MERCADOS
El fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, explicó que el mercado del gas licuado residencial es motivo de preocupación para la autoridad de libre competencia. En noviembre del 2020 la Fiscalía Nacional Económica comenzó a desarrollar un estudio de mercado que abordará toda la industria, desde su producción o importación hasta su venta al consumidor final.
El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, asistió ayer junto a los jefes de las divisiones Anti-Carteles y Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Juan Correa y Sebastián Castro, respectivamente, a la sesión especial convocada por la Comisión Investigadora creada por la Cámara de Diputados y Diputadas para abordar la situación competitiva de la industria del gas licuado residencial.
En su exposición, el Fiscal explicó que este mercado es motivo de preocupación para la FNE, debido a que existen razones para estimar que la competencia podría no estar funcionando en forma adecuada y que, debido a ello, en noviembre del 2020 la Fiscalía comenzó a desarrollar un estudio de mercado que abordará toda la industria, desde su producción o importación hasta su venta al consumidor final.
Riesco agregó que hubo dos razones principales para que la FNE se enfocara en este mercado. La primera es que, pese a que el gas es considerado por ley como un servicio básico o un servicio de utilidad pública, está regulado por el Estado de una forma muy distinta que otros servicios básicos o servicios de utilidad pública, como la electricidad y el agua potable. Y la segunda es que esta es una industria altamente concentrada desde el punto de vista horizontal y vertical.
El Fiscal comentó que actualmente la FNE está terminando la etapa de recopilación de datos y que en septiembre emitirá el informe preliminar, que será publicado para recibir comentarios sobre su contenido. Luego, en octubre se hará público el informe final del estudio.
Sobre las consecuencias del estudio, el Fiscal precisó que, si se concluye que el mercado del gas no está funcionando adecuadamente desde el punto de vista competitivo, la FNE hará recomendaciones de modificaciones normativas al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía, para que el Estado de Chile adopte una política pública que aumente el bienestar de los consumidores nacionales.
