterioro del sistema previsional» y, en una perspectiva de mediano plazo, «estas medidas adicionales van a dificultar converger a una deuda pública acorde al desarrollo de nuestro país», comentó Izquierdo.
Para Rafael Aldunate, del Instituto Libertad, hay mucho riesgo. «Sacrificar por una crisis de tres o cuatro meses unos fondos que ya están débiles y que son para un horizonte de 30 años, no hay donde perderse que la prioridad debe ser la pensión», señaló.
Aldunate coincidió con los demás expertos en que la iniciativa «puede arriesgar la consolidación fiscal que está en el acuerdo Covid».
En el entorno de economistas del grupo convocados por la oposición tampoco ven con buenos ojos el retiro de fondos, aunque plantean reparos al uso del acuerdo como un marco rígido para las políticas públicas futuras. “Es una pésima idea sacar el 10%, pero usar el acuerdo como un dique, no se sostiene”, comentan en reserva.
De ese grupo, Claudia Sanhueza, de la Universidad Mayor, coincide que “en ningún caso la idea fue que se diseñara todo, mucho del fondo aún no tiene un diseño específico”. No obstante, agregó que “los fondos son para financiar las pensiones y si los trabajadores los usan, es como si financiaran esta crisis con su ahorro individual que está destinado a la vejez”, subrayando que “si los trabajadores usan los fondos, perderán más adelante”. Por ello, enfatiza que “es la responsabilidad del Estado darles salida a las personas que están pasando por escasez de recursos”.
Sanhueza reafirma que “lo primero es evaluar el seguro de cesantía”.
