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Desde la Cámara Chilena de la Minería del Litio plantean que “sólo en los últimos 5 años, nuestro país ha dejado de percibir importantes ofertas internacionales en tecnología e innumerables recursos económicos que habrían provenido de una explotación racional y sustentable de este elemento y a su vez negándole a miles de chilenos una oportunidad laboral”.
Luis Gallardo, presidente de la Cámara Chilena de la Minería del Litio, dio a conocer su molestia y la de su sector por la forma en como se han manejado los temas referentes al litio y el futuro de este sector.
Gallardo afirmó que “por espacio de más de 20 años, el negocio del litio ha estado secuestrado en manos de un grupo de poderosos que con su accionar han privado al país de ser líder en uno de los recursos claves para el desarrollo tecnológico y científico mundial”.
En la misma línea, agregó que “gracias a este irresponsable accionar, innumerables proyectos a nivel mundial que han buscado masificar la fabricación de baterías de litio y otros desarrollos tecnológicos como la electro movilidad, se han visto disminuidos”.
“Igualmente, la pequeña y mediana minería, productor potencial del elemento litio se ha visto seriamente dañada al tener que pagar durante años patentes de amparo de sus derechos mineros, sin poder desarrollar un proyecto, no obstante, de tener ofertas de tecnologías y financiamientos, pues los gobiernos han privilegiado a las grandes empresas perfectamente conocidas por la opinión pública”, complementó.
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Gallardo sostuvo que “el negativo efecto que esto ha tenido para la economía del país, no resiste análisis que pretenda justificarlo. Una vez más las decisiones de unos pocos, han lesionado los recursos de todos los chilenos. Es importante dejar en claro que este no es solo un problema de las pequeñas y medianas empresas con las grandes transnacionales. Es también un problema de transparencia, igualdad ante la justicia, abuso de poder, privación de derechos y acciones de autoridades que son objeto de sospecha”.
Desde la Cámara Chilena de la Minería del Litio plantean que “sólo en los últimos 5 años, nuestro país ha dejado de percibir importantes ofertas internacionales en tecnología e innumerables recursos económicos que habrían provenido de una explotación racional y sustentable de este elemento y a su vez negándole a miles de chilenos una oportunidad laboral”.
“Ante dos recursos de protección que suspenden la subasta de 160 mil toneladas de litio, el gobierno en su respuesta indica que la licitación no se circunscribe a un territorio geográfico particular, cabe preguntar: ¿Y qué otro territorio podría ser, sino donde está científicamente comprobada la existencia del elemento, el llamado triángulo del litio? A la luz de lo ocurrido en todos estos años y atendiendo a los actores involucrados, la respuesta nos parece más una desesperada excusa que intenta resolver el tema antes del cambio de gobierno”, recalcó Gallardo.
Finalmente, el presidente de la Cámara Chilena de la Minería del Litio sentenció que tiene “la esperanza que lo ocurrido en la Corte de Apelaciones de Copiapó sea el inicio de un nuevo proceso de transparencia para el litio y su futuro. Es importante que el país conozca qué proyectos se han perdido por la situación de abuso y privilegio de unos pocos”.
Cabe mencionar que luego de que el gobernador de Atacama, Miguel Vargas (PS), sincerara su rechazo a la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de asumir la representación y defensa del ministro y subsecretario de Minería en el marco de la causa que mantiene suspendida la polémica licitación del litio, la autoridad regional volvió a la carga. Esta vez, la autoridad regional solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó que se declare incompatible la defensa judicial del CDE en representación de las autoridades de la cartera y que sean los recurridos quienes asuman sus defensas judiciales.
El Gobierno Regional de Atacama, representado por Vargas, presentó la semana pasada un recurso de protección en contra el ministro y subsecretario de Minería para suspender y paralizar la selección, adjudicación de la licitación pública nacional e internacional para la exploración, explotación de los yacimientos de litio existentes en Chile, recurso que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Copiapó, al igual que el presentado por la comunidad indígena Colla Paiote.
«Las regiones también son parte del Estado, y específicamente los Gobiernos Regionales son parte de este sistema administrativo. Además, al CDE también le corresponde dentro de sus funciones llevar a cabo la defensa judicial de los organismos públicos, y entre ellos por cierto, todos los gobiernos regionales. Por lo tanto, no corresponde que en este caso un organismo tan relevante actúe más bien en contra de otro organismo público como lo es el Gobierno Regional», dijo la autoridad regional en un comunicado.
