Innumerables comentarios tiene la Contraloría General de la República respecto de la prolijidad con que la Superintendencia de Pensiones le transfiere platas a la Asociación de AFP para costear los gastos de administración de las comisiones médicas que califican el otorgamiento de pensiones de invalidez.
El correcto uso de estos recursos es relevante dado que sólo en el año 2010 la entidad dirigida por Solange Berstein transfirió $5.398 millones para la gestión de las comisiones. De éstos, según el informe, en 2010 $1.039 millones llegaron a manos del gremio que reúne a las AFP locales y que preside Guillermo Arthur, para financiar el funcionamiento de las mentadas comisiones; incluyendo gastos como personal administrativo, equipamiento, sistemas de archivo y de información electrónicos, entre otros.
Entre los diversos cuestionamientos que hace la entidad, a través de un informe emitido en octubre del año pasado y firmado por la abogada subjefe de la unidad de auditoría administrativa de la Contraloría, Dorothy Pérez, está el hecho que para las transferencia totales de casi $5.400 millones, no informó previamente a la Contraloría para la toma de razón, dado que la ley impone dicho procedimiento en caso de montos que superen las 5 mil UTM. La superintendencia negó que deba cumplir con tal formalidad, por lo que el supervisor decidió enviar la consulta al Tribunal Constitucional.
También le cuestiona que en las transferencias a la Asociación de AFP la superintendencia tenía cuatro comprobantes contables de egresos a nombre del gremio, sin contar con documentación de respaldo de los desembolsos como gastos de administración y funcionamiento de las comisiones. Además, le reclama que para el procedimiento de pagos sólo se exigió un documento de ingreso sin el detalle de los gastos incurridos.
Por otro lado, Contraloría le cuestiona a Berstein que en las rendiciones de cuenta de la Asociación de AFP no se acrediten la verificación de la legitimidad de los gastos incurridos. Ante esto, el regulador indicó distintas medidas que han ido tomando para tener este control. Sin embargo, Contraloría indicó que volverá a hacer una evaluación para confirmar que estas medidas estén dando resultados.
Incluso, el ente que dirige Ramiro Mendoza, le cuestiona a la superintendencia que se hayan depositado los recursos que traspasaron para gastos de administración a una cuenta de Banchile Inversiones (acción que le generó intereses por $3,5 millones), pues “no resulta procedente que los fondos transferidos sean invertidos en el mercado de capitales, toda vez que tal gestión financiera no está vinculada a los fines específicos a que están destinados esos recursos.
Otra “observación” de Contraloría apunta a la falta de fiscalización de las transferencias realizadas por la superintendencia a la Asociación y que se haya realizados sólo dos informes de auditoría de 22 rendiciones del gremio por un total de $1,92 millones.
La Contraloría tiene previsto realizar a partir de mayo de este año un informe de seguimiento a la Superintendencia, el cual estará listo a fines del segundo semestre, por lo que sólo entonces se sabrá si la autoridad ha subsanado las dificultades para fiscalizar los millonarios recursos que transfiere a la Asociación de AFP.
