Luego de un comienzo bastante conflictivo, en que el gobierno pareció querer imponer la mayoría parlamentaria que tiene y pretendió aprobar la reforma tributaria “revelada y perfecta” sin aceptar ninguna crítica o propuestas de modificación, pasándola en forma acelerada y casi sin discusión en la Cámara de Diputados, se allanó a revisarla por presión del Senado y la mala recepción que tuvo en las encuestas. El acuerdo, al que concurrió la Nueva Mayoría (NM) con representación en el Senado y la Alianza, incorporó muchas de las propuestas que se le hicieron en estos meses, pero no debe ignorarse que la posición negociadora del gobierno tuvo la fuerza que le daba la posibilidad de aprobar cualquier reforma sin necesidad de consensuarla con la oposición. Así, en lo esencial, los objetivos de recaudación (US$8.200 millones, o 3,0% del PIB) y eliminación del FUT se mantienen inalterados, de manera que éste no corresponde a una reedición de la “democracia de los acuerdos” que algunos en la NM recuerdan con desagrado.
En esencia, la reforma es la misma que el gobierno presentó en la Cámara, corrigiéndose parcialmente lo relativo a los incentivos al ahorro pero empeorando notoriamente en lo relativo al uso de la renta presunta por las presiones sectoriales. En su conjunto la reforma es mala, aunque menos que en su versión original porque genera un sistema tributario más complicado que el actual y reduce los incentivos al ahorro y la inversión. De positivo tiene que cierra varios caminos para la elusión y mejora la equidad horizontal del sistema tributario. Además, aumenta la carga tributaria, lo que puede verse como un mal necesario y queda la duda sobre si podría haberse logrado algo parecido simplificando el sistema y sin alterar (tanto) los incentivos económicos. Las PYME aparecen como las
principales beneficiadas de los cambios tributarios, pero no debe olvidarse que el grueso del ahorro y la inversión lo realizan las empresas grandes y algo deseable es que las PYME sean exitosas y puedan llegar a ser grandes también y no tengan incentivos para mantener su situación actual.
En lo netamente político, aparte del desprestigio adicional para la Cámara de Diputados, por su disposición a actuar como buzón del Ejecutivo y las pataletas de algunos Honorables, el acuerdo revela una actitud más sensata de las autoridades que parecen haber pensado que con el apoyo electoral bastaba para hacer lo que quisieran. En la medida que el desempeño económico se mantenga débil y aumente el malestar de la población, habrá más presión para llegar a acuerdos en las demás reformas que se están impulsando, particularmente en el caso de la educación, donde las fuerzas del anarquismo (que no votan en las elecciones), cuyo apoyo el gobierno buscó conscientemente, se han debilitado dejándolo en una posición incómoda, lo mismo que al ministro de Educación, que ha hablado más de la cuenta y se ha echado encima a los apoderados de los colegios subvencionados.
Esta vuelta al camino del diálogo es bienvenida, pero la reducción de la incertidumbre y el malestar asociados a la reforma tributaria no son suficientes para plantear que, a partir de ahora, se producirá un repunte en la inversión y el crecimiento volverá a la normalidad. Este camino puede ser bastante largo y lento considerando la dinámica que se ha generado y que la inercia de la desaceleración, aunque puede haber concluido para la inversión, aún no termina para el consumo, que es tres veces mayor que ésta.
El largo camino hacia la recuperación
El crecimiento acumulado a mayo es de 2,5% de acuerdo al IMACEC publicado por el Banco Central y nada permite pensar que será muy diferente antes de terminar el tercer cuarto del año, no obstante la mejoría en las importaciones de bienes de capital y de consumo de junio. Las expectativas empresariales y de los consumidores exhiben una tendencia clara al deterioro al cierre del primer semestre; el crecimiento del empleo, finalmente, ha comenzado a frenarse con claridad y su calidad ha bajado ostensiblemente al concentrarse, casi exclusivamente, en aquellos trabajos “por cuenta propia”. Las remuneraciones reales también acusan la debilidad en el mercado del trabajo y la aceleración en la inflación hasta mayo, de manera que la masa salarial, que permite financiar el consumo familiar en un escenario de restricciones al endeudamiento, apunta solo en la dirección de un consumo que se debilitará más antes de volver a repuntar. El apoyo de la demanda externa, por otro lado, es insuficiente para cambiar la dirección de la actividad, aunque bienvenido ya que, de lo contrario, el panorama sería aún más complicado. El efecto acumulativo de los altos costos de la energía y la falta de inversión en infraestructura, aportan lo suyo a la pérdida de dinamismo y al menor crecimiento potencial.
Considerando el nulo crecimiento de la productividad y los menores aportes esperados en cuanto a creación de empleo y acumulación de capital, resulta evidente que el crecimiento sostenible del PIB se ubica muy por debajo del 5,0% que se ha señalado reiteradamente en el pasado que es el potencial. Una cifra en torno al 4,0% parece más creíble y consistente con la realidad actual, lo que implica, entre otras cosas, que la recaudación tributaria crecerá menos a lo previsto por las autoridades y, en consecuencia, costará mucho más recaudar lo necesario para financiar las reformas en la educación y los mayores gastos previstos en salud y otras áreas, así como capitalizar a empresas públicas con CODELCO, ENAP y BancoEstado. Esta realidad debería manifestarse muy luego, cuando se confeccione el proyecto de ley de presupuestos para 2015 que debe ingresar al Congreso en septiembre y, con un crecimiento tendencial más bajo y un precio del cobre de largo plazo similar al utilizado este año, la capacidad de aumentar el gasto público se verá severamente limitada. Desde esta perspectiva, el decreto del gobierno que establece como objetivo alcanzar un balance estructural en el presupuesto para el año 2018 parece una meta ambiciosa e innecesaria. Considerando las promesas y presiones por más gasto y las restricciones de ingreso, a pesar de la reforma tributaria, así como la extraordinariamente sólida posición fiscal del país, resulta más razonable y sensato dilatar el proceso de vuelta a un balance estructural, por ejemplo, hasta 2022.
Si, por otro lado, consideramos las proyecciones de la Encuesta del Banco Central, que anticipa un crecimiento de 2,9% para 2014, de 3,8% para 2015 y de 4,0% para 2016, se obtiene un crecimiento promedio de 3,6%, el trienio más débil desde 2001-03, si se excluyen aquellos períodos que consideran al año 2009 (el de la recesión internacional) en el cálculo. Estas pobres perspectivas no se explican por un escenario internacional complejo o deprimido, ya que todas las estimaciones para los próximos años anticipan una evolución de la economía mundial estable o con una leve recuperación, lo mismo que se prevé en el caso del cobre. De manera que las causas del débil desempeño de nuestra economía hay que buscarlas internamente. Estas ya se han mencionado: bajo crecimiento de la productividad, altos costos de la energía y, ahora, desincentivos a la inversión y menor crecimiento del empleo.
Alejandro Fernández Beroš
(NdR: Esta columna se publicó originalmente en el informe de julio de la consultora Gemines)
