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Felipe Larraín asumiría rol clave en operación para tratar de salvar a Julio Pereira y encapsular tema fuera de La Moneda

Iván Weissman S
Por : Iván Weissman S Editor El Mostrador Semanal
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No es lo que el ministro de Hacienda hubiese querido encontrar al regreso de su exitosa participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde fue uno de los 8 poderosos chilenos invitados, pero el deber manda. Y ese deber ahora implica tratar de salvar a Julio Pereira como director de Impuestos Internos.

Fuentes al interior del gobierno, y cercanas a Hacienda, dicen que La Moneda ha decidido tomar distancia por el momento y le ha dado la responsabilidad al ministro Felipe Larraín para que analice los últimos acontecimientos y trate de buscar una solución que no implique la salida forzada de otro alto funcionario del gobierno salpicado por acusaciones de conflicto de interés.

El mes pasado el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, tuvo que renunciar por sus vínculos con el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, quien quedó en prisión preventiva y acusado de los presuntos delitos de soborno, cohecho y lavado de activos.

Las revelaciones publicadas el viernes por la revista Qué Pasa complican aun más la ya difícil posición de Pereira, cuyo rol en el «perdonazo» a Johnson’s está siendo investigado por la Contraloría.

El reportaje de Qué Pasa que señala que el abogado mantiene vínculos con Cencosud, al ser propietario del terreno que arrienda al holding en el Portal La Reina. Específicamente, Pereira y su familia recibirían $ 84 millones al mes como parte del contrato.

Cabe recordar que la condonación de más de US$ 100 millones hizo posible que Cencosud salvara a Johnson’s de la quiebra, pagando US$ 64 millones por el 85 %.

Pereira el viernes salió a defenderse, hablando de la «mala fe» del reportaje e insistiendo que fue la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) quien condonó la deuda tributaria a Johnson’s. Asimismo, Pereira argumentó que el sumario interno que lleva Contraloría era «el único instrumento establecido por la ley para resolver si en este caso hay o no alguna falta administrativa. El debido proceso exige esperar que ese sumario sea resuelto, lo que hasta la fecha no ha sucedido».

La Moneda salió a poner paños fríos a la polémica y tratar de distanciarse. La vocera del Ejecutivo, Cecilia Pérez, adelantó que conversará con Pereira y que el tema está «siendo analizado» por Hacienda.

Según una fuente de Palacio, el viernes había varios cercanos al Presidente Sebastián Piñera que habrían llegado a la conclusión que el escándalo del SII está teniendo un costo político alto y que no se esperaba. «Cada vez que parece que el problema se solucionó, vuelve, y con más fuerza. Nadie quiere ver a Pereira tener que renunciar, pero parece que cada día se hace más inevitable», explica la fuente.

Pérez hizo hincapié en que Pereira “ha declarado la situación, ésta es una situación que tiene más de 13 años de antigüedad, donde hay consultas a la Contraloría según lo que él nos ha señalado, y el pronunciamiento de la Contraloría nos ha señalado que no habría incompatibilidades”.

Sin embargo, no se le dio un apoyo a ciegas, ya que al ser consultada acerca si el gobierno estaba al tanto de lo que publicó Qué Pasa, la portavoz de La Moneda declaró que “en términos formales no, en términos públicos, por cierto. Existe hoy día a través de transparencia cada uno de los funcionarios públicos tiene que declarar tanto los bienes como los intereses que tengan tanto cuando asumen una función como cuando dejan de asumirla”.

Otra fuente, próxima a Hacienda, señala que la situación incomoda tanto al ministro como al Presidente en forma personal, ya que ambos le tienen estima personal a Pereira y creen que su error ha sido más una falta de criterio y no que haya cometido actos ilegales.

Por ley, el jefe directo de Pereira es el ministro de Hacienda y, por ende, es hasta cierto punto lógico que Larraín tome el rol protagónico en el tema. La misma fuente cercana a Hacienda prevé que lo más probable es que no se tome una decisión apresurada y que La Moneda desea que no salgan nuevos antecedentes mientras se espera el resultado de la investigación de Contraloría.

Pereira es abogado de la Universidad Católica y magister en derecho de la Universidad de Duke. Alumno del Colegio Tabancura, el mismo donde estudió el ministro Larraín, aunque los separan 7 años. Hizo toda su carrera en el ámbito tributario en PricewaterhouseCopper (PwC), donde a fines de la década de los ‘90 se transformó en uno de los tres socios del área legal y tributaria. Es casado con la historiadora y académica María Verónica Undurraga Schüler, con la cual tiene un hijo.

En el mercado comentan que se destaca por su vínculo cercano con el ministro Larraín, y también el ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, con quien fue compañero en algunas clases de derecho.

Hace unos meses, en un reportaje que El Mostrador Mercados publicó sobre Pereira, un reputado abogado tributarista que trabajó con él dijo lamentar la experiencia que estaba viviendo su ex compañero de trabajo. “Pena es la sensación que deja verlo en esa situación. Tengo la mejor opinión de su trabajo, muy profesional y honrado”, afirmó el profesional.

Agregó que es muy improbable que Pereira haya actuado en forma impropia en la condonación de Johnson’s, dada su excelente situación financiera. “Desde que lo conozco ya tenía sus problemas (económicos) resueltos”, asegura la fuente.

Su familia donó la Casona y Fundo Santa Rosa de Apoquindo, donde se celebró la cena de la Cumbre Empresarial Celac-UE el viernes.

Una fuente que trabajó en PwC junto a él señala que “tenía capacidad para formar equipos” y un funcionario del Servicio de Impuestos Internos coincide en el buen trato de Pereira con ellos.

Sus casi tres años al mando del SII han estado marcados por la polémica. Además del caso Johnson, el ex socio de PwC fue cuestionado por la venta de acciones de LAN de Sebastián Piñera, su rol en La Polar y la millonaria disputa de la familia Ossandón Larraín.

Julio Pereira asumió la Dirección del Servicio de Impuestos Internos en marzo de 2010. A los pocos días ya era cuestionado por sus potenciales conflictos de interés.

La venta de acciones de LAN del Presidente Sebastián Piñera puso en el centro de la discusión la independencia del ex socio del área legal y tributaria de PricewaterhouseCopper para verificar la legalidad de la planificación impositiva de la operación realizada por su nuevo jefe.

Poco más de un año después de asumir, en junio de 2011, estalla el escándalo La Polar. Además de las aristas vinculadas a la entrega de información falsa al mercado y estafa a los clientes, el caso abrió una espina tributaria, por la eventual evasión —derivada de los estados financieros falseados— de la firma dirigida por Pablo Alcalde y compañía.

Pereira debía actuar, pero no pudo. Se inhabilitó en el caso, por orden de la Contraloría, debido a su pasado en PwC, compañía que había sido auditora de la multitienda.

Pocos meses después el pasado otra vez tocó a su puerta. Una ardiente disputa entre los hermanos Manuel y Bernardo Ossandón Larraín por la administración de una millonaria herencia familiar obligó al SII a investigar la operación.

Los reclamos iniciados en agosto de 2011 por Manuel Ossandón ante el servicio permitieron que recién en abril de 2012 el SII confirmara un pago pendiente de impuestos de Bernardo, por casi US$ 70 millones.

Y aunque el caso había sido denunciado por Ossandón casi seis meses antes (incluyendo acciones judiciales entre los hermanos, informadas al servicio), Pereira decidió inhabilitarse sólo en marzo de 2012.

La razón para hacerlo es que tiene un vínculo familiar lejano con Bernardo y el motivo de la retrasada inhabilitación fue, según el SII, que solamente en marzo confirmaron que “había un caso”.

El mes pasado se supo que el SII llegó a una decisión y exige US$ 210 millones en en tributos, multas e intereses. La familia está reclamando la medida en tribunales.

Cabe recordar que el 8 de enero pasado, cuando se supo el dictamen de Contraloría, Funcionarios del SII, con el apoyo de los diputados DC Fuad Chaín y Patricio Vallespín, pidieron la renuncia de Pereira.

Se viene febrero y el descanso de verano, pero para el titular del SII, las próximas semanas probablemente no serán de descanso.

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