PAÍS
Gobierno de Kast se aferra a la Ley Longueira: pesca artesanal alerta desaparición
Tras retirar la iniciativa del gobierno anterior por considerarla “refundacional” y descartar su reingreso, el Ejecutivo habla de ajustes graduales a la normativa vigente. En la otra vereda ven otra cosa: un retroceso, un conflicto en puerta y una industria que vuelve a jugar con ventaja.
El Gobierno de José Antonio Kast cerró definitivamente la puerta a una nueva Ley General de Pesca y optó por lo contrario: mantener la actual normativa —la cuestionada Ley Longueira— con ajustes puntuales. La señal es clara. Tras retirar en marzo el proyecto impulsado por Gabriel Boric, el subsecretario Osvaldo Urrutia confirmó que no habrá reingreso. La idea de una reforma “refundacional”, dijo a Pulso de La Tercera, simplemente no va con la hoja de ruta del Ejecutivo.
El giro no es menor. La iniciativa desechada buscaba reemplazar el actual marco legal con un enfoque de sustentabilidad, mayor participación artesanal y reglas más estrictas contra la pesca ilegal. En cambio, La Moneda apuesta por intervenir la ley vigente —marcada por casos de corrupción y por una distribución históricamente favorable a la industria— mediante proyectos acotados. En paralelo, se sostiene que parte de las urgencias ya fueron abordadas con la Ley de Fraccionamiento, que redistribuyó cuotas hacia el sector artesanal, aunque sin cerrar del todo las brechas.
En el mundo artesanal, la lectura es otra: balde de agua fría. Dirigentes y pescadores acusan que el Gobierno “blinda” el modelo actual y da la espalda a más de 100 mil familias que dependen de la actividad. El malestar crece y ya se habla de eventuales movilizaciones, en un sector que lleva más de una década cuestionando la legitimidad de la Ley Longueira.
Desde el Congreso, también hay ruido. El diputado Alejandro Bernales (PL), presidente de la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, criticó la forma en que se comunicó la decisión y advirtió que, sin diálogo real, la relación con la comisión será cuesta arriba. En el Senado, Iván Flores, integrante de la comisión de Pesca en la Cámara Alta, alertó sobre “vacíos preocupantes” y emplazó al Ejecutivo a aclarar con rapidez qué agenda legislativa concreta pondrá sobre la mesa.
Pero el punto más filoso viene desde las caletas. Cristian Arancibia, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío, advirtió a la revista Doble Espacio de la Universidad de Chile que insistir en una ley cuestionada por corrupción no solo es un error político, sino una señal de fondo: “lo lógico sería una nueva normativa con participación real”. A su juicio, el escenario abre más incertidumbre en temas críticos —cobertura social, diversificación productiva, implementación de la Ley de Caleta— y expone un problema mayor: la fragmentación del sector, que debilita su capacidad de incidencia.
La advertencia es de largo plazo. Arancibia pone sobre la mesa un riesgo incómodo: si no hay cambios estructurales, la pesca artesanal podría ir achicándose —o incluso desaparecer— en las próximas décadas por falta de incentivos para las nuevas generaciones. A eso suma un diagnóstico duro: déficit de fiscalización, escasa presencia estatal en los territorios costeros y una crisis que, más que cerrarse, sigue abierta.
