Tomás Jordán: retiro de reforma de seguridad es “una derrota” y freno a “pulsión autoritaria”

El abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, calificó como “una derrota” para el Gobierno el retiro de su propuesta original de reforma constitucional en materia de seguridad y sostuvo que el acuerdo alcanzado en el Congreso permitió contener lo que describió como una “pulsión autoritaria” del Ejecutivo.

Las declaraciones se producen luego de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con senadores de oficialismo y oposición para avanzar en una nueva iniciativa constitucional que reemplaza las propuestas inicialmente impulsadas por La Moneda.

El entendimiento fue coordinado por los senadores Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC), y contempla modificaciones constitucionales que, en determinados aspectos, equiparan el crimen organizado con el terrorismo.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, Jordán sostuvo que el cambio representa un retroceso político para el Ejecutivo, debido a las diferencias de fondo entre ambas iniciativas.

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“Es una derrota para el Gobierno. Es una derrota en el sentido que conceptualmente son dos reformas que son muy diferentes”, afirmó.

El académico explicó que su principal cuestionamiento a la propuesta original estaba relacionado con la distribución del poder entre el Presidente de la República y el Congreso, especialmente en materia de estados de excepción.

“La anterior no solamente buscaba establecer la idea del crimen organizado, además, lo que buscaba básicamente era un estado de excepción en el cual derivaba eventualmente en un constitucionalismo autoritario”, señaló.

Según Jordán, el proyecto presentado inicialmente por el Ejecutivo contemplaba entregar al Presidente amplias atribuciones durante un período de ocho meses, mientras que la nueva propuesta establece mecanismos de fiscalización y contrapeso parlamentario.

“Esta reforma, más allá de nuestras opiniones de detalle personal, tiene que ver con una reforma que se sostiene en el control y freno entre el Gobierno y el Congreso”, explicó.

En particular, destacó que la nueva iniciativa contempla la posibilidad de que el Parlamento revoque un estado de excepción cuando considere que han dejado de existir las circunstancias que justificaron su declaración.

“Es el Congreso el que en cualquier momento puede revocar el estado de excepción en razón de que no entienda que se justifican las razones que le dieron origen”, sostuvo.

El constitucionalista afirmó que las diferencias entre ambas propuestas no son únicamente de carácter técnico, sino que responden a concepciones distintas sobre el ejercicio del poder.

“Si nosotros tuviéramos que comparar ambas reformas, estamos hablando de dos lógicas inversas o contradictorias entre sí”, indicó.

Jordán precisó que la primera iniciativa concentraba atribuciones en la Presidencia, mientras que la segunda incorpora mecanismos de control legislativo. “Una de que le otorga todo el poder al presidente por ocho meses y la segunda, la que acaba de ingresar este miércoles, la que le otorga freno y contrapeso desde el Congreso”, afirmó.

Desde esa perspectiva, sostuvo que el Ejecutivo debió aceptar una fórmula constitucional distinta de la que originalmente pretendía implementar. “Obvio que es una derrota para el Gobierno tener que allanarse a una forma de entender la reforma constitucional totalmente distinta a lo que ellos estimaban”, señaló.

El académico también destacó que el episodio evidencia la capacidad del Parlamento para modificar iniciativas del Ejecutivo y limitar el alcance de determinadas propuestas gubernamentales. “Hay un elemento que es importante considerar, que es el rol del Congreso en la moderación de las políticas del Ejecutivo”, afirmó.

Como antecedente, Jordán recordó la discusión de la reforma constitucional sobre migración, en la que el Gobierno había propuesto ampliar los períodos de detención de personas extranjeras. Según explicó, la iniciativa original contemplaba una detención de 60 días, prorrogable hasta alcanzar 180, pero durante su discusión parlamentaria el plazo fue reducido a 30 días. “Pasó en la reforma constitucional sobre migrantes, que la primera propuesta era 60 días de detención, hasta por 180 y terminó siendo 30 días”, recordó.

Aunque precisó que esa reforma finalmente no fue aprobada, sostuvo que el debate permitió observar una dinámica similar a la que ahora se presenta en materia de seguridad. “No se terminó aprobando, pero quiere decir que hay un rol de moderación del Congreso respecto a las políticas del Ejecutivo”, afirmó.

Para Jordán, el reemplazo de la propuesta constitucional original por una iniciativa acordada entre parlamentarios de distintos sectores constituye una nueva expresión de ese papel moderador.

“En este caso, el reemplazo de una reforma por otra, claramente también va en la línea de contener este impulso, esta pulsión autoritaria respecto a la reforma constitucional”, concluyó.