Investigador dice que Fernández Larios en EEUU “en este momento, es un número”

Impactados quedaron los familiares de distintas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en la época de Augusto Pinochet cuando en enero de este año la Inmigrations and Customs Enforcement (ICE) dio a conocer su listado de “Lo peor de lo peor”. El listado reunía a los 42 delincuentes extranjeros más peligrosos que habían detenido, entre ellos el chileno Armando Fernández Larios, exoficial de Ejército e integrante de la DINA.

En su ficha policial aparecía arrestado por homicidio y, tal como sucedía con los demás miembros del listado, su destino evidente era la expulsión inmediata del país. Pero surgieron algunas dudas. Como integrante de la red de inteligencia que participó en el espionaje previo al asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier y su asistente, Ronnie Moffit (en Washington DC, en 1976), en 1987 Fernández Larios firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, en función del cual se entregó en dicho país, aceptando su culpabilidad y cumpliendo solo cinco meses de prisión.

Por supuesto, eso no fue gratis. Como lo señala el mismo acuerdo, Fernández entregó las identidades de los agentes operativos que pusieron la bomba en el auto de Letelier y detalles acerca de cómo el crimen fue encubierto en Chile. En el acuerdo, el exagente aceptó someterse a pruebas de polígrafo (el “detector de mentiras”) y cooperar en todo lo que se le pidiera. 

Y aquí viene lo clave. En su punto “g”, el documento dice que “el gobierno de Estados Unidos también acuerda que no buscará deportar al Sr. Fernández desde los Estados Unidos hacia Chile ni cooperar en su extradición hacia Chile”, que es justamente lo que él alegó luego de su detención. Sin embargo, también se establecía que “si Fernández es condenado por cualquier otro crimen no cubierto por este acuerdo y que lo pudiera convertir en sujeto de deportación, el gobierno quedará en libertad de buscar su deportación”. 

Lo anterior dice relación con los otros crímenes en que participó, entre ellos, los homicidios cometidos por “La caravana de la muerte” y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, entre otros.

De hecho, en 2003 fue condenado civilmente en Estados Unidos por el crimen de Winston Cabello, asesinado en Copiapó por un grupo de uniformados, entre ellos Fernández Larios, en medio de la “Caravana de la muerte”. Aunque la justicia le ordenó pagar cuatro millones de dólares a las víctimas, Fernández Larios nunca lo hizo.

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El precedente

El 10 de julio el National Security Archive, que se dedica a la desclasificación de documentos reservados, dio a conocer una copia del acta de una audiencia de amparo, que dejó al descubierto varios datos respecto de la detención de Fernández. El primero de ellos es que en 2024 el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos citó a Fernández Larios y que este fue detenido el 27 de octubre de 2025.

En el recurso de amparo que el imputado interpuso el 20 de febrero de este año ante la Corte del Distrito Sur de Florida, este detalla que para ese entonces se encontraba prisionero en el centro de detención Krome, en Miami, una de las cárceles operadas por ICE, y alegaba dos hechos fundamentales: que su detención estaba en contra de la Constitución de Estados Unidos y que, además, violaba el acuerdo que él mantenía con el gobierno de ese país desde 1987.

El 19 de marzo de este año, sin explicación del motivo, el gobierno de Estados Unidos dejó en libertad bajo fianza a Fernández Larios. Una versión difundida por La Tercera indica que el imputado, de 76 años, salió de la cárcel debido a que dijo estar en “una condición médica mental deteriorada debido a su avanzada edad”, que es básicamente lo mismo que han alegado muchos de los exagentes en Chile. Sin embargo, quedó citado para una nueva audiencia que tendrá lugar en menos de dos semanas, el 5 de agosto. 

Al respecto, el abogado Francisco Ugás, que representa a la familia de varias víctimas de Fernández Larios, tanto por varios de los episodios de la “Caravana de la muerte”, como por el crimen del diplomático español Carmelo Soria, explica que el solo hecho de que Fernández Larios quedara en libertad es sintomático respecto de la importancia que tiene el exagente: “desde distintos medios de comunicación norteamericanos y mundiales hemos podido advertir de las extremas dificultades que tiene cualquier persona que se encuentra en Estados Unidos, que es detenida por ICE, para poder salir de los centros de detenciones en los cuales permanecen privados de libertad”. 

En ese sentido, precisa, “cuesta comprender que se le haya entregado la libertad condicional a este sujeto, que tiene estos cargos por participar en crímenes de lesa humanidad aquí en Chile”. Al menos desde 2016 existen peticiones de extradición en contra de Fernández Larios, aprobadas por la Corte Suprema chilena. Fuentes de tribunales afirman que ninguna de ellas ha sido respondida por Estados Unidos, sin perjuicio del proceso que se sigue en su contra en este momento por las leyes migratorias y que, pese a su libertad, está vigente. A tal punto que Fernández Larios sigue figurando en la página web del DHS. 

A ese respecto, Ugás indica que el único precedente que existe y que podría tener alguna semejanza es lo que ocurrió con el caso del exoficial chileno Pedro Barrientos Núñez, uno de los asesinos de Víctor Jara y Littré Quiroga. El abogado recuerda que en esa situación se pidió en múltiples oportunidades la extradición desde Chile, “pero nunca se nos contestó concretamente”. En 2013 se obtuvo información de que él, que se había naturalizado estadounidense, “había mentido en el formulario destinado a la obtención de la ciudadanía el cual, entre otras cosas, pregunta si el postulante ha participado en crímenes de derecho internacional. Él contestó que no y eso fue motivo para un proceso de desnaturalización”, el cual culminó con la expulsión de Barrientos desde Estados Unidos en diciembre de 2023.

Un número más

El investigador del proyecto Chile del NSA, Peter Kornbluh, quien dio a conocer por medio de Ciperchile el documento relativo al recurso de amparo de Fernández, dice a El Mostrador desde Washington DC que nadie sabe bien qué sucederá en la audiencia del 5 de agosto, aunque es claro que esta se refiere al estatus migratorio del exoficial de Ejército y recordó que la de Fernández Larios en EEUU “es una larga saga, pues no es la primera vez que ha estado bajo la presión de fuerzas de justicia dentro del gobierno norteamericano, que buscan echarlo, pues es un violador extremo de los derechos humanos, que ha cometido actos criminales de tortura y homicidio, la definición de un sujeto que está descalificado para estar en los Estados Unidos”.

Sin embargo, descarta que al día de hoy goce de alguna gran protección, pues aunque reseña que “no es un inmigrante normal”, asevera que dentro del rodaje de ICE “él, en este momento es un número, parte de la cuota que ellos tienen para echar inmigrantes”. Por supuesto, Ugás indica que en 1987 “había protección”, pero eso, asegura, ha cambiado.

De hecho, recuerda que en 2005, luego del fallo del caso Cabello, hubo varias discusiones a nivel gubernamental acerca del estatus de Fernández en Estados Unidos y paradójicamente, rememora el investigador, quienes estaban a favor de perseguir investigaciones en contra de Augusto Pinochet apoyaron la idea de que Fernández Larios se quedara en Estados Unidos, pues “necesitarían de él como un testigo en este proceso”. 

A ello se suman también quienes tienen posiciones legalistas al interior de la administración, “personas en el gobierno norteamericano que piensan que si lo echan no van a recibir cooperación de otros testigos en el futuro, en casos de terrorismo internacional”, debido a que expulsar a alguien con quien en sentido estricto se firmó un contrato significaría un mal precedente para quienes estén implicados en actos de terrorismo trasnacional y quieran cooperar con el gobierno de EEUU.

En todo ese contexto, Kornbluh señala que es muy difícil hacer una prognosis de lo que sucederá con Fernández, pero señala que una posibilidad es que el exagente sea expulsado “a un destino que no sea Chile necesariamente, sino a cualquier país como El Salvador, Congo, Namibia, México, donde Trump, está mandando a toda esta gente”.

Lea la sentencia de extradición contra Fernández Larios y otros

Lea el acuerdo de Fernández Larios con EEUU (en inglés)