MERCADOS
Crédito: Agencia Uno
La Asociación de Isapres apuntó que «vemos una vez más, con profunda preocupación, nuevas acciones de la Superintendencia de Salud contrarias a las garantías de un modelo regulado y que profundizan la crisis de sostenibilidad de las Isapres. Son hechos que desafían el compromiso que ha suscrito la autoridad para resguardar el bienestar de los tres millones de personas que han escogido el sistema».
La Asociación de Isapres emitió una declaración pública donde expresan su molestia con la Superintendencia de Salud y la acusan de una merma de $94 mil millones a raíz de la diferencia entre el 7,6% de tope establecido en marzo y los porcentajes que determinó la autoridad semanas atrás para el proceso de adecuación.
Cabe recordar que la Superintendencia de Salud reactivó el proceso de adecuación del precio de los planes de las isapres, el cual había sido suspendido por la Corte Suprema por el fallo que mandató a la autoridad a verificar y validar la variación de costos operacionales registrados por casa institución.
Ante esto, sostienen que «el criterio de cálculo que aplicó la Superintendencia de Salud no es consistente con las variaciones de los últimos tres años en el sistema, ni con la Ley 21.350 que fijó un mecanismo para establecer un tope máximo al alza».
Como prueba de lo antes mencionado, apuntan que «si bien la medición constató un alza en los costos», la «autoridad optó por autorizar un 6% promedio en las Isapres, valor que representa un tercio del incremento real de gastos, según consta en las resoluciones emitidas».
«La variación propuesta por cada Isapre no es antojadiza, pues responde a la siniestralidad real de las carteras de afiliados a partir de antecedentes que son permanentemente validados por la autoridad y que permiten justificar correctamente la adecuación en cada institución. En ese contexto, un cálculo mal ajustado a la realidad impide proyectar la operación hacia el futuro y arriesga los beneficios de los afiliados», acusaron.
Desmenuzando la información en cifras, subrayan que «el inexplicable método de cálculo que realizó la Superintendencia de Salud implicará una merca en la recaudación por $94 mil millones, que resultan de la diferencia entre el 7,6% del tope establecido en marzo por la Ley 21.350 y los porcentajes que resolvió la autoridad la semana pasada, para el proceso de adecuación 2022-2023.
«La recaudación y el reajuste de los precios, regulados legalmente, permiten a las Isapres hacer frente al aumento de los costos y mantener los convenios y beneficios de los afiliados. Por ello, lo ocurrido impacta aún más la sostenibilidad financiera, elevando las pérdidas en un sistema que mantuvo los precios congelados entre junio de 2020 y julio de 2022», adicionaron.
«Vemos una vez más, con profunda preocupación, nuevas acciones de la Superintendencia de Salud contrarias a las garantías de un modelo regulado y que profundizan la crisis de sostenibilidad de las Isapres. Son hechos que desafían el compromiso que ha suscrito la autoridad para resguardar el bienestar de los tres millones de personas que han escogido el sistema», sentenciaron.
