Los principales responsables del escándalo de las operaciones relacionadas a Julio Ponce Lerou ya fueron acusados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Pero el titular de la SVS, Fernando Coloma, ya adelantó que podrían venir más connotados del mundo financiero a los que se formulen cargos.
Una línea son las corredoras de bolsa, lideradas por Larraín Vial, donde los más implicados son su presidente y socio, Leonidas Vial, y los máximos ejecutivos de ésta, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz. En ese grupo también podrían aparecer Banchile.
Una tercera arista son los directores. La lista es larga e incluye a varios actores importantes del mundo empresarial. Entre ellos, Pablo Guerrero Valenzuela —socio del estudio de abogados Barros y Errázuriz—, el empresario Roberto Izquierdo, el ex ministro de Pinochet, Pablo Barahona Urzúa y el ex titular de la SVS Alejandro Ferreiro.
Aparte de Guerrero (asesor del grupo) e Izquierdo, aparecen en la lista de directores recurrentes de las sociedades: Patricio Phillips Sáenz (ejecutivo de las cascadas hasta hace algunos años), Luis Eugenio Ponce, hermano de Julio, los hijos de éste Francisca, Julio y Alejandro Ponce Pinochet y Felipe García-Huidobro Mac-Auliffe, entre los principales.
El último grupo es el más complicado pues sus miembros compartían varios directorios de las distintas sociedades y, por tanto, conocían de las implicancias de las transacciones que realizaban las distintas empresas.
Asimismo, nunca hicieron comentarios en los directorios respecto de la conveniencia de las operaciones para las empresas y de los conflictos de interés que podían enfrentar.
Del resto de directores, no ejecutivos ni familiares directos de Ponce, el más comprometido es Pablo Guerrero, abogado y socio del estudio Barros y Errázuriz, siendo, además de los familiares de Julio Ponce, uno de los pocos que participó en varias 'cascadas' al mismo tiempo y, por lo mismo, espectador privilegiado de las operaciones conocidas en los directorios.
Guerrero tiene relación directa con Larraín Vial, la corredora que está en el ojo de huracán. Por otra parte, es socio de Barros y Errázuriz, al igual que Fernando Barros, quien está casado con la hermana de Leonidas Vial. Por cierto, el estudio de abogados es asesor de LV y de Celfin, hoy BTG Pactual, que también tiene un rol relevante en las operaciones de Ponce Lerou.
En Pampa Calichera, Guerrero estuvo entre enero de 2010 y noviembre de 2011. En Oro Blanco, participa desde el 29 de abril de 2009 y, en Norte Grande, forma parte de la mesa entre abril de 2010 y noviembre de 2011.
En Oro Blanco aprobó operaciones de venta de acciones de Pampa Calichera en condiciones de mercado que, según el análisis de la autoridad, fueron a precios bajo lo visto en meses anteriores. El directorio que él integraba aprobó la recompra de las acciones y el 17 de junio de 2009 fue parte del respaldo de la mesa a las gestiones de la gerencia de la sociedad.
La SVS no destaca la formulación de observaciones o cuestionamientos de Guerrero hacia las operaciones que realizaba la gerencia.
El aludido tampoco manifiesta comentario alguno, conforme indica la SVS, cuando se analiza el 5 de agosto de 2009 en directorio la reestructuración de pasivos de Oro Blanco y la emisión de un bono de US$ 100 millones, en el cual no se informa la tasa de interés. Tampoco se verifica que en dicho directorio se haya analizado el efecto de la refinanciación de la deuda con Inversiones SQYA (de Ponce Lerou) en la evaluación que se había hecho en enero y junio de 2009.
Guerrero, igualmente, participó en el directorio de Pampa Calichera desde enero de 2010. En ese marco, el abogado es parte de la mesa que aprueba el 12 de abril de ese año el reparto de dividendos por US$ 370 millones pese a que las necesidades de corto plazo —deuda y dividendos— llegaban a US$ 240 millones. Luego, la SVS resalta un reparto de capital, en mayo, sin que hubiera cambiado la situación de la sociedad.
Así, parecería ser protagonista de una de las situaciones más polémicas y de las pocas que llegó a ser parcialmente públicas. El 3 de marzo de 2010, un mes y medio después que Guerrero ingresara al directorio, Motta informó a la mesa de la discrepancia que había con los auditores Ernst & Young, que estimaban que no correspondía reconocer utilidades en Pampa, pues se habrían generado en operaciones entre sociedades con un mismo controlador. El 16 de diciembre Motta reiteraba que aún no había acuerdo con la auditora y, finalmente, el 23 de marzo se aprueban las utilidades, sin que se dejará claro qué pasaba con las discrepancias.
Felipe Garcia-Huidobro Mac-Auliffe fue gerente general de la sociedad de Ponce Lerou, Inversiones SQYA en 2005, además de representante de sociedades matrices de ésta última.
Director de Norte Grande desde 2006, formó parte de las instancias en que se aprobaron remates de acciones en julio y agosto de 2009, sin que se analizaran factores objetivos para fijar el precio de las operaciones, no existiendo, de acuerdo a la SVS, evidencia de que lo hubiera hecho ver en la instancia.
Incluso, hace notar la SVS, al momento de la aprobación de colocaciones de acciones en agosto de 2009, Norte Grande tenía US$ 100 millones disponibles (se presume no requería recursos), y las operaciones se aprobaron luego que el gerente general informara que se proponía este remate a raíz de una oferta de compra, por parte de sociedades de Julio Ponce, presidente de la compañía. La SVS no detecta comentarios de García al respecto.
Las anteriores objeciones a García también son aplicables a Patricio Phillips, quien estaba desde 2006 en la mesa. Ambos son cuestionados por la SVS —sin ser nombrados, al igual que el resto del directorio— por no preguntar a la gerencia general el motivo por el cual no se colocó el remanente de acciones de propia emisión como había ordenado el directorio antes. Menos aún consultaron por el uso de los recursos provenientes de venta de acciones.
Los dos participaron del directorio del 10 de diciembre de 2009 en que aprobaron la compra de acciones de Oro Blanco sin fijar un precio. El valor en ese momento era cerca de $ 8,35 y terminó comprando a $ 8,56, pese a que la cifra de inscripción fue de $ 8,29.
Alejandro Ferreiro, debuta en Norte Grande el 27 de mayo y lo hace preguntando, junto al también nuevo director independiente, la razón de diversas operaciones de compra y venta de acciones de Calichera A y Oro Blanco.
En la misma oportunidad Ferreiro impone su sello. Considerando que Norte Grande se estaba transformando en un inversionista importante en Calichera, Ferreiro consulta si será constante este tipo de compras y, si es así, que lo mejor será definir una política de inversiones en la cual se pongan límites a las operaciones que pueda hacer Aldo Motta, gerente general de la sociedad, con un tope de US$ 20 millones cada una. Bajo ese monto habría cierta libertad, por sobre eso debería consultar al directorio.
Motta responde que eso limitaría la agilidad que requieren estas oportunidades de negocios y se acuerda que presentará una propuesta al próximo directorio. Esto no ocurre sino hasta noviembre de 2010 y luego de varios reclamos al respecto del ex SVS.
Lo hecho por Ferreiro no es replicado en ninguna de las otras cascadas.
Pero Ferreiro podría ser igualmente cuestionado. En sus declaraciones, donde detalla la informalidad con que operaba Motta para comprar y vender acciones y revela incumplimientos de la política de inversiones aprobada a su solicitud, el ex superintendente reconoce que algunas operaciones fueron aprobadas por teléfono o bien validadas posteriormente en los directorios que él integró.
“La razón de oportunidad de negocio o bien, la razón de precio castigado, me pareció suficiente para explicar dichas decisiones”, dijo a la SVS.
El oficio la SVS desliza otra crítica al directorio donde participaba Ferreiro, por una sesión del 21 de octubre de 2010. En ella Motta informó de la compra de acciones de SQM-B y de la venta de acciones Oro Blanco.
Según relata la SVS, no hay registro de que Motta o el directorio “hayan tratado de eventuales conflictos de interés con Pampa Calichera a propósito de la adquisición de títulos SQM-B por Norte Grande, considerando que Pampa era la sociedad de las denominadas cascadas que mantenía en exclusiva la inversión en Soquimich”. Menos se analiza en el directorio la posibilidad de limitar la inversión en SQM-B por parte de Norte Grande.
Ferreiro ha dicho a los medios que mientras estuvo en Norte Grande no se dio cuenta que hubiera intención, por parte del grupo de Ponce Lerou, de hacer operaciones para beneficiarse. Esto puede ratificarse con lo que señala la SVS en el punto 907 del oficio de formulación de cargos a Ponce. Conforme señala el documento, en el directorio del 17 de junio de 2010, Motta informa que se vendieron acciones Calichera A a $ 864, a $ 4 pesos más que lo inscrito en el remate. Ferreiro preguntó quiénes había comprado y Motta dijo desconocerlo. La identidad del adquirente era Roberto Guzmán, el por años asesor de Julio Ponce, a través de dos sociedades: Inversiones Silvestre e Inversiones Jaipur.
Esto tampoco es analizado en el directorio del 16 de diciembre de ese año, cuando Motta da cuenta de nuevas compras de SQM. Del mismo modo se evita referencia alguna al mecanismo de mercado usado para dichas transacciones y el horizonte de dicha inversión.
La SVS explica con claridad el conflicto de interés que debía ser visto por los directores de Norte Grande y Pampa Calichera. “…dos sociedades con un mismo gerente general (Motta) y presidente de directorio (Julio Ponce Lerou) y compartiendo ciertos directores (Pablo Guerrero, Luis Eugenio Ponce Lerou, Francisca Ponce Pinochet, Patricio Phillips), esto es Norte Grande y Pampa Calichera, compartían una misma inversión, surgiendo así un potencial conflicto de interés en los procesos de decisión destinados a aprovechar una determinada oportunidad de negocio relacionada a esa inversión para la administración de cada una de esas sociedades”, dice el regulador.
En fechas cercanas a la llegada de Ferreiro aparecen otros conocidos. En Oro Blanco entró en abril de 2010 Roberto Izquierdo, ex presidente de Sonapesca, actual vicepresidente del Diario Financiero y director de salmoneras, consejero de Sofofa y director de la Corporación de la Madera. Asimismo estaba Pablo Barahona Urzúa, ex ministro de Pinochet y uno de llamados Chicago boys.
Ninguno de estos eximios representantes cuestionó las operaciones de las cascadas y, al menos, según expone la SVS, nunca pidieron mayor información sobre precios de los remates, justificaciones de aumentos de capital o identidades de contrapartes en las operaciones que informaba Motta.
Ambos, junto a Guerrero, autorizaron vía telefónica la participación de Oro Blanco en un remate de acciones de SQM-A en marzo de 2011, el cual se ejecutó en la bolsa a través de órdenes directas con difusión.
La lista la cierran directores que llegaron en 2012, como el ex diputado UDI Christian Leay, hoy director de TVN y el ex vocero de Gobierno, Osvaldo Puccio, los que por la fecha en que participaron no formaron parte de las cuestionadas operaciones.
Sin embargo, sí fueron parte de las decisiones de los directorios de rechazar la entrega de información reclamada por Moneda y las AFP sobre las operaciones que ahora están en el centro de la polémica. A juicio de los minoritarios, los directores de las 'cascadas' han faltado a su deber por no autorizar esta entrega de información.
