Los inversores están anticipando una caída de 10 por ciento del peso argentino después de que el país entró en cesación de pagos por segunda vez en 13 años la semana pasada.
Los futuros sin entrega que muestran las expectativas de los operadores para el peso en los próximos 90 días cayeron hasta 9,15 por dólar el 1 de agosto, el nivel más bajo en seis meses, después de que el país pasó la fecha de un plazo el 30 de julio para pagar US$539 millones de intereses sobre bonos reestructurados. En el mercado de contado, donde el nivel del peso es manejado por el banco central, la moneda operó a 8,2357.
JPMorgan Chase Co. dice que Argentina puede llegar a actuar para impulsar el peso si éste se debilita debido a la disputa del país con los fondos de cobertura encabezados por Elliott Management Corp. Si bien Argentina tiene el dinero para pagar los intereses que debe, el fallo de un juez estadounidense le prohíbe transferir los fondos a los bonistas hasta arreglar con los acreedores que no entraron en el canje (llamados “holdouts”) que ganaron un fallo relativo al pago total sobre deuda no honrada de 2001. Funcionarios argentinos dicen que los demandantes rechazaron todos los ofrecimientos de acuerdo. El juez en la causa ordenó más negociaciones.
“Tradicionalmente, los problemas de deuda están muy relacionados con devaluaciones”, escribió Vladimir Werning, economista en JPMorgan, en un informe el 31 de julio. “La postura del gobierno en el conflicto con los acreedores que no ingresaron en el cambio plantea riesgos tanto para la estabilidad financiera local como para el desempeño macroeconómico si no se logra un acuerdo con los holdouts”.
El gobierno probablemente sostendrá al peso en forma más enérgica para poder reforzar su argumento de que la cesación de pagos es consecuencia de una impasse judicial y no de falta de fondos, según JPMorgan. Esto puede significar aumentar los controles de capitales, subir las tasas de interés o postergar importaciones, escribió Werning.
Orden de seguir negociando
En una audiencia el 1 de agosto, el juez estadounidense que supervisa la batalla judicial con los bondos de cobertura, que rechazaron ofertas de 30 centavos por dólar en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, ordenó a las partes que continuaran negociando. Argentina mantuvo cuatro semanas de negociaciones con un mediador designado por la justicia y dos días de discusiones cara a cara con los acreedores que no entraron en el canje sin llegar a ningún acuerdo.
El país preguntó al regulador de títulos local si los “holdouts” eludieron un acuerdo para beneficiarse con la activación de permutas de incumplimiento crediticio, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado por correo electrónico el 1 de agosto. “Esto podría ser una maniobra de los fondos buitre, directamente a través de otras empresas, para cobrar el pago de un seguro contra incumplimiento de pagos que los propios fondos reconocieron tener”, dijo.
Si bien la deuda argentina perdió un promedio de 13 por ciento desde la cesación de pagos, los bonos de referencia con vencimiento en 2033 todavía se negocian a un máximo en casi tres años de unos 85 centavos por dólar en tanto los inversores siguen confiando en que la disputa se resolverá. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo el 31 de julio que el gobierno no se opondría a soluciones que involucraran a terceros. Esto permitiría al país eludir un requisito según el cual un acuerdo ofrecido a Elliott debe asimismo extenderse a los inversores que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010.
