La sentencia de la Corte Suprema en contra de Cruz Verde y Salcobrand por coludirse en el alza de precios de 206 medicamentos no solamente confirmó las multas por US$ 20 millones a cada una del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC), sino que las obligó a pagar las costas del juicio. En otras palabras, a correr con los gastos en que incurrió el Estado de Chile para probar el delito imputado, lo que es de común ocurrencia cuando se pierde un juicio.
En este caso, no será poco dinero dada la duración del proceso: fueron casi cuatro años, desde que el 9 diciembre de 2008 la Fiscalía Nacional Económica presentó el requerimiento por colusión en contra de Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada —que llegó a un acuerdo extrajudicial con la FNE y pagó US$ 1 millón— hasta la sentencia de la Corte Suprema el 7 de septiembre pasado.
“Las costas personales son los honorarios o gastos en abogados y asesores en las que el Estado tuvo que incurrir. Como los pactos de honorarios son confidenciales y la FNE es un órgano público, el tribunal deberá hacer un cálculo”, explica un abogado litigante.
La suma aún no ha sido fijada, pero abogados consultados por El Mostrador Mercados estiman que la suma podría alcanzar US$ 1 millón. La cifra se divide en partes iguales entre las dos cadenas.
Otro de los puntos a considerar para fijar la cifra es la actitud de buena o mala fe procesal de las partes. “El TDLC puede entender que la actitud de Cruz Verde es típicamente de aquellas que justifican un monto alto, dado el nivel de gestiones dilatorias que realizó para demorar el juicio”.
La cadena del viñamarino Guillermo Harding presentó siete recursos (dos en el Tribunal Constitucional, uno ante el TLDC, otro ante la Contraloría General de la República, uno ante la Corte de Apelaciones y dos ante la Suprema), sin ganar ninguno, lo que extendió el juicio hasta convertirlo en uno de los más largos de libre competencia desde la creación del TDLC.
Quince informes de expertos por más de US$ 1 millón
Para probar que el fallo del TLDC estaba equivocado las cadenas presentaron cerca de 15 informes de expertos, principalmennte en derecho, en su mayoría, ante la Suprema.
Salcobrand llevó la delantera y, según los abogados requeridos por El Mostrador Mercados, habría incurrido en un gasto cercano al US$ 1 millón, lo que se suma al pago de la defensa a cargo del estudio de Felipe Vial Claro, quien trabajó junto a sus socios Cristián Lozano, José Miguel Bulnes y Felipe Ossa.
A Cruz Verde, que contrató 21 abogados civiles y penales de distintos estudios de Santiago y Viña del Mar, la travesía legal le costó aproximadamente US$ 2 millones, sin contar los informes de especialistas.
Faltan, por último, las costas procesales que son aquellas asociadas exclusivamente al proceso. “Normalmente el pago de receptores y otros trámites. El monto no es tan alto y es objetivo: se calcula en función de los comprobantes que constan en el expediente”.
Cuando el 1 de abril de 2009, el presidente del TDLC, Eduardo Jara, les preguntó a los abogados de Salcobrand y Cruz Verde —Felipe Vial y Pedro Mattar, respectivamente— si estaban dispuestos a conciliar, respondieron que no.
De haber aceptado habrían corrido la misma suerte de su competidora Farmacias Ahumada que pagó una multa de US$ 1 millón y un plan de compensación a los clientes que ascendió a US$ 4,3 millones en devolución de dinero y descuentos. Asimismo, al conciliar, la FNE renunció a la demanda por colusión.
