Opinión
Durante el último mes, las movilizaciones de los camioneros -en medio de un estado de excepción- han demostrado el beneficio que tienen algunos grupos de presión en el país, no sólo por la forma privilegiada en que se les permite manifestarse sino también por los beneficios que ya tienen y cómo pretenden extenderlos o mantenerlos. Lamentablemente, los camioneros no son los únicos en Chile que reciben un trato preferencial.
Los empresarios camioneros en Chile tienen un doble privilegio tributario, tanto por el IVA como por sus rentas. Estas distorsiones estimulan la sobre-expansión de un sector que contamina, congestiona y reduce el tiempo útil de las carreteras y, que ha terminado por inviabilizar una política de modernización de los ferrocarriles.
El hoy ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en 2018 señalaba: “En Chile, el impuesto específico al diésel es uno de los más bajos de la OECD, es ¼ del que pagan las bencinas y, a su vez, es devuelto en un 80% a la inmensa mayoría de los camioneros” “los camioneros pagan en IVA por su diésel un 5% del valor que pagan los usuarios que utilizan bencina; se les devuelve el 80% de ese pago y además cuentan con un régimen tributario especial para sus rentas, en virtud del cual “pagan poco o nada”.
El entonces académico Briones continuaba: “Esto significa que si un usuario de bencina paga aproximadamente $300 por litro en impuesto específico, un camionero paga sólo $15 por litro”. Este subsidio al uso del diésel y que va directo al bolsillo de los empresarios camioneros es una pésima política pública y que va en contra de cualquier política seria de desarrollo sostenible.
Lo insólito es que el gobierno logró un acuerdo con los camioneros que trae nuevas prebendas para los empresarios camioneros. Con esto, el gobierno contradice la posición de su ministro de Hacienda, los camioneros obtuvieron diversos beneficios, incluyendo el compromiso del gobierno a negociar la rebaja en el peaje. Por razones de transparencia, el gobierno debe informar el costo de los nuevos subsidios, en especial, el de la rebaja del peaje. Dados los convenios de concesiones, de concretarse una rebaja, el costo lo pagamos todos los contribuyentes.
Pero los camioneros no son el único grupo de presión que tiene asombrosos beneficios tributarios. En efecto, el monto total de tales beneficios equivale a 10% del erario público, suma a todas luces excesiva. En noviembre pasado, el ministro Briones se comprometió a revisar las exenciones tributarias en pocos meses. Lamentablemente, no acogió la idea de conformar un equipo técnico plural para ello. Al parecer, misiones del FMI y de la OCDE estarían colaborando en esta tarea. Sin embargo, ni el parlamento ni la ciudadanía han conocido de estos trabajos.
Los datos del SII muestran que las exenciones al impuesto a la renta representan un 2,07% del PIB, las exenciones al IVA suman 0,76% del PIB y las exenciones del impuesto a los combustibles corresponden a 0,03% del PIB, totalizando casi 3 puntos (2,86%) del PIB, esto es, alrededor de US$ 7.150 millones, es decir, más de la mitad del Fondo Covid. Entre los principales montos de las exenciones destacan el diferimiento del pago del impuesto (1,3% del PIB), y diversas deducciones que suman 0,3% del PIB. La principal exención es el tratamiento de rentas del sistema de fondo de pensiones (0,38% del PIB), seguida por las exenciones de leasing (0,28% del PIB), las rentas empresariales retenidas (0,26% del PIB) y el crédito especial para la construcción de viviendas (0,22% del PIB)
Por un lado, es de esperar que la consistencia del ministro Briones con el académico Briones logre imponerse a las presiones de La Moneda, los camioneros y del Ministro del Interior. Por otro lado, es de esperarse que los partidos de la oposición apoyan estas medidas y exijan el fin de las exenciones a camioneros y varios otros sectores de la economía. Además, esperamos que los partidos de gobierno no intenten agregar “letra chica” al fin de las exenciones. Como decía Briones en su carta “De cara al debate tributario que se avecina, sería deseable tener una discusión para avanzar en terminar con estos privilegios que no tienen justificación en una economía de mercado moderna y que sólo generan ineficiencias y desigualdad”.
