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Derechos Humanos: organizaciones chilenas piden intervención de Comisión Interamericana
En la presentación se solicita que el Estado de Chile informe los criterios técnicos en función de los cuales Hacienda recomendó terminar con el Programa de Derechos Humanos y las razones jurídicas para no apelar en casos de condenados por violaciones a los DDHH.
Más de 80 organizaciones chilenas vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando formalmente a esta que requiera información al Estado de Chile frente a lo que calificaron como “el acelerado desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos, memoria y justicia en Chile”.
Lo anterior lo fundaron en “el desmantelamiento y eliminación de unidades especializadas en derechos humanos dentro del Estado”, en referencia al despido de las tres principales jefas del Programa de Derechos Humanos (dependiente de la subsecretaría del ramo), así como en la “recomendación” del Ministerio de Hacienda en orden a terminar con dicho programa, además de con el PRAIS (programa que provee atención médica a víctimas y familiares de violaciones a los DDHH). Sin embargo, no es lo único. Además, señalan, fue disuelta la Unidad de DDHH y Pueblos indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, lo que se suma al cierre de la unidad de estudios del Servicio Nacional de Migraciones.
También se argumenta al respecto con la aplicación de “indultos pasivos”, por medio de “la omisión deliberada de la actuación judicial estatal, lo que facilita escenarios de impunidad para condenados por crímenes de lesa humanidad”, en referencia a las instrucciones entregadas a los abogados que representan al Estado, en orden a no apelar en el caso de tres exagentes condenados por violaciones a los DDHH (César Manríquez, Héctor Osses Yáñez y Jorge Mandiola).
En cuarto término, mencionan “el debilitamiento de las políticas de memoria, incluyendo la paralización de iniciativas en sitios como Colonia Dignidad”, debido a lo decidido por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en orden a detener la expropiación de los terrenos de la secta (adscrita a la “doctrina de la lluvia tardía, una interpretación apocalíptica del Antiguo Testamento), debido a problemas presupuestarios.
Al respecto, la presentación indica que “dicha medida incide sobre un espacio ampliamente reconocido por su vinculación histórica con abusos sistemáticos, explotación, violencia sexual, colaboración con organismos represivos, detención ilegal, tortura y desaparición de personas durante la dictadura”.
Una política de Estado
La abogada Paulina Zamorano, exjefa del Programa de DDHH, dijo a El Mostrador que “se trata de una solicitud de carácter urgente, que se presentó en el día de hoy. Una vez que la reciba la Comisión Interamericana, resuelve si es que efectúa la solicitud de información al Estado, y este posee un plazo bastante breve para responder”, a diferencia de lo que sucede en las causas judiciales, en que los procesos tardan varios años.
Respecto de los dichos del subsecretario de DDHH, Pablo Mira, quien la semana pasada aseguró a los funcionarios del Programa de DDHH que este continuaría, pese a la “recomendación” de Hacienda, dijo que “más allá de esa declaración, esto tiene que ver con una política de Estado; es decir, como a través de una circular de otro ministerio, no del ministro de Justicia, hay una declaración de intenciones, en el sentido de ir desmantelando distintas políticas sociales, culturales y económicas”.
En dicho sentido, la presentación realizada por las organizaciones de DDHH a Tania Reneam Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, solicita que dicha instancia pida al Estado chileno que informe, entre otras cosas, que este explique “los criterios técnicos” en los cuales se basaría la intención de “descontinuar y desfinanciar de cara al presupuesto 2027 el Programa de Derechos Humanos (PDH), el Programa en Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) y otros 142 programas sociales”.
También, piden que Chile explique “las razones jurídicas que justifican el alarmante cambio de criterio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se ha instruido a los abogados del Estado cesar su oposición ante solicitudes de beneficios penitenciarios o modalidades alternativas de cumplimiento presentadas por criminales de lesa humanidad” y que, asimismo, se especifique “de qué manera esta omisión no consagra una vía administrativa encubierta para evadir la cárcel”, entre otras cosas.
