Las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen un buen punto y el Gobierno lo sabe. Más allá de que el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, dijera ayer que los “números no se condicen con la realidad” y diera a entender que “los grandes se están aliando con los de abajo” como una forma de oponerse a la Reforma Tributaria, el hecho de que los cotizantes no puedan hacer uso del crédito de Primera Categoría y eso afecte su pensión final es un tema políticamente potente.
Micco realizó estas declaraciones en el marco del seminario organizado por el Centro de Estudios de Gobiernos Corporativos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la auditora KPMG y Habitat, donde repitió hasta el cansancio a la prensa que el gobierno de Michelle Bachelet está trabajando para mejorar las pensiones de los chilenos.
Cuprum entra al ruedo
La primera en entrar al ruedo fue la AFP Cuprum el 4 de abril pasado, la que a través de su gerente general, Ignacio Álvarez, dijo en El Mercurio que las pensiones de los cotizantes caerían 6% si el impuesto a las empresas sube a 25% y éstas deben retener el 10% cuando se trate de una sociedad anónima abierta. La explicación a este cálculo se debe a que, a diferencia de los accionistas de las sociedades anónimas, los fondos de pensiones no pueden usar como crédito el impuesto pagado por las empresas.
El titular de El Mercurio causó molestia en el gobierno, pues iba en portada del Cuerpo A, y fue tomado como un intento de aprovecharse de una situación para lograr una vieja demanda. De hecho, las palabras de Álvarez ayudaron a asentar esta creencia, pues en la misma nota indicó: el debate de la reforma tributaria es una oportunidad para mejorar la pensión en un 6% de los más de 10 millones de chilenos. El daño que calculó Cuprum es de alrededor de US$ 392 millones anuales.
La segunda AFP que se sumó, argumentando su rol fiduciario, fue Habitat. La conclusión final fue que actualmente Habitat deja de obtener US$ 28 millones al año, basándose en los dividendos repartidos en 2013, y que con la reforma ese efecto se multiplicaría casi por cuatro: US$ 107 millones. El impacto sobre todos los afiliados del sistema sumaría alrededor de US$ 428 millones anuales. “Esto equivale al 5% de lo que quiere recaudar el gobierno (total de US$ 8.200 millones en régimen)”, apuntó José Antonio Guzmán.
Los números de las AFP han sido desestimados por Alejandro Micco, no sólo ayer, sino también en días anteriores. Sin embargo, algo debe pesarle, ya que Guzmán se reunirá con el subsecretario en los próximos días, instancia en la que espera demostrarle que sus estimaciones son correctas.
"A mí me dio una entrevista el subsecretario. Así que le voy a demostrar que (las cifras) sí son las correctas. Creo que él tiene una mala información, tal vez porque viene llegando. Nuestros estudios arrojan con absoluta claridad que los afiliados a las AFP no van a poder hacer uso del crédito fiscal en el caso de las utilidades de las empresas donde tenemos inversiones. Y eso es un asunto que es asimétrico. Todo el resto de los chilenos sí puede hacer uso de ese crédito tributario y los afiliados de las AFP no lo pueden hacer", reveló Guzmán a la salida del seminario.
El mítico párrafo de la Comisión Marcel
Uno de los argumentos que usó AFP Habitat para legitimar la demanda de reconocer el crédito de Primera Categoría a las inversiones de fondos de pensiones, fue que ésta había sido una de las recomendaciones de la Comisión Marcel. Esto es absolutamente verdad, pero lo que no se dice es que la propuesta apenas ocupó poco más de un párrafo dentro de un documento de 662 páginas. Las otras menciones fueron realizadas por los gremios en sus presentaciones. Es decir, la Comisión la incluyó, pero claramente distaba mucho de ser el eje de preocupación del grupo de trabajo que lideró el economista Mario Marcel.
El informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional incluyó, en la página 148, el siguiente párrafo: “Reconocer el crédito de Primera Categoría a las inversiones de fondos de pensiones. Se propone eliminar la discriminación que enfrentan los fondos de pensiones en relación a otro tipo de inversionistas, de manera que puedan trasladar el crédito de Primera Categoría de las inversiones que mantienen en inversores locales a sus afiliados de manera similar a la que hoy gozan los aportantes de fondos mutuos y de fondos de inversión”.
No hay una reflexión más profunda al respecto en el documento que data de 2006; sin embargo, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, en una de sus publicaciones oficiales, destacaba este hecho como “un gran paso para solucionar esta injusticia. Es de esperar que quienes tengan la misión de redactar la próxima Reforma Previsional no olviden corregir esta situación”.
Pero la ilusión no les duró mucho, pues la Reforma Previsional no la incorporó. Tampoco lo hizo el Proyecto de Mercado de Capitales III (MKIII), pese a que la Asociación de AFP volvió a plantear que se trataba de un daño tributario para los afiliados que había que enmendar. Así quedó consignado en el informe de la Comisión de Hacienda del Senado de enero de 2010.
Un detalle no menor es el hecho de que Alberto Arenas trabajó fuertemente en la Reforma Previsional, tanto así que se le ha llamado el padre no reconocido de la iniciativa. En tanto, Alejandro Micco era el coordinador de Hacienda justamente para el proyecto MKIII.
O sea, ambos conocen en profundidad el problema y, a la luz de los hechos, decidieron no incorporar una “solución” en la Reforma Tributaria. La forma de “zafar” que tuvo Arenas ante la postura de las administradoras fue decir que se trataba de una antigua demanda de las AFP.
Lo que el gobierno ha sostenido oficialmente hasta ahora es que este problema se resolverá, aunque en el marco de la agenda previsional que buscará incrementar las pensiones de los chilenos. Dentro de los cálculos del Gobierno, éste todavía tiene un plazo de cuatro años antes de que la reforma entre a operar en régimen; en consecuencia, tiene tiempo para arreglar estos temas a través de políticas sectoriales. Sin embargo, fuentes gubernamentales también dejan entrever que puede haber alguna solución para el 10% de retención en el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso. Eso sí, esto quedaría para el Senado.
