El giro de la CMF que enciende las alarmas por riesgos en su autonomía

La instalación de Catherine Tornel como presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha sido intensa y ha generado más de una polémica. Pero la mayor preocupación que ha surgido dentro y fuera del regulador es que, con el giro que está teniendo bajo su mando, el factor político pese más que antes en el desempeño de una institución que fue diseñada para mantener su autonomía técnica independiente del Gobierno de turno.

Varios factores han encendido las alarmas, comentan fuentes que saben del tema. Uno de ellos es la inquietud de que ahora el regulador tenga una mano más blanda con los regulados, considerando que fiscaliza a más de 8.000 entidades que representan cerca del 74% de los activos del mercado financiero. Esta preocupación se basa en el actuar que ha tenido Tornel, quien se integró al consejo de la CMF, compuesto por cinco integrantes, en octubre de 2023, tras ser nombrada por el gobierno de Gabriel Boric. El 11 de marzo pasado el Presidente José Antonio Kast la designó presidenta en reemplazo de Solange Berstein.

Desde su llegada ha sido la integrante más disidente del consejo respecto de las sanciones acordadas por la mayoría contra empresas y ejecutivos que han cometido infracciones. En 36 ocasiones ha votado en contra pidiendo que no se apliquen las multas impuestas, que se reduzcan considerablemente o que derechamente no haya ningún tipo de sanción, según consignan las resoluciones de todo ese período.

Los últimos dos votos disidentes los emitió en junio pasado, siendo presidenta, para solicitar que no se sancionaran algunos de los casos por los que los bancos Itaú y Ripley fueron multados con 367 UF y 208 UF, respectivamente, por infracciones a la Ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.

El resto de sus oposiciones fueron antes de que la pusieran a la cabeza de la CMF. Por lo tanto, ahora que está al mando, la inquietud es que se imponga su visión en un consejo dividido y que se apliquen menos multas y sean más bajas.

Otro episodio de la era Tornel que da cuenta del giro institucional fue cuando a solo ocho días de haber asumido la presidencia de la CMF desvinculó a tres altos cargos de esa entidad: Daniel García, director general de Supervisión de Conducta de Mercado, José Antonio Gaspar, director general jurídico, y Nancy Silva, directora general de Estudios. La decisión generó sorpresa transversal porque no había ocurrido algo así en los casi nueve años de historia de la institución.

Si bien la presidenta tiene la facultad de hacer ese tipo de desvinculaciones, el vicepresidente Augusto Iglesias y los comisionados Beltrán de Ramón y Bernardita Piedrabuena expresaron su desacuerdo. Incluso de Ramón planteó que hacer un ajuste tan grande a pocos días de un cambio de gobierno “podría interpretarse como un daño a la autonomía técnica de la CMF”.

En una línea similar, el ex vicepresidente del Banco Central, Pablo García, sostuvo en una entrevista con CNN que “lo vi con algún grado de duda, de sorpresa, no esperaba que la CMF se comportara en su gestión interna como otro servicio público cualquiera, donde hemos visto cambios, eso es normal con los gobiernos. La CMF es distinta porque la estabilidad financiera es un objetivo que trasciende los gobiernos”.

A ello se suma el ruido que ha generado la relación más cercana que se ha visto entre el Ministerio de Hacienda y la CMF, algo inusual para un organismo con autonomía técnica. No es solo que Tornel haya sido coordinadora de mercado de capitales en Hacienda en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

A muchos les pareció extraño que el ministro Jorge Quiroz, el 19 de marzo -el mismo día de las desvinculaciones en el regulador-, adelantó lo que iba a hacer la nueva presidenta: revisar la regulación bancaria para ver si hay cargas excesivas en la entrega de crédito, especialmente el hipotecario.

Diferencias entre los comisionados

Las resoluciones sobre sanciones aplicadas por el consejo que gobierna la CMF muestran grandes diferencias de posturas entre los comisionados. Desde noviembre de 2023 hasta ahora Tornel lidera las disidencias con más de 30 votos en contra de la mayoría, de los cuales casi todos los expresó antes de asumir como presidenta. Le sigue Iglesias con nueve, quien ha disentido para pedir anular las multas o que se reduzcan, y todos esos desacuerdos los planteó antes de que Tornel escalara a la cabeza de la CMF.

En tercer lugar se ubica de Ramón, con cinco votos en contra, de los cuales cuatro emitió desde que Tornel es presidenta. Y en cuarto lugar está Piedrabuena con dos disensos, los cuales planteó con Tornel al mando. Todas las veces que de Ramón y Piedrabuena han mostrado desacuerdo ha sido para pedir multas más altas. En tanto, el único comisionado que no ha disentido es Osvaldo Adasme, quien asumió en abril pasado tras ser nombrado por el actual Gobierno para llenar el cupo generado con la salida de la ex presidenta Berstein.

Esto demuestra que hay dos tendencias marcadas dentro del consejo. Por un lado, Tornel e Iglesias son cercanos a la centroderecha y se inclinan más por un desarrollo menos regulado del mercado, por lo que plantean sanciones más leves, mientras que Piedrabuena y de Ramón están vinculados a la centroizquierda y se enfocan más en la estricta regulación de la industria, exigiendo sanciones más duras. Como el voto de cada comisionado vale lo mismo, el factor desequilibrante lo tiene Adasme, quien si bien fue nombrado por el actual Gobierno del Presidente Kast es conocido por tener un perfil más técnico e independiente. Hasta ahora ha votado, en general, en línea con Tornel.

Todos estos cambios han generado que Tornel haya pasado de ser la permanente opositora a liderar el sector que puede imponer su visión y que la disidencia ahora sean Piedrabuena y de Ramón.

Algunas sanciones recientes lo confirman: el 25 de junio el consejo aplicó una multa de 600 UF a LarrainVial Asset Management por fallas en el manejo de un fondo que terminó expuesto a Factop. La sanción fue acordada por Tornel y Adasme, mientras que Piedrabuena pidió una multa de 1.200 UF y de Ramón 2.400 UF. Iglesias no estuvo presente.

Luego, el 3 de julio, se aplicaron multas por 400 UF a BTG Pactual Chile y a Zurich Chile Asset Management en el marco del caso Factop. En la sanción a BTG estuvieron de acuerdo Tornel y Adasme, pero votaron en contra Piedrabuena que pidió 1.000 UF y de Ramón que exigió 2.000 UF. Iglesias tampoco estuvo presente. Y en la multa a Zurich el único disidente fue de Ramón al proponer una sanción de 1.600 UF.

Algunos actores advierten que estos casos podrían marcar el precedente de que en la era Tornel podrían aplicarse menos sanciones y con multas más bajas que antes. Este panorama es distinto al que había antes de que Tornel asumiera como presidenta, donde se imponían sanciones más altas y ella junto a Iglesias se mostraban en desacuerdo.

La primera vez que votó en contra de la mayoría del consejo fue el 9 de noviembre de 2023. Ese día, la presidenta del regulador de esa época, Solange Berstein, y los comisionados de Ramón y Piedrabuena rechazaron una reposición que presentó el entonces gerente general de Cencosud, Matías Videla, por la multa de 15.000 UF que le aplicaron por usar información privilegiada para comprar acciones del retailer. Es decir, confirmaron la sanción.

Los comisionados que se opusieron fueron Tornel y Augusto Iglesias, quienes pidieron acoger parcialmente la solicitud de Videla porque, según su parecer, no usó información privilegiada para adquirir acciones, sino que solo infringió el deber de abstención. Posteriormente Videla recurrió a la justicia para anular la sanción, pero sin éxito. En enero de este año la Corte Suprema ratificó íntegramente la multa de la CMF.

Otra resolución bullada fue cuando en agosto de 2025, en el marco del caso Factop, el consejo aplicó una multa de 60.000 UF a LarrainVial Activos AGF (la más alta de su historia), 15.000 UF a su ex gerente general, Claudio Yáñez, y 5.000 UF a los ex directores Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes. Tornel votó en contra y pidió no sancionar a los ex directores y levantar varios cargos formulados contra la AGF y su ex gerente general. Iglesias también se opuso y pidió multas más bajas. Al mes siguiente la CMF acogió parcialmente la reposición presentada por los sancionados, bajando un 20% sus multas, mientras que Tornel pidió no sancionar a ninguno e Iglesias solicitó reducir aún más las multas.

Mayor sintonía con el mercado

Diversas fuentes comentan que las desvinculaciones que hizo Tornel a solo días de asumir la presidencia las tenía planificadas desde antes que el Gobierno de Kast anunciara oficialmente su nombramiento. No fue algo improvisado ni antojadizo. Llevaba casi dos años y medio en el regulador, sabía muy bien cómo funcionaba y el rol que cumplía cada alto cargo.

Por eso se atribuye la salida de los directores generales, sobre todo de Daniel García y de José Antonio Gaspar, a que su estilo no calzaba con el de Tornel. Ambos habían generado tensiones con los regulados, especialmente los que habían sido sancionados. García dirigía el área de Supervisión de Conducta de Mercado que tuvo un rol clave en las indagatorias lideradas por la Unidad de Investigación que derivaron en multas históricas, como la de LarrainVial Activos AGF por el caso Factop.

Por su parte, Gaspar asesoraba jurídicamente al consejo en la aplicación de las sanciones y representaba a la CMF en los casos que se judicializaron. Como lo ratifica la cantidad de votos en contra que emitió contra las multas aplicadas durante la presidencia de Berstein, Tornel no compartía la visión más fiscalizadora y castigadora de García y de Gaspar que se plasmaba en las sanciones aplicadas.

A los dos meses de su salida, en el cargo de García fue designado Patricio Valenzuela, quien tiene una vasta experiencia en el regulador: ingresó a la Superintendencia de Valores y Seguros en 1998 y tras la fusión con la Superintendencia de Bancos, que creó la CMF, se ha mantenido hasta la actualidad. En tanto, el puesto de Gaspar lo ocupa desde principios de junio el abogado Diego Peralta, quien fue escogido a través de un concurso público.

La figura de Peralta genera ruido porque proviene del sector privado. Entre otras experiencias, fue socio y colíder del grupo bancario y financiero de Carey, estudio de abogados en el cual trabajó durante tres décadas, donde asesoró a empresas que son fiscalizadas por el organismo en el que ahora lidera el área jurídica. En ese cargo deberá asesorar al consejo en los procesos sancionatorios contra empresas y ejecutivos que infrinjan las leyes y normativas.

En ese contexto, algunos expertos en compliance plantean que la CMF tendrá un desafío institucional importante para gestionar los conflictos de interés que pueda enfrentar su nuevo director jurídico.

Donde ven con buenos ojos la llegada de Peralta y el giro que está dando, en general, el regulador, es en la propia industria. Fuentes del sector señalan que tanto Tornel como Peralta han trabajado en el mercado y saben cómo funciona, por lo que esperan que contribuyan a potenciar su desarrollo y a reducir el “ahogo regulatorio” que se ha generado en los últimos años, lo que ha hecho más engorrosos algunos procesos y ha aumentado los costos de operación de las empresas.

La CMF fue consultada para participar de este artículo, pero prefirieron no hacer declaraciones.