La Superintendencia de Valores multó a KPMG y a su socio Joaquín Lira Herreros con 900 y 700 UF, respectivamente, por no cumplir con dos artículos de las normas contables y dos del Reglamento de Sociedades Anónimas al auditar los estados financieros de 2008 de la compañía Leasing Habitacional Chile.
A raíz de las irregularidades detectadas, la autoridad abrió un proceso de revisión el 26 de junio de 2009 en el que manifestó reparos a una serie de consideraciones utilizadas por KPMG y pidió mayor información. Esta última formuló sus descargos y acompañó nuevos antecedentes, entre ellos, un informe del abogado Pedro Mattar, profesor de Derecho Económico de la U. de Chile, quien fue fiscal de la SVS entre 1978 y 2001. La mayor parte de los argumentos no fue acogido y el 22 de febrero la SVS emitió el dictamen sancionatorio.
KPMG alegó además que no existió un perjuicio en contra de terceros como para considerar que se vulneró la Ley de Sociedades Anónimas o su reglamento. La SVS respondió que los perjuicios a terceros están siendo conocidos por los tribunales de justicia.
Leasing Chile es investigada desde octubre por quiebra fraudulenta en la Fiscalía Centro Norte. Esto, a raíz de una denuncia de la Corfo basada en que existen bienes embargados que no fueron encontrados y venta de activos después de decretada la quiebra, cosa que prohíbe la ley. La empresa se adjudicó recursos licitados por Corfo para un programa de leasing destinado a acceder a la casa propia, pero el 31 de diciembre de 2008 dejó de pagar sus compromisos con el organismo estatal.
La deuda de la compañía, cuyos socios son Orlando Poblete, rector de la Universidad de Los Andes, Marta Ried, Fernando Gardeweg Leigh, Fernando Gardeweg Ried, Douglas Crawford y cinco sociedades, asciende a US$ 26 millones sin incluir intereses.
La Corfo pidió la quiebra en 2009, pero fue decretada recién en 2011, debido a las “acciones dilatorias” de la defensa de Leasing Chile, declaró el fiscal de la Corfo, Marcos Riveros, a El Mostrador Mercados. Durante el llamado “periodo sospechoso” —que comienza dos años de antes de la declaración de quiebra— Leasing Chile compró el 100% las acciones de Hipotecaria Valoriza, una empresa relacionada, que tenía deudas por 61 mil UF (US$ 3 millones) y estaba en cesación de pagos, con lo cual aumentó sus pasivos.
El otro punto es que, estando vigente la quiebra, Leasing Chile apareció inscribiendo casas en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto que transfirió un tercero. KPMG informó que analiza si apelará al dictamen en los tribunales. Esta semana expira el plazo.
Falta de celo de KPMG al no advertir problemas de liquidez
Uno de los principales hechos cuestionados por la SVS a KPMG es que no incluyó en el ítem “contingencias” los problemas de liquidez que enfrentaba Leasing Chile al 31 de diciembre de 2008. Ello, pese a estar en conocimiento de que la compañía se encontraba morosa en el pago de la tercera cuota reprogramada con la Corfo, cuyo plazo de pago había vencido el 15 de diciembre de ese año
“El juicio profesional empleado por la auditora debió considerar el riesgo de liquidez al momento de analizar la situación de la compañía y, por ende, también considerarlo un factor relevante al momento de determinar cómo se realizarían las pruebas de auditoría”, sostuvo la SVS.
KPMG explicó que no reveló la información debido a que Leasing Chile “estimó que existían altas probabilidades de éxito en el resultado del proceso de renegociación que mantenía a esa fecha con la Corfo”. Agregó, asimismo, que los asesores legales de Leasing Chile no revelaron ninguna contingencia asociada a ese hecho y que al consultar a la Corfo ésta informó que el crédito con la empresa se mantenía vigente al 31 de diciembre de 2008, “sin indicar que se encontraba en mora”. La SVS contraargumentó que la omisión no puede justificarse por lo que le dijo la empresa ni tampoco por la respuesta de los asesores legales.
“La auditora no realizó ninguna indagación específica tendiente a corroborar lo expuesto por la compañía auditada y se limitó a confiar en ello, sin cuestionarlo, pese a que la relevancia de la información ameritaba, a lo menos, una ratificación expresa por parte de un tercero”. KPMG alegó un notorio cambio de criterio de la SVS tras la investigación al fraude de La Polar, ante lo cual la autoridad respondió que era “impertinente e improcedente dicho planteamiento, el que además no se ha explicitado en fundamentos precisos ni plausibles”.