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Clínica Las Condes interpone nueva querella contra un exgerente general: ahora acusa perjuicios por $8.500 millones tras «recibir pacientes Covid en exceso» MERCADOS Crédito: ATON

Clínica Las Condes interpone nueva querella contra un exgerente general: ahora acusa perjuicios por $8.500 millones tras «recibir pacientes Covid en exceso»

La clínica privada se querelló contra Fredy Jacial por el delito de “administración desleal”, imputándole que en el ejercicio en sus funciones como gerente general provocó un perjuicio de $8.500 millones al capital social de la empresa. La CLC afirma que recibió pacientes covid en exceso, derivados por la autoridad sanitaria durante el peor momento de la pandemia en 2020.


Por segunda vez Clínica Las Condes presenta una querella contra un ex gerente de su institución. Esto, debido a los perjuicios financieros que acusan tener debido a la pandemia.

Nuevamente por el delito de «administración desleal», la CLC se querelló esta vez contra el ex gerente general del recinto hospitalario, Fredy Jacial, a quien le imputan un perjurio de $8.500 millones al capital social de la empresa. La razón: «recibir pacientes de Covid-19 en exceso», durante el peor momento de la pandemia en 2020.

De acuerdo al líbelo interpuesto ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y consignado este viernes por Radio Biobío, se acusa que Jacial incumplió con su responsabilidad de reportar el aumento de pacientes con coronavirus al directorio de la sociedad anónima abierta. Según el escrito, en las sesiones de los miembros del directorio ampliado se manifestó la preocupación, frente a esto, «porque la derivación de infectados desde el sistema público ante la baja de camas críticas, provocaría un verdadero hoyo financiero».

Esto último «porque el arancel que Fonasa paga por atención cubría apenas el 50% de los costos». Además, el monto aludido, según el documento, aún no es cancelado por el Estado.

En octubre del año pasado, los dardos apuntaron a Jaime Hagel, también ex gerente general de la cínica privada, por la afectación del patrimonio social por más de $2.800 millones.

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