CRUCH y rechazo del presupuesto: “Es una oportunidad para tener ese diálogo que no existió antes”
La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechazó la partida de educación superior tras las advertencias de las autoridades universitarias. El rector UV, Osvaldo Corrales, cuestionó la falta de diálogo previo con el Ministerio de Educación y alertó sobre un contexto de detrimento para el sistema.
Este miércoles comenzó la discusión particular de los recursos destinados a educación en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, presidida por la senadora Yasna Provoste (DC). Tras las exposiciones de rectores y las advertencias respecto al impacto del recorte para el sistema de educación superior, los parlamentarios rechazaron la partida propuesta por el Ejecutivo, abriendo una nueva etapa de negociación.
En entrevista con El Mostrador, el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCH), Osvaldo Corrales, advirtió que el ajuste fiscal amenaza capacidades estratégicas del país en investigación, innovación y transferencia tecnológica. Aunque la rebaja nominal ronda el 1%, sostuvo que se concentra en aportes basales fundamentales para el funcionamiento de las universidades, que generan cerca del 80% de la investigación científica nacional.
“La verdad que de presupuesto casi no hablamos. Cuando hicimos consultas no tuvimos mayores respuestas respecto de las eventuales rebajas. Todo se manejó en base a trascendidos”, afirmó, cuestionando la falta de información y diálogo previo con el Ministerio de Educación.
Corrales planteó que el rechazo representa una oportunidad para corregir las rebajas y evitar un mayor deterioro del sistema. El CRUCH solicita restituir los aportes basales a los niveles de 2026 y autorizar el uso del 100% de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario. A su juicio, priorizar la educación parvularia y los primeros años de enseñanza básica no debe hacerse a costa de debilitar la educación superior, cuya contribución considera clave para la productividad y el desarrollo económico.
El rector también alertó sobre el impacto especialmente severo en las universidades estatales y llamó al Gobierno y al Congreso a buscar alternativas durante octubre. “Son capacidades en las se ha invertido muchísimo y que ahora pueden verse comprometidas, y eso el país lo va a lamentar”, señaló.
-¿Cuál es el impacto para el sistema de educación superior con los recortes que está proponiendo el Gobierno a través de la Ley de Presupuestos?
-Lo primero es decir que nominalmente el ajuste parece pequeño, solo un 1%, el problema es que se concentra sobre cuatro o cinco partidas que dicen relación con los aportes basales que el sistema representado en el Consejo de Rectoras y Rectores recibe, que le permiten generar un conjunto de bienes públicos que van mucho más allá de la formación de profesionales de pregrado y que tienen que ver, entre otras cosas, con investigación, innovación, transferencias tecnológicas.
Y se da en un contexto donde las universidades hemos debido soportar el impacto negativo de los cambios en la política de financiamiento de la educación superior. Como quedó claro, por ejemplo, en la carta que hizo llegar el rector De la Llera, pero también en la exposición de la rectora Durán y Misala, las universidades tradicionales hemos tenido que subvencionar de un modo no menor las políticas como la gratuidad, el CAE.
Todo eso ha ido produciendo una merma en las condiciones de operación de las universidades, una estrechez que no deja margen para ajustes adicionales sin perjudicar gravemente el cumplimiento de los procesos nacionales.
Entonces, lo primero que quisiera decir es que estos ajustes se suman a un conjunto de otros detrimentos que ha sufrido el sector tradicional de educación superior, sector que por otra parte produce el 80% de la investigación científica del país, entre otros aportes relevantes que hacemos. Y estos ajustes que propone el Ministerio de Educación se van a sumar, además, a otros que vienen y que ya conocemos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Por lo tanto, no hay que ver esta discusión de un modo aislado, sino que en un contexto de detrimento que se han venido produciendo por los cambios en la política de financiamiento, y también de los ajustes que se busca hacer, no solo en Educación, sino también en Ciencia.
-En concreto, usted solicitó restituir los aportes basales, al menos a los valores contemplados en el Presupuesto 2026, y autorizar el uso del 100% de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario. ¿Hacia dónde debe apuntar la discusión?
-En primer lugar, debe apuntar a corregir estas rebajas. El Sistema de Educación Superior, que está representado en el CRUCH, es un sistema que es líder en América Latina, con reconocimiento global, lo que es una fortaleza estratégica del país, por lo que no tiene ningún sentido debilitarlo.
Desde el ministerio se ha dicho que lo que se busca es priorizar los primeros ciclos formativos, y también quiero decir que nosotros estamos de acuerdo con ese propósito, pero ese propósito no puede perseguirse sobre la base de debilitar los demás ciclos formativos. La educación tiene que ser percibida integralmente, y ese es el llamamiento que nosotros hemos hecho al Gobierno.
Lo que le hemos pedido son dos cosas. En primer lugar, restituir esos aportes basales a los valores que estaban en el Presupuesto 2026. Entendemos el escenario de estrechez fiscal y no estamos pidiendo ampliar, que sería lo que originalmente pediríamos, sino solamente mantenerlo, no deteriorarlo. Ya fueron objeto de un recorte el año pasado. Lo que estamos pidiendo es que esa situación no se profundice.
Y en segundo lugar, lo que estamos pidiendo es que, dado este mismo escenario de estrechez fiscal, podamos hacer uso de unos recursos que aparecen en nuestro periodo injustificadamente limitados, que tienen que ver con el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Este fondo permite financiar a estudiantes que no acceden, por ejemplo, a la gratuidad. Pero todos los años se generan unos excedentes.
Esos excedentes, que tienen que ver con la recaudación que las universidades hacemos de la deuda que ya está vencida, no tienen uso alternativo por parte del Ministerio de Educación, ni del Gobierno, ni tampoco suponen un mayor gasto público.
Entonces tampoco entendemos por qué se limitó la autorización que hoy día existe de usar esos excedentes para cubrir eventuales necesidades emergentes de las instituciones. Pedimos que no solo se autorice el uso que teníamos el año pasado, sino que se autorice el uso del 100% de los excedentes, es decir, de la recaudación que tenemos y que excede a la colocación que hacemos de beneficios estudiantiles.
-La ministra Arzola declaró que están abiertos a conversar. Sin embargo, defendió el cambio de prioridades que plantea el Ejecutivo, especialmente el mayor énfasis la educación parvularia y los primeros años de enseñanza básica. Es decir, no va a haber un giro en las prioridades. ¿Cómo proyectan las conversaciones con el Ministerio de Educación?
-Nosotros creemos que es un error buscar mejorar la educación en los primeros ciclos formativos sobre la base de debilitar la parte del sistema que mejor funciona, que es la educación superior y sobre todo la educación superior tradicional.
No problematizamos la prioridad que hoy en día tiene el Gobierno de invertir mayores recursos en educación primaria o en el primer ciclo formativo. Lo que debatimos es que eso se haga a costa de debilitar la parte del sistema que mejor funciona, que es la educación superior, y hacerlo además con consecuencias que van a suponer alejar al país de los objetivos estratégicos que se ha propuesto.
El país tiene que mejorar en productividad, tiene que estimular la economía, pero no lo va a hacer sobre la base de menos conocimiento, de menos capital humano avanzado. Al revés, la experiencia en el mundo nos muestra que esto se tiene que hacer sobre la base de mayor generación de conocimiento, de innovación, de transferencias tecnológicas, con un mayor número de personas mejor capacitadas.
Por lo tanto, creemos que la medida de contraer los aportes basales es contradictoria con el propósito final que tiene el Ejecutivo, y que nosotros compartimos, de estimular y mejorar la situación económica del país.
La base de la discusión no tiene que ver –y me parece que no es correcto plantearlo de esa manera– con que nosotros aspiramos a mantener en una situación de postración los primeros ciclos. Al revés, venimos abogando hace mucho tiempo por que se mejore y se refuerce el logro de objetivos de aprendizaje en los primeros ciclos formativos.
-¿Hay una afectación mayor en las universidades estatales, pensando en los reajustes anteriores que modificaron estructuralmente la base presupuestaria?
-Hay una rebaja mayor en el caso de las universidades del Estado, efectivamente como ha apuntado la rectora Durán. Cuando uno mira los montos de la rebaja, obviamente el mayor castigo lo tiene el aporte institucional a las universidades del Estado.
Además, a ese castigo se suma una reducción que es inédita. Un hecho que es inédito en el aporte fiscal directo, el cual se reduce en casi 10 mil millones de pesos en términos nominales y a eso hay que agregarle además el impacto que va a tener el IPC proyectado durante el próximo año que, dada la situación internacional, obviamente no va a ser menor.
Y ese aporte fiscal directo es parte del pacto histórico que el Estado de Chile tiene con sus universidades tradicionales, de cara a la producción de bienes públicos que estas instituciones vienen haciendo, lo que, como he insistido muchas veces, no se agota en la formación de profesionales de pregrado.
-¿Las conversaciones no dieron fruto previo a que se ingresara el presupuesto desde el Ministerio de Educación? ¿Cómo fue ese diálogo para llegar a este punto?
-La verdad que de presupuesto casi no hablamos. Cuando hicimos consultas no tuvimos mayores respuestas respecto de las eventuales rebajas. Todo se manejó en base a trascendidos, pero no tuvimos nunca información certera respecto de eventuales rebajas que pudieran hacerse.
Yo di muchas entrevistas y en todas dije que esperaba que esas rebajas no se materializaran, pero nunca tuvimos información directa respecto de cuáles iban a ser eventualmente las partidas afectadas, del mismo modo que no lo tuvimos en Ciencia. En Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación hemos sabido de cómo vienen las rebajas de las partidas presupuestarias recién el día lunes.
Del Ministerio de Educación supimos el viernes porque esa información se filtró, pero formalmente nosotros la conocimos el día lunes o martes y sobre esa base hemos hecho estos análisis. Creemos que ahora lo que se genera es precisamente una oportunidad para poder conversar con el Ejecutivo, para poder corregir esta situación.
Hay unanimidad en el Consejo de Rectores en torno a estos conceptos. No hay dos voces respecto a esta materia y esperamos que ahora se abra la oportunidad para dialogar y ver cómo buscamos alternativas que tiendan a mitigar efectos que van a tener décadas.
Son capacidades en las que el país ha invertido muchísimo y que ahora pueden verse comprometidas y eso el país lo va, creemos nosotros, a lamentar. Por eso esto no es una pelea –como ha tendido a plantearse en parte de la opinión pública–, como que las universidades estamos defendiendo un conjunto de privilegios. Lo que nos preocupa es el desarrollo del país y no hay en la experiencia internacional países que hayan alcanzado el desarrollo sobre la base de debilitar su sistema de educación superior o su sistema de generación de conocimiento, de innovaciones y transferencias tecnológicas.
-¿Procedimentalmente qué es lo que viene para abrir el diálogo? ¿Para cuándo están pensando estas conversaciones?
-Precisamente vemos el rechazo como una oportunidad para tener ese diálogo que desafortunadamente no pudimos tener anteriormente.
Y ese diálogo, por supuesto, será con el Ejecutivo en primerísima instancia, pero también con las parlamentarias y los parlamentarios. Y aprovecho de agradecer los argumentos que no solo fueron dados por las universidades. Ayer todo el sistema de educación superior fue crítico respecto del presupuesto.
Fue crítico, por supuesto, el Consejo de Rectores, el Consorcio de Universidades del Estado, la Universidad del G9, pero también escuchamos críticas de los centros de formación técnica, los institutos profesionales e incluso de la Corporación de Universidades Privadas. Con matices, con distintos elementos, pero una crítica bastante transversal. Y nos parece que ahora es el momento de conversar.
Tenemos el mes de octubre para tener esos diálogos. Y yo quiero invitar al Ejecutivo, el Consejo de Rectores tiene la mayor disponibilidad al diálogo, para encontrar soluciones que sean razonables y que, insisto, no supongan debilitar a un sistema que hoy día tiene reconocimiento global y que es líder en América Latina.
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