La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene menos de un mes para elegir entre dos opciones amargas: cumplir la promesa de no pagar nunca a los fondos de cobertura acreedores o negociar con ellos para evitar una repetición de la crisis de deuda de 2001 que obligó a un predecesor a abandonar el palacio de gobierno en un helicóptero.
En momentos en que la economía se contrae y las reservas de moneda extranjera se encuentran cerca del nivel más bajo en ocho años, es probable que Fernández decida que un acuerdo para pagar los US$1.500 millones que exigen los fondos es el mal menor, dijo Claudio Loser, que dirige la firma de análisis Centennial Group Latin America.
“Una situación catastrófica en la economía sería peor” para Fernández que no cumplir sus promesas, dijo Loser, un ex director del Fondo Monetario Internacional, por teléfono desde Washington. El gobierno “tiene mucho miedo de caer o de que el último año de su gestión sea un desastre”.
Fernández ya ha tomado medidas para recuperar el acceso a los mercados globales de crédito por primera vez desde el impago de 2001. A partir de octubre, ha zanjado casos de arbitraje en el Banco Mundial, ha pagado a la compañía petrolera española Repsol SA por la expropiación de YPF SA y negocia con los fondos de cobertura a los que llama “buitres”, dijo Loser.
De no llegarse a un acuerdo, se verían diezmadas las reservas, que han caído 21 por ciento en el último año, a US$29.000 millones. Un éxito le permitiría a Fernández volver a tomar crédito y reanudar el gasto, en tanto el déficit fiscal se amplía este año a alrededor de 6 por ciento del producto interno bruto, o US$21.000 millones, dijo Dante Sica, director de la firma consultora Abeceb.com, que tiene sede en Buenos Aires.
Margen de libertad
Si bien las consecuencias económicas de un impago no generarían una crisis económica tan grave como la de 2001, aumentarían la presión sobre el peso y las reservas, dijo Mauro Roca, un economista para América Latina de Goldman Sachs Group Inc.
“Le daría al gobierno menos margen de libertad en su agenda interna, que es muy complicada”, dijo Roca en entrevista telefónica desde Nueva York.
La portavoz del Ministerio de Economía, Jesica Rey, no contestó un mensaje de voz ni un correo electrónico en los que se le solicitaban declaraciones sobre las posibles consecuencias de no llegar a un acuerdo con los “holdouts”.
El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos Thomas Griesa impidió el mes pasado que Argentina pagara los intereses de sus bonos a menos que también pagara a los acreedores que no aceptaron dos reestructuraciones de deuda, que encabeza NML Capital, del multimillonario Paul Singer. Eso significó que Argentina no cumplió con un pago de intereses el 30 de junio, lo que le deja al país 30 días para llegar a un acuerdo o entrar en cesación de pagos por segunda vez en 13 años.
