Si la renta atribuida es parte del “corazón” de la reforma, entonces la reforma tiene dos graves afecciones cardíacas.
La propuesta de reforma tributaria del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet propone cambiar la base retirada de los impuestos a las personas y reemplazarla por una base devengada o “atribuida” para todos los propietarios y accionistas de las empresas del país, imputando a las personas la totalidad de las utilidades tributarias de las empresas, ya sea que ellas se retiren o se ahorren al interior de las empresas para financiar la inversión. Esa es la forma particular en que se propone eliminar el sistema FUT, aunque esta no es la única forma de eliminar el FUT. El cambio no es menor, pues no existe en ninguna parte del mundo, excepto como opción voluntaria de los empresarios en algunos países.
Si la renta atribuida es parte del “corazón” de la reforma, entonces la reforma tiene dos graves afecciones cardíacas. Vamos por parte. La primera de esas enfermedades graves es de índole jurídica y operacional/administrativa. Está en cuestión la constitucionalidad de atribuir rentas a las personas que no han sido percibidas.
También es necesario destacar que en la práctica administrativa tributaria, donde hay un gran debate si se trata del derecho administrativo o privado, la jurisprudencia importa para dar certeza a los contribuyentes y tener un marco común en entender lo mismo: la incertidumbre generada al borrar toda la jurisprudencia en materia tributaria con conceptos que no existen en nuestro Código Tributario no se acaba con la promulgación de la ley, recién comienza en ese momento. Ello puede trabar seriamente decisiones de inversión. La historia y jurisprudencia importan.
Finalmente, en esta primera línea de problemas se encuentra también la enorme carga administrativa y de control que el Servicio de Impuestos Internos se está llevando sobre sus hombros. Los millones de cheques de devolución no son el principal problema. ¿Qué pasará con las rectificaciones de las utilidades de las empresas? ¿Cómo se reliquidarán las declaraciones de miles de accionistas minoritarios cuando una empresa grande rectifique su renta líquida imponible uno o dos años después? Inimaginable la cantidad de problemas administrativos y operativos que emergerán.
Pero es en su segunda dimensión económica donde a mi juicio la renta atribuida pone en serio riesgo el desarrollo y la salud del país. Es como economista donde tengo mis mayores aprehensiones. Se ha ignorado el impacto que esta reforma puede tener en el exitoso proceso de crecimiento y desarrollo que la economía chilena ha experimentado en los últimos 20 años. El problema principal que conlleva el nuevo sistema de base devengada o atribuida, es que el sistema no diferencia entre el impuesto marginal en el consumo y el impuesto marginal al ahorro y la inversión en las empresas. Para la mayoría de las empresas medianas y grandes del país, que explican el 70% de la inversión, la tasa efectiva con la que se gravará la acumulación de capital será del 35%, 15 puntos mayor que la actual de 20%.
Esta tasa de impuestos para la acumulación de capital se encuentra entre las más altas de los países de la OCDE, sólo superada por los EE.UU. y Japón. El promedio de impuestos corporativos (acumulación de capital) en los países de la OCDE es cerca al 25%. No comparto el enfoque con el que algunos colegas han minimizado este tema y propongo uno distinto. Consideremos el siguiente argumento. Thomas Piketty, en su best-seller Capital en el siglo XXI, nos advierte sobre la dinámica de acumulación y concentración de capital en las economías desarrolladas. Destaca que estas economías tienen una relación entre el stock de capital acumulado y los ingresos nacionales de entre 600% y 700%. Nos advierte que esa relación puede seguir creciendo, concentrando aún más los ingresos de las naciones en favor de los dueños de capital, y recomienda un alto impuesto marginal global a la acumulación de capital.
En Chile, la relación entre el capital acumulado y los ingresos es de 200%. En otras palabras, para desarrollarse, Chile debe acumular capital a una tasa muy superior al crecimiento del PIB. Los actuales US$ 540 mil millones en stock capital acumulado deben triplicarse para ser un país desarrollado, generando empleo, mayores salarios y mayor productividad laboral. Sin embargo, la actual administración de gobierno propone incrementar el impuesto al ahorro e inversión en las empresas a una de las más grandes del mundo. ¿No será muy temprano para aplicar este alto gravamen a las empresas? ¿No será esta una receta para quedarse entrampado entre los países de ingresos medios, que no logran llegar al desarrollo?
¿No será necesario esperar a ver cómo avanza en el mundo el debate sobre inequidad y crecimiento al cual nos invita Piketty antes de llevar a Chile a lo más alto en el gravamen de acumulación de capital entre los países de la OCDE? Existen otras formas de diversificar la propiedad del capital incremental de los próximos años. Los fondos de pensiones son una de ellas. Es necesario mantener la base retirada de las personas y dejar el impuesto corporativo y de acumulación de capital de las empresas en 25%. El 35% es una imprudencia.
Patricio Arrau
Ph.D. Economía, Universidad de Pennsylvania
Decano Facultad de Economía y Negocios,
Universidad Santo Tomás
Consejero Fuerza Pública
