MERCADOS
Crédito: ATON (Contexto)
La carta que envió al gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, la presidenta y CEO de ACLI, Susan Neely sobre el retiro de rentas vitalicias que se debate en el Congreso de Chile, en la que pide que intervenga en el tema y eleve el caso al G20, generó críticas en parlamentarios de oposición, quienes cuestionaron esta presión ejercida. El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Jorge Pizarro (DC), señaló «las preocupaciones de las aseguradoras de EE.UU. por definiciones legislativas internas deben resolverse por la vía institucional y no debieran politizarse, ni menos contaminar las relaciones entre gobiernos, como pareciera ser el interés de estas compañías al enviar cartas al Congreso de EE.UU. y al presidente Biden». En tanto, la diputada FRVS Alejandra Sepúlveda, quien ha impulsado los anticipos para los pensionados por esta modalidad, y además preside la Comisión Investigadora sobre Rentas Vitalicias de la Cámara de Diputados, señaló que “nos parece gravísimo que hoy día estén colocando en tela de juicio el Estado de Derecho en Chile e instamos al gobierno que aclare esta situación lo antes posible, con las aseguradoras y con los organismos internacionales que correspondan”.
El gremio de aseguradoras de Estados Unidos, agrupadas en el American Council of Life Insurers (ACLI) está alerta a lo que puede ocurrir en Chile con el retiro de rentas vitalicias. Su postura es rechazar esta medida, por lo que están haciendo todo lo posible para que el Congreso chileno no apoye el proyecto. Su última jugada fue enviar una carta al gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden. En la misiva, la presidenta y CEO de ACLI, Susan Neely le pide que intervenga en el tema y eleve el caso al G20.
Esta presión ejercida por las aseguradoras estadounidenses fue criticada por el Senado. El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Jorge Pizarro (DC), señaló «las preocupaciones de las aseguradoras de EE.UU. por definiciones legislativas internas deben resolverse por la vía institucional y no debieran politizarse, ni menos contaminar las relaciones entre gobiernos, como pareciera ser el interés de estas compañías al enviar cartas al Congreso de EE.UU. y al presidente Biden».
«Existe una sede institucional para resolver las diferencias entre inversionistas y el Estado como es el CIADI y lo razonable es preferir el camino institucional más que el camino de la politización para resolver diferencias entre inversionistas extranjeros y la legislación propia de cada Estado», añadió.
En la misma línea, el senador PPD Guido Girardi criticó esta presión ejercida por las aseguradoras estadounidenses. «Hasta donde sé no somos vasallos de los EE. UU. y menos de las aseguradoras norteamericanas. Aquí hay un problema de soberanía y nos están amenazando con llevarnos a instancias internacionales. De ninguna manera se puede aceptar esta presión indebida, no somos vasallos de estas aseguradoras que pertenecen a grupos neoliberales ni de nadie”.
«En ese mismo contexto sería absurdo aprobar el TP11 justo cuando estamos haciendo la Convención Constitucional (CC) que va a cambiar las reglas del juego por un nuevo trato. Va a cambiar leyes laborales, derechos de salud, de educación, de agua… porque somos el único país del mundo que la tiene privatizada”, agregó.
«El TP11 significa renunciar a la soberanía porque permitiría a las trasnacionales judicializar cada una de las reformas con sistemas de arbitrajes no apelables en los tribunales y habría que pagar cifras millonarias a las trasnacionales”, cerró en esta materia.
En la Cámara de Diputadas y Diputados también hubo críticas a este llamado de las aseguradoras norteamericanas. La diputada FRVS Alejandra Sepúlveda, quien ha impulsado los anticipos para los pensionados por esta modalidad, y además preside la Comisión Investigadora sobre Rentas Vitalicias de la Cámara de Diputados, señaló que “nos parece lógico que, desde el punto de vista institucional, corporativo, las Compañías de Seguros estén haciendo todas las acciones que sean necesarias tanto nacional como internacionalmente. Sin embargo, nos parece gravísimo que hoy día estén colocando en tela de juicio el Estado de Derecho en Chile e instamos al gobierno que aclare esta situación lo antes posible, con las aseguradoras y con los organismos internacionales que correspondan”.
Asimismo, adelantó que no se quedará de brazos cruzados ante esta arremetida de las aseguradoras, y para que los aludidos en el gobierno norteamericano tengan toda la información “vamos a enviar al parlamento de Estados Unidos, las miles de denuncias que hemos recibido en contra de los asegurados, en términos de la falta de transparencia de éstas en los contratos, en los cálculos de las pensiones y en el procedimiento que hoy día se realiza precisamente para la captura de estos pensionados”.
“Y también, vamos a pedir a la OCDE a partir del convenio que tenemos con la Cámara de Diputados, que pueda hacer una comparación de la legislatura de los distintos países, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues queremos ver esta igualdad de trato que debería existir entre los pensionados chilenos y lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa . Esperamos tener esta información lo antes posible y queremos enviar todos los antecedentes, además, de la Comisión Investigadora, a Estados Unidos en relación al Mercado de Rentas Vitalicias chileno”, concluyó.
El diputado PS Juan Luis Castro añadió: «Pastelero a tus pasteles. Allá las grandes compañías internacionales que siempre van a tener lucro van a tener interés y ganancia, pero el pueblo otra cosa. Y el pueblo hoy día está muchas veces solapado, porque hay una clase media que no está visible en la miseria, pero está viviendo una pobreza creciente, silenciosa, esa pobreza, la que tenemos que tragar. Y ahí el cuarto retiro independiente del IFE universal y del Estado debe también ese retiro ser una ayuda social para el momento que vive el país y si se puede en la ley tener incluso 100% para el que están a punto de jubilar».
