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La licitación favoreció a la Universidad del Desarrollo, fundada por Cristian Larroulet, el influyente jefe del Segundo Piso de La Moneda, a la Universidad San Sebastián vinculada a la UDI y a la Universidad Autónoma, además de un grupo de nueve planteles de EE.UU., en desmedro del consorcio ASDIT (Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias), conformado por universidades nacionales como la Universidad de Chile y la PUC y casas de estudios regionales, centros internacionales de investigación y empresas relevantes de la industria nacional, junto a 50 gremios agrupados en la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Parlamentarios, rectores y el mundo científico cuestionaron el proceso de adjudicación, y acusaron que los trámites se hicieron entre “gallos y medianoche”, en un procedimiento marcado por la “opacidad”. Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, asegura que el proceso fue “transparente y limpio (…) no hay que politizar esto”.
La adjudicación a un consorcio formado por universidades ligadas a la derecha chilena y a planteles estadounidenses del mayor fondo para el desarrollo de las energías renovables y del hidrógeno, que asciende a US$ 192 millones, se ha transformado en todo un dolor de cabeza para el Gobierno, en especial para la Corfo.
La licitación favoreció a la Universidad del Desarrollo, fundada por Cristian Larroulet, el influyente Jefe del Segundo Piso de La Moneda; a la Universidad San Sebastián, vinculada a la UDI; y a la Universidad Autónoma (de propiedad de la familia Ribera Neumann, del excanciller Teodoro Ribera), en desmedro del consorcio postulante ASDIT (Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias), entidad conformada por las universidades de Chile y Católica, además de otras casas de estudios nacionales y regionales, centros internacionales de investigación y empresas relevantes de la industria nacional, junto a 50 gremios agrupados en la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).
Parlamentarios, rectores de universidades estatales y la AIA cuestionaron la adjudicación, y acusaron que los trámites se hicieron entre “gallos y medianoche”, en un procedimiento marcado por la opacidad. El mundo científico también tomó parte en el debate, y Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia de Ciencias, sostuvo que “esta decisión representa una desconfianza enorme en la capacidad de la comunidad científica chilena para hacer este tipo de desarrollos (…) es una falta de respeto. Fue un procedimiento de evaluación muy opaco”.
De hecho, senadores como Guido Girardi (PPD), presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Yasna Provoste (DC) y Alejandro Guillier (independiente por la Región de Antofagasta) y los diputados Luis Rocafull, Raúl Soto –jefes de bancada PS y PPD– entre otros, anunciaron además medidas como una sesión especial del Senado y comisión investigadora de la Cámara.
Desde la Universidad de Antofagasta (UA) y la Universidad Católica del Norte (UCN), también se pronunciaron y calificaron como “una gran decepción” la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) a un consorcio extranjero.
“Los rectores de la UA y la UCN creemos que la adjudicación del proyecto a un consorcio extranjero deja en un segundo plano a las universidades chilenas (…). Desplazar fuera de nuestras fronteras el protagonismo en estos temas es un error estratégico que tendría un grave costo para los planes de encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo sostenible y en el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos”, señalaron los rectores de las universidades de la zona.
En tanto, desde la AIA cuestionaron algunas falencias en el proceso, como “la ausencia de una instancia para poder presentar los contenidos de la propuesta al consejo directivo, tal como se ha hecho siempre en los procesos de adjudicación liderados por Corfo”, por lo que piden que el proceso de adjudicación sea revaluado.
“Cuando partió el proyecto en el Gobierno anterior tuve múltiples reuniones con el director de Corfo Eduardo Bitrán, siempre se entendió que este centro se iba hacer con los actores de los territorios. Sin embargo, cuando comenzó este Gobierno esto se transformó en algo espurio. En alguna oportunidad pude conversar con Sebastián Sichel cuando estaba en Corfo, pero tenía la cabeza en otras cosas”, acusó por su parte el senador Guillier.
A juicio del parlamentario por la región, la alternativa es una sola: “Hay que volver a relicitar (…) los procedimientos eran oscuros, las reglas del juego se fueron cambiando, los informes nunca se conocieron. Esto hay que solucionarlo”.
Sin embargo, esta opción de volver a licitar es descartada de plano por Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo. “Ellos tienen el derecho de dar la pelea hasta el final, y utilizar todos los recursos que les asigne la ley y la bases (pero) no podemos a mitad del proceso hacer modificaciones”, indicó. Además, sostuvo que “el hecho de que uno sea de una región determinada no corre (en la licitación)”.
Terrazas asegura que el proceso fue “transparente y serio”. “Se recibieron tres propuestas muy robustas (…). Se ha dicho que las platas van a ir a parar a universidades extranjeras y organismos internacionales, pero hay que desmentir esa crítica, la plata no va a ninguna universidad extranjera, queda en un instituto chileno, con domicilio en la Región de Antofagasta, con un directorio integrado por chilenos”, indicó respecto al consorcio extranjero conformado además por nueve universidades estadounidenses, entre las que se encuentra la Universidad de Harvard, MIT, Columbia, Princeton, Cornell, Pensilvania, Princeton, John Hopkins, Rochester y Yale.
El vicepresidente ejecutivo de Corfo añadió que se trata de un proceso iniciado a fines de 2018, donde se “privilegió la participación” y que fue “lo más estricto posible”. “Esto no se resolvió entre Pascua y Año Nuevo (…) no hay que politizar esto”, indicó, añadiendo que ya respondió a las dudas planteadas por la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado.
Terrazas aludió concretamente a la denuncia del senador Girardi, quien señaló que la comisión adjudicadora se reunió para sesionar el 24 de diciembre, una fecha escogida –según el parlamentario– para hacer pasar la decisión con “perfil bajo”.
Girardi añadió que fue advertido por los rectores de las dudas sobre el proceso y se comunicó con Pablo Terrazas para pedirle responder estas interrogantes antes de que se tomara una decisión. El vicepresidente de Corfo estaba citado a las 16 horas de este lunes, pero antes de la sesión parlamentaria se enteraron que el tema ya estaba zanjado. “Esto es una absoluta mala fe. Evidentemente uno tiene derecho a sospechar que aquí hay situaciones que no son correctas”, dijo el senador PPD.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se sumó a los cuestionamientos y planteó que “si no hacemos algo, todo va a quedar muy en entredicho, eso sería triste y preocupante y un retroceso”, mientras su colega de la PUC, Ignacio Sánchez, se quejó de la “falta de información” y señaló que le gustaría saber cuáles fueron las evaluaciones internacionales.
Sin embargo, desde Corfo dijeron que este proceso podría demorar hasta tener las actas de la reunión del 4 de enero, revisadas y firmadas por los participantes. Cabe consignar que hubo cinco integrantes que se inhabilitaron de la decisión. El mismo Terrazas no pudo votar por estar ligado en su calidad de vicepresidente ejecutivo de la Corfo a dos entidades que participaron de la licitación (Alta Ley y Fundación Chile, esta última participó junto a un conjunto de empresas). También se inhabilitaron los ministros de Economía, Ciencia y Hacienda y el consejero Eduardo Aninat, por estar ligados a algunos de los planteles que participaron en la licitación.
