El 6 de marzo pasado, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) adjudicó la licitación denominada “Servicio de Libro de Clases Electrónico” (LCE) a la empresa Acepta.com.
La contratación, a tres años y con un monto total a entregar de hasta 1.200 millones de pesos, divididos en montos de $ 400 millones anuales, tenía como fin, según las bases publicadas en Chilecompra, “facilitar el proceso de toma de asistencia, la verificación de identidad y la revisión de los registros”, a través de la digitalización del libro de clases de los cursos de capacitación impartidos por Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), y que suman unos 2.880.
Dos meses después de que se adjudicara la licitación, el 30 de abril, las OTEC recibían una carta firmada por el director nacional del Sence, Juan Bennett, donde se les informaba que a partir del 1 de junio de este año sería obligatorio el uso del sistema del Libro Electrónico del Clases, para lo cual debían adquirir un lector de huella dactilar, con un costo aproximado de US$ 100 “que puede ser adquirido con la misma empresa que se adjudicó el proyecto u otros proveedores del mercado”.
La noticia fue una sorpresa, principalmente porque, según explica el director de una OTEC orientada a la capacitación en el mercado corporativo, “si bien la idea es buena y un avance, la forma de implementación, la poca transparencia en la información así como la falta de claridad del proceso y la premura nos parecen sorprendentes. No tiene que ver con lo que ha hecho Sence antes, ya que siempre este tipo de cosas se hacían con tiempo y con conversaciones de por medio. Ahora ni siquiera habrá marcha blanca”.
Hubo varios reclamos, por lo que Sence amplió el plazo hasta el 5 de agosto.
El anuncio también sorprendió a varios de los oferentes de la licitación. ¿La razón?. La carta de Bennett fue la primera noticia que tuvieron sobre la obligatoriedad que tendría para las OTEC adherir al sistema, lo que cambiaba radicalmente las reglas del juego y las expectativas de los interesados. Esto, porque en las bases de licitación no había luces sobre el punto, lo que fue consultado durante el período de preguntas y respuestas del proceso en reiteradas ocasiones. La respuesta fue siempre la misma: “es facultad del Director nacional establecer obligatoriedad del uso de este sistema a las OTEC”.
Y eso es precisamente lo que el director nacional decidió hacer, pero sólo después de que la licitación había sido adjudicada a una empresa ligada a una compañía donde él tenía una participación de casi el 1 %: Sonda.
Antes de llegar al Sence, Juan Bennett Urrutia fue director subrogante del Instituto de Previsión Social (ISP) por casi un año, entre julio de 2010 y agosto de 2011, cargo al que, según fuentes ligadas al gobierno, habría llegado por recomendación del subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias. Las mismas fuentes señalan que su principal vínculo gubernamental es con la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, que “fue la que lo llevó al Sence”
Entre 1980 y 1982 fue director del Registro Civil, tras lo cual, según el portal de la institución dependiente de la cartera de Trabajo, “lideró empresas de servicios informáticos en Chile y el resto de Latinoamérica”, algunas de las cuales fueron adquiridas por Sonda.
Justamente la polémica que ha generado la licitación de los cuadernos electrónicos radica en los vínculos de Bennett con esta empresa, que posee el 50,1 % de Acepta SA.
Según la declaración de patrimonio del ingeniero civil industrial que el Sence envió a El Mostrador el jueves pasado, y que es idéntica a la que publicó en el ISP en 2010, posee una participación indirecta en Sonda SA —a través de Inversiones Tecnológicas Tres S.A.— de 0,9 %. Bennett maneja el 50 % de Indiecitos S.A., que a su vez participa en Inversiones Tecnológicas Tres S.A.
Conforme a su declaración, esta participación en Sonda alcanza los US$ 10 millones, lo que representa dos tercios de su patrimonio personal, que asciende en total a unos US $15 millones en participaciones indirectas y directas. En cifras actualizadas, el 0,9 % de Sonda representa hoy unos US$ 25 millones, tomando en cuenta que la compañía más que ha duplicado su valor.
Sonda, liderada por el empresario Andrés Navarro, es accionista de Acepta.com a través de la filial Transacciones Electrónicas S.A, que en 2011 adquirió el 50,1 % de esta compañía. El otro 49,9 % de Acepta lo tiene el conocido empresario Jorge Claro, socio de CDF, ex presidente de la UC.
De hecho el gerente general de Acepta, Pablo Izquierdo, tiene el mismo cargo en I-Med, también ligada a Sonda, y además es presidente de AFP Modelo, que es propiedad de los Navarro, los mismos que controlan Sonda.
Este vínculo, que durante la licitación no fue transparentado por Bennett, levanta dudas en torno al proceso. Dudas que los mismos oferentes y las OTEC hacen ver. En opinión de uno de los oferentes toda esta situación “genera desconfianza, y se suma a que Acepta.com, que se adjudicó la licitación, obtuvo 7 en todos los ítem y además el precio que ofreció por cada libro entregado está calculado bajo el supuesto de que todos los cursos que se proyectan por año —unos 225 mil— iban a tener la herramienta”.
Esto, según explica la misma fuente, se grafica en que Acepta presentó la oferta por libro más barata, con $ 1.785. La más cara fue de Tata con $ 8 mil pesos. “Si divides los 400 millones de pesos anuales por estos $ 1.785 te da 224.089 cursos realizados. O sea prácticamente la totalidad de los 225 mil cursos proyectados por año. Era muy difícil suponerlo si no sabían de la obligatoriedad. O son muy arriesgados en sus propuestas”.
En este sentido era clave saber si la adquisición del sistema para las OTEC sería obligatorio ya que “la plataforma que había que desarrollar para poder dar el servicio tiene un costo y tenía que estar dimensionada para el 100% de los cursos. Para poder evaluar el proyecto, cubrir costos, sacar margen, se necesita saber los ingresos asociados porque no necesariamente se obtendrían los $ 1.200 millones ofertados —que se dividirían en $ 400 millones por año—, ya que se pagaría por libro cerrado y entregado al Sence. Entonces contra esa demanda multiplicas el precio unitario y tienes los ingresos proyectados”.
Consultados sobre la licitación y la situación de Bennett, desde el Sence señalan que “respecto al vínculo entre Juan Bennett y la empresa adjudicada Acepta.com S.A, el Director Nacional no es socio importante en Sonda S.A. El Sr. Bennett tiene una participación de 50 % en la sociedad anónima Indiecitos SA que de acuerdo a su naturaleza jurídica, objeto social y carácter comercial desarrolla distintos negocios e inversiones, incluso en otras sociedades. Es así como Indiecitos S.A. invierte en la sociedad Inversiones Tecnológicas Tres S.A. la que a su vez adquiere un porcentaje de 0,8 % de las acciones de Sonda SA. Cabe destacar que el Sr. Bennett no tiene injerencia en la toma de decisiones en Sonda SA, por su carácter de socio minoritario. Es en este contexto que Sonda SA invirtió en la sociedad Acepta.com SA, la que a su vez participó en la licitación del “Servicio de Libro de Clases Electrónico”. Como antecedente agregamos que Indiecitos SA, sociedad en la que don Juan Bennett tiene participación, en su vínculo con Acepta.com SA, tiene una participación indirecta de menos del 0.1 %”.
Además, recalcan que, al Director Nacional “no le asiste la obligación legal de inhabilitarse”. Y que además, “no participó en la adjudicación ya que en esa fecha se encontraba haciendo uso de su feriado legal. La ley le habría obligado a inhabilitarse si el Director Nacional (S) hubiera sido gerente, administrador, director o representante de la empresa adjudicada Acepta.com S.A. o si se tratara de una sociedad anónima abierta en la que fuere titular de acciones que representen el 10 % o más del capital”.
En efecto, la participación de Bennett en Sonda es pequeña, aunque lo que ocurra con esa empresa es determinante para su patrimonio pues éste se concentra mayoritariamente en dicha empresa. De hecho, la declaración de patrimonio de Bennett informada el jueves indica números idénticos a los de agosto de 2010 cuando estaba en el IPS. Entre esa fecha y la actualidad, no obstante, Sonda más que duplicó su valor, desde US$ 1.208 millones a US$ 2.852 millones. El 0,9 % de Sonda, entonces, pasó de valer US$ 10 millones en 2010 a US$ 25 millones hoy.
En cualquier caso, el devenir de Sonda es clave para sus intereses, aunque en efecto, la licitación en el Sence no tiene un impacto relevante para la compañía. Pero hay más datos del vínculo entre el actual director (s) del Sence y Sonda. Bennett fue socio y gerente general de la empresa tecnológica Orden SA al menos hasta 2001.
La empresa, que participó en proyectos como el desarrollo de ventas de Bonos electrónicos de Fonasa o el de Morosidad On- Line de la Cámara de Comercio, se adjudicó contratos con Indap y Fonasa en 2000 y 2001. Según la memoria de Sonda de 2005 —año a partir del cual hay registro de las memorias de la compañía en el portal de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)—, en mayo de 2004 compró el 40 % de Orden SA, lo que “requirió un desembolso de $ 2.798 millones (histórico), alcanzando una participación total del 95,33 %”.
En 2006 Sonda terminó de adquirir el 100 % de la empresa.
Orden S.A. a través de sus filiales Orden Gestión S.A., Orden Salud y Orden Integración —donde según los registros de Dicom Bennett figuró como socio, y que también fueron adquiridas por Sonda— obtuvo contratos con la Dirección del Trabajo en 2003 para controlar las horas de Trabajo en la Inspección de Trabajo.
Sonda informó que Juan Benett “dejó de ser accionista y ejecutivo de Orden S.A. con anterioridad a la salida de Sonda a la Bolsa en 2006, por lo que desde ese entonces no tiene vínculos laborales ni societarios con la empresa”. Sonda se abrió en bolsa el 3 de noviembre de ese año.
Otro punto que ha encendido alarmas en torno a la entrada en funcionamiento del LEC, que controla el proceso de asistencia y la verificación de identidad a través de la huella digital, es justamente este último punto.
Para operar con el nuevo sistema, uno de los requisitos es adquirir un lector de huella dactilar. La gran incógnita de muchas OTEC era qué base de datos sería la utilizada por estos huelleros para verificar la identidad del alumno. Según algunos que han asistido a las capacitaciones al respecto, les explicaron que sería la misma base de datos de las empresas que manejan la información de las Isapres y Fonasa, y a través de la cual se pueden obtener bonos electrónicos. Estas compañías son I-MED y Autentia, ambas ligadas a Sonda.
Las bases de la licitación tampoco dan luces al respecto, ya que no explicitan cómo operaría el sistema.
Esto ha generado preocupación, porque con este nuevo negocio, la poderosa Sonda tendría acceso aún a más cruces de datos de los chilenos. En este caso a través de las capacitaciones del Sence.
El Mostrador intentó aclarar en repetidas ocasiones con Sence qué base de datos utilizarían, pero hubo respuestas vagas y poco claras. Finalmente, el propio Pablo Izquierdo explicó a este medio que, en efecto, Acepta utilizará los datos que manejan en I-Med y Autentia. Al día siguiente de la respuesta de Izquierdo, Sence precisó la información, respondiendo que “en relación a la base de datos que abastecerá a los huelleros de los datos de las personas, está considerada dentro del servicio que presta la empresa adjudicada. Como referencia podemos indicar que es la misma que se usa en las instituciones de salud, entidades bancarias y financieras, entre otras organizaciones”.
Izquierdo explicó que ganaron la licitación simplemente porque fueron los mejores y porque tienen la red mejor preparada para desarrollar la labor eficientemente.
También indicó que a través de sus filiales procesan cinco millones de transacciones biométricas al mes (dos millones de salud y el resto de distintos rubros) y que existen casi 20 mil dispositivos en todo el país, para servicios de bonos electrónicos (Isapres), licencias médicas, pólizas de seguro, certificados de Previred (la firma a través de la cual se pagan las cotizaciones de las AFP).
Y aclaró que para controlar el ingreso y salida de las personas que vayan a los cursos de capacitación de Sence, se les pedirá autorización para usar la huella que ya tienen en sus bases de datos. En caso de que no estén registrados, agregó, se les enrolará.
El ingeniero civil industrial comenta que a la fecha han vendido casi 2.000 dispositivos a las OTEC, de un total de 8 mil que se estiman se deben vender para tener total cobertura cuando aún faltan dos meses para que Sence lo comience a implementar.
El ejecutivo reconoce que si otro oferente hubiese ganado, ellos no podrían haberle compartido sus bases de datos y asegura que todos entendían en la licitación que el uso de los LEC sería obligatorio.
En su opinión, lo que existe es una resistencia de parte de quienes han operado en un sistema con falencias que impedía el estricto control de la participación de las personas en los cursos de capacitación.
“Todo sistema que controla va a tener oposición por las personas o instituciones que se va a ver controladas y eso es natural. Pero las OTEC serias se han sumado, porque el sistema es fantástico… Sé que puede haber críticas, pero todo ha sido hecho en forma patriótica”, argumenta Pablo Izquierdo, en defensa del proceso, que califica como “completamente legal y transparente”.
Sobre los cuestionamientos a Bennett, el gerente de I-Med y Acepta es tajante: “Juan Bennett no es persona relacionada con Acepta legalmente porque no es miembro del directorio ni ejecutivo de Sonda, sólo tiene acciones”.
En opinión del vicepresidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, Raúl Arrieta, la utilización de los datos que millones de chilenos entregaron con el fin de autentificar su identidad en áreas de Salud financiera u otras, y que ahora serán utilizados para capacitaciones “es una grosería porque una vez más esta empresa lo que va a hacer es utilizar huellas enroladas con una finalidad determinada para ser utilizadas con otra diferente”.
Al respecto, el profesor de Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile, Daniel Álvarez, señala que “I-Med y Autentia piden los datos para un fin específico que en este caso es comprar un bono electrónico. Es sólo para eso. Desde el momento en que el dato se empieza a utilizar para otra hay finalidad hay infracción a la ley. Pero las sanciones que establece son multas bajísimas”.
Según Álvarez, “el problema es que Sonda se gana las licitaciones porque tiene las bases de datos. El dato del usuario tiene un valor. Y esa información la consiguieron con un fin específico y la están explotando comercialmente sin consentimiento del titular. En otros países no es así”.
Arrieta reclama además, que “es insólito que el Estado se preste para generar mecanismos que incrementan el nivel de información que tiene una empresa privada donde esta termina siendo utilizada para cualquier cosa adicional. Es una fuente de afectación de derechos fundamentales increíble. Cada vez le entregas más datos biométricos a una empresa para que utilice los datos en cualquier cosa”.
