Como pocas veces, en una empresa está de acuerdo el sindicato y la gerencia. Al menos en un punto crucial. “Cerrar La Nación es, antes que nada, una decisión política”, afirma el presidente del Sindicato 1 de La Nación, Víctor Pérez Muñoz. La misma frase sale desde una fuente en la administración.
Como se sabe, la Empresa Periodística La Nación, no es sólo el diario que dejó de circular en papel el año pasado. La compañía tiene dos filiales. También es responsable del Diario Oficial, que durante décadas ha sido el gran generador de utilidades para la sociedad que la controla: formada por el Fisco (69,26 %) y Sociedad de Inversiones Colliguay, un grupo de accionistas minoritarios (29,52 %), quienes sin embargo tienen el control de la empresa como consecuencia de una operación que se mantuvo oculta por años y que este medio reveló en 2009.
Según su Memoria 2011, la Empresa Periodística La Nación tuvo casi dos mil millones de pesos en utilidades (M$1.901.779). Aun cuando los ingresos bajaron en unos $4.000 millones por el “nuevo trato”, que impuso sobre el Diario Oficial la Ley 20.494. Ahora la constitución de sociedades se puede publicar en formato digital.
Paralelamente, gracias al formato digital hacia el que migró el diario La Nación, las pérdidas de la empresa lograron reducirse a cero. Lo mismo pasó con el argumento de que el diario perdía plata a raudales, como ocurría durante la Concertación, cuando por lo demás el diario público no fue inmune a la crisis de los periódicos a nivel mundial.
Otra unidad de negocios para esta curiosa sociedad entre el Fisco y los privados es Impresores Puerto Madero. En esta empresa se repiten casi todos los actuales directores de La Nación y la distribución accionaria de la propiedad es la misma.
La planta emplazada en Pudahuel es una de las cuatro imprentas más grandes de Chile. Desde 2004 es un negocio aparte de la Empresa Periodística La Nación y hasta 2010 tuvo ingresos por más de 5 mil millones de pesos; gracias a los contratos, entre otros, con los diarios Estrategia, Publimetro y el propio Diario Oficial, además de los catálogos para el retail y toda clase de piezas gráficas.
En agosto del año pasado, los accionistas de Puerto Madero anunciaron el “cierre ordenado” de la empresa y desde marzo que las máquinas solamente reciben mantención a la espera de que alguien las compre. El cierre, según consigna la Memoria, se acordó porque la compañía tiene pérdidas que a fines de este año iban a totalizar más de $500 millones.
Según Víctor Pérez, “la empresa tenía contratos vigentes que se terminaron de manera unilateral, como el de Publimetro, que duraba hasta octubre de 2012”.
Una fuente de la administración explica el cierre: “Se podía continuar, con la entrada de algún socio, pero por otro lado las máquinas ya estaban un poco viejas y básicamente hubo un acuerdo entre los accionistas de cerrar la imprenta”. Aunque la vejez de las máquinas es relativa, porque fueron adquiridas hace siete años, sin uso, lo que les entrega una vida útil de al menos una década más.
Pero esta atmósfera amistosa entre Colliguay y el Fisco —accionistas de La Nación y de Puerto Madero—, es relativamente reciente. Antes, apenas asumió el gobierno de Sebastián Piñera, las relaciones estaban en pie de guerra.
Especialmente después de que el gobierno encargara un informe al estudio Espina, Zepeda & Acosta (de Alberto Espina, Carlos Zepeda y Juan Domingo Acosta) cercano a La Moneda, el cual sostiene que el Fisco puede, como accionista mayoritario, disolver la sociedad. Tal como lo anunció el ministro Andrés Chadwick hace algunos días.
No obstante, cercanos a los accionistas agrupados en Colliguay, aseguran que “ese informe nunca lo hemos visto. Es un informe fantasma”, comentan.
Como sea, estas mismas fuentes afirman que la amistad entre Colliguay y el Fisco podría acabarse a partir de la junta de accionistas de este lunes 24, ya que se opondrían a la disolución de la sociedad. No por razones ideológicas, sino simplemente para resguardar sus intereses económicos en una empresa que sigue dando utilidades y ya saneó casi completamente sus pérdidas. “Es natural que se opongan porque están cuidando su plata, pero yo creo que llegaremos a acuerdo”, observa un cercano a los directores que representan al Estado.
Los sindicatos en tanto entregaron una carta en La Moneda, pidiendo que Sebastián Piñera reconsidere la decisión de cerrar el diario fundado hace 96 años.
Por mientras, la idea de llevar completamente el Diario Oficial a Internet aún no se completa. Básicamente porque no están digitalizadas todas las notarías de Chile. Mientras ese proceso concluye, el periódico, que en 2011 significó un ingreso para Puerto Madero de $272 millones, se imprime desde enero en los talleres de Copesa, el consorcio periodístico propiedad de Álvaro Saieh.
Esta decisión no fue consultada en las juntas de accionistas de Puerto Madero, según afirman cercanos al directorio, sino que surgió desde la gerencia, donde argumentan que “era, entre todos, el contrato más barato para la empresa, porque además incluía la distribución”, afirman. Precisan además que el contrato con Copesa “es de muy poca plata”, porque la tirada llega como máximo a los 3 mil ejemplares.
Paralelamente las bases para la licitación de Puerto Madero ya están a la venta y, según quienes han seguido el proceso, este ha despertado interés porque la oferta permite comprar todo, o alguna de las partes. Máquinas y también el terreno ubicado en la calle Puerto Madero 130, en la comuna de Pudahuel.
Cercanos al proceso señalan que entre los interesados estaría Copesa y la Empresa Periodística El Norte S.A. perteneciente a El Mercurio. Pero a nivel de la industria gráfica se sabe que ambos conglomerados renovaron sus maquinarias de impresión. En ese contexto, la apuesta de los accionistas, que se repartirán los dividendos de la venta, es obtener un buen precio por el terreno donde se ubica la imprenta.
