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Silva defendió rebajas de penas a dos exagentes de la CNI pese a fallos adversos de la Suprema
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El 7 de octubre, El Mostrador reveló que Luis Silva respaldó una rebaja de 19 meses para Patricio González, condenado por cinco secuestros. Ahora se conoce un segundo informe favorable a otro exagente, pese a que la Corte Suprema había confirmado el rechazo de ambos beneficios.
El subsecretario de Justicia, Luis Silva, defendió la reducción de condenas de dos exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), pese a que sus solicitudes habían sido rechazadas durante el gobierno anterior y esas decisiones fueron ratificadas por la Corte Suprema. El Mostrador ya había revelado el pasado 7 de octubre que Silva se allanó a conceder una rebaja de 19 meses a Patricio González Cortez, condenado por el secuestro de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyos restos permanecen desaparecidos.
La nueva información, publicada por BioBioChile, establece que el subsecretario también defendió el beneficio para Heraldo Velozo Gallegos, condenado por los mismos crímenes. En ambos casos, Silva remitió informes a la Corte de Apelaciones de Santiago sosteniendo que correspondía otorgar las reducciones de pena.
Los documentos concluyen que los condenados cumplían los requisitos establecidos por la Ley 19.856 y que no existían causales legales para excluirlos. “Esta Subsecretaría estima que el beneficio de reducción de condena solicitado debió haberse otorgado”, sostuvo Silva en ambos informes.
El antecedente revelado por El Mostrador
La investigación publicada el 7 de octubre bajo el título “El profe Silva abre camino a la libertad de exagente de la CNI condenado por cinco secuestros”, documentó el cambio de criterio del Ministerio de Justicia respecto del caso de González Cortez.
El exagente había solicitado una rebaja de 19 meses por buena conducta en Colina 1, pero el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, rechazó el beneficio en 2025, argumentando que el condenado no había colaborado con el esclarecimiento de los crímenes, conforme a los criterios del Estatuto de Roma.
Silva, en cambio, sostuvo que “la gravedad del delito, la naturaleza del bien jurídico afectado o la consideración de la entidad de la pena impuesta no constituyen causales autónomas de exclusión del beneficio”. Con ese argumento, respaldó la solicitud del exagente, quien, de aplicarse la reducción, habría cumplido su condena en septiembre de 2025.
En aquella publicación, el abogado querellante Francisco Bustos cuestionó la posición del subsecretario, advirtiendo que significaría otorgar una medida que podría conducir a la impunidad. Recordó que González Cortez nunca colaboró para encontrar los cuerpos de las víctimas.
Dos rechazos confirmados por la Suprema
Los nuevos antecedentes muestran que los beneficios solicitados por González Cortez y Velozo Gallegos fueron rechazados mediante decretos del 24 de septiembre de 2025. Ambos recurrieron a la justicia, pero sus acciones de amparo fueron desestimadas y la Corte Suprema confirmó esas resoluciones el 2 de diciembre del mismo año.
Pese a esos pronunciamientos, Silva defendió que el Ministerio carece de facultades discrecionales para negar una reducción cuando se cumplen los requisitos legales. Para fundamentar su posición citó fallos de la Corte Suprema de 2014.
La misma interpretación fue utilizada para beneficiar a César Luis Acuña Luengo, otro exagente de la CNI condenado por los cinco secuestros. En mayo de este año recibió una rebaja de 19 meses mediante un decreto firmado por el subsecretario Pablo Mira, actuando como ministro subrogante, después de que Silva respaldara la procedencia del beneficio.
Los tres exagentes fueron condenados por los secuestros de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, detenidos en septiembre de 1987. Según los hechos establecidos judicialmente, fueron arrojados al mar frente a Quintay y sus restos nunca fueron recuperados.
La controversia se suma a los cuestionamientos que enfrenta el Ministerio de Justicia por las reducciones de penas a condenados por violaciones a los derechos humanos y delitos sexuales contra menores de edad, mientras familiares de las víctimas buscan revertir judicialmente el beneficio concedido a Acuña.
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