Gerardo Uña llega todos los días al Ministerio de Hacienda. Se presenta como asesor del ministro Arenas en la coordinación de tecnologías de la información. Ese es su cargo formal desde marzo de este año, pero hoy es el encargado de coordinar la implementación de la Reforma Tributaria.
Alto, con acento argentino pero no porteño, Uña se desempeñó entre enero de 2009 y marzo de 2013 en la Dirección de Presupuesto como jefe de la unidad ejecutora del proyecto “Sistema de información de la gestión financiera del Estado” y también estuvo a cargo de otros proyectos de desarrollo de software para el manejo de las finanzas públicas.
En su currículo figuran asesorías al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se licenció en Economía en la Universidad de Buenos Aires y es candidato a magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (Argentina).
Las tareas ya fueron designadas al interior de Hacienda. El subsecretario Alejandro Micco lidera el proceso de concretar 10 reglamentos y unas 100 circulares y resoluciones que dan vida a la Reforma Tributaria que fue promulgada el 26 de septiembre.
En la cima del organigrama se encuentra un Comité de Coordinación General, donde participan Alberto Arenas, Micco, Enrique Paris (coordinador de Modernización del Estado), Alberto Cuevas (coordinador de Política Tributaria) y Gerardo Uña.
De ahí se descuelga un Comité Ejecutivo bajo la hegemonía de Micco, que es integrado por Michel Jorrat (director del SII), Gonzalo Pereira (director de Aduanas), Hernán Frigolett (Tesorería General), Alberto Cuevas y Gerardo Uña.
Si bien se trabaja directamente con los servicios de Impuestos, Aduanas y Tesorería, hay otros estamentos que también se ven involucrados. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y el Registro Civil para el caso de los impuestos a los vehículos nuevos; Cochilco para el tema del programa de control a las exportaciones mineras; las superintendencias de Valores y de Bancos y el Ministerio de Economía en el caso de definición de nuevos instrumentos de incentivo al ahorro; y el Comité de Inversiones Extranjeras para lo que tenga que ver con las modificaciones del DL 600. Eso, por nombrar algunos servicios del Estado, porque la lista es larga y la implementación comenzó el 1 de octubre y continuará hasta el 2018.
Ya el SII emitió, el viernes en la noche, las primeras dos circulares que guardan relación con los impuestos al tabaco y con las nuevas tasas que rigen para los alcoholes y bebidas analcohólicas. A las que se suma una exención que favorece a los bomberos. Todas ellas rigen desde inicios de este mes.
El BID llega en octubre
El encargado de operar la carta Gantt y hacer sonar los tambores de la galera es Uña, a quien se le define como una persona metódica y ordenada. También debe llevar la relación con los dos organismos internacionales que asesorarán al gobierno en esta etapa: el BID y el FMI. Durante octubre aterrizaría el equipo del BID en Santiago para iniciar la labor en terreno.
Uña trabaja junto a otros profesionales de Hacienda: Fernando Dazarola (coordinador jurídico), Alberto Cuevas (coordinador de Política Tributaria) y Daniel García (director de gestión de servicios). No son los únicos, pero son los que se mencionan como los principales para el día a día.
Los temas prioritarios en el corto plazo son el decreto supremo que determina los nuevos instrumentos para incentivar el ahorro de las personas. A partir del próximo año se permitirá postergar impuestos sobre los intereses ganados y no retirados en instrumentos de ahorro como depósitos a plazo y libretas de ahorro. Asimismo, se trabaja sobre el dictado del reglamento del impuesto a los vehículos nuevos, que también está fijado para el próximo ejercicio, que debe ser publicado por el Ministerio de Transportes.
Paralelamente, se delinea la adecuación de los procesos operativos y sistemas de información de los servicios involucrados. El más crítico es el del Servicio de Impuestos Internos, puesto que existe el diagnóstico de que la plataforma que sustenta la operación renta es más moderna que la del IVA. A esto se suma la necesidad de actualizar los programas que existen a la nueva información que se requerirá, lo que resulta complejo cuando se tiene que convivir con tres regímenes tributarios: el que rigió hasta el 1 de octubre, el de transición y el permanente a contar de 2018.
Coincidente con lo anterior, antes de fin de año deberá estar listo el proyecto de ley de modernización del SII y el proyecto de fortalecimiento de la Administración de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
